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El Tribunal Constitucional ha aceptado la petición del exministro y magistrado Juan Carlos Campo de abstenerse de todas las cuestiones que afectan a la amnistía y que suman una veintena, aunque lo ha hecho por la mínima, por 6 a 5, lo que avanza ya la "futura batalla" de recusaciones que se avecina en octubre.
Fuentes jurídicas informa de que el presidente, Cándido Conde-Pumpido, ha trasladado al pleno la petición de Campo, que se avanzaba como un "mero trámite" habida cuenta de que el pleno anterior ya aprobó su abstención por unanimidad en la cuestión de inconstitucionalidad que presentó el Supremo contra la amnistía.
Pero lo que a priori apuntaba a un trámite, porque se trataba de aplicar la doctrina de la primera abstención, no lo ha sido tanto como acredita la votación. Seis votos a favor y cinco en contra, con tres votos particulares de los magistrados Enrique Arnaldo y José María Macías y la magistrada Concepción Espejel, añaden las fuentes.
Lo que ha cambiado con respecto a la primera abstención, aprobada hace dos semanas por unanimidad, es la posición del bloque conservador respecto de las recusaciones y su próxima tramitación en el tribunal, es decir, "la futura batalla por la composición del tribunal", como así lo definen las fuentes consultadas.
Aunque este pleno no ha abordado aún las recusaciones, la polémica ya está servida, pues existen 54 -algo nunca visto en el tribunal- cuyo devenir se antoja vital para alterar o mantener el actual equilibrio de fuerzas entre progresistas y conservadores, que con la salida de Campo se queda en un 6 a 5.
Los conservadores abogan por excluir del debate a todos los recusados
La votación de este martes ha sido un anticipo de ello. Una de las discrepancias de los conservadores es que no veían bien que el presidente fuera el ponente de las abstenciones de Campo.
Pero también, explican las fuentes, no querían que los tres magistrados recusados -Conde Pumpido, la magistrada Laura Diez y el magistrado Jose María Macías, formaran parte del pleno que iba a votar las abstenciones porque ya están recusados.
Así las cosas, el debate se centra ahora en cómo tramitar y resolver las recusaciones, con visiones contrapuestas entre los bloques progresista y conservador, que podrían bloquear el tribunal.
Tal y como ha sucedido este martes, los conservadores abogan por excluir del debate a todos los recusados, lo que dejaría al tribunal en tablas (4 a 4) para resolver todos los incidentes de recusación; si bien otras voces entienden que solo el recusado en cuestión se aparte de su propia votación y sí participe de la de sus compañeros.
La Abogacía del Estado, la Fiscalía y el expresidente catalán Carles Puigdemont han solicitado apartar a Macías del debate sobre la ley de amnistía, mientras que el PP y varias comunidades autónomas han pedido recusar a Conde-Pumpido y a Díez.
Campo pidió apartarse de la amnistía porque siendo ministro firmó los expedientes de los indultos a los líderes independentistas en un documento en el que tachaba una futura amnistía de inconstitucional, un argumento que ha extendido al resto de sus abstenciones.
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