Si existe una amenaza a la democracia en España, no proviene de la “extrema derecha”, esa fuerza misteriosa a la que el primer ministro socialista Pedro Sánchez quiere atribuir todos los problemas del país. Los acontecimientos recientes han puesto de relieve dos temas que dañan mucho más la confianza pública en las instituciones democráticas: la politización del poder judicial —o lawfare— y la corrupción financiera.
El lawfare sería la razón de un fallo sin precedentes contra el exfiscal general de España; mientras que un enorme caso de fraude centrado en Jordi Pujol, de 95 años y presidente de Cataluña entre 1980 y 2003, ha manchado la reputación de un político antes venerado.
A finales del mes pasado, el fiscal general Álvaro García Ortiz dimitió después de que el Tribunal Supremo lo declarara culpable de filtrar detalles de una investigación fiscal contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta conservadora de Madrid. Ayuso se ha convertido en la crítica más feroz de Sánchez y sostiene que la investigación contra su novio, Alberto González Amador, es un intento de apartarla del poder. Como dijo en marzo: “Lo más sospechoso, lo más turbio, es ver a todos los poderes del Estado filtrando datos sobre un particular… para tratar de destruir a una política”.
Amador, empresario, está acusado de defraudar a Hacienda unos 350.000 euros obtenidos mediante contratos de mascarillas durante la pandemia. En marzo, la prensa informó que su defensa había solicitado un acuerdo de conformidad, antes de que la Fiscalía lo anunciara oficialmente. Según el acuerdo, Amador admitiría fraude fiscal para evitar un juicio y una posible pena de prisión.
El panel de siete jueces del Supremo —cinco considerados conservadores y dos “progresistas”— identificó a Ortiz como el filtrador, aunque varios periodistas declararon que no había sido su fuente. El tribunal emitió su veredicto rápidamente, incluso antes de publicar la fundamentación jurídica. Podemos, antiguo socio del Gobierno, calificó la decisión de “golpe judicial”, prueba de que el tribunal había “dado otro paso en su escalada subversiva”.
El enemigo mortal de Ayuso debe empatizar con ella en algún nivel. Sánchez, quien nominó a Ortiz como fiscal general en 2022, también afirma que la justicia busca perjudicarlo. En septiembre se confirmó que su esposa, Begoña Gómez, enfrentará un juicio por cargos de corrupción y tráfico de influencias, aunque las pruebas parecen débiles. El caso contra el hermano de Sánchez, David —acusado de ocupar un puesto estatal creado especialmente para él— también llegará a juicio.
Más dañino aún para el líder socialista: varios exmiembros de su gobierno están siendo investigados por recibir sobornos en contratos de mascarillas durante la pandemia; uno de ellos, el exministro José Luis Ábalos, fue enviado recientemente a prisión preventiva (el entusiasmo del Gobierno por las mascarillas, cuya eficacia siempre fue cuestionable, ahora tiene mucho más sentido). Sánchez presenta todo esto como una campaña de difamación destinada a derribar su gobierno. Pero si ambos —él y Ayuso— tienen razón, la parcialidad judicial va en ambas direcciones. Los jueces más altos pueden ser corruptos, pero al menos están castigando tanto a la derecha como a la izquierda.
Los separatistas catalanes también afirman ser víctimas de un poder judicial politizado. Para los seguidores de Pujol, las acusaciones de fraude contra él y su familia representan otro intento del “establishment” de desacreditar la causa independentista, pero los años de investigación y las propias admisiones de Pujol sugieren que hay fundamentos reales. Su situación es similar a la de Juan Carlos I, el antiguo rey.
Ambos fueron figuras clave en la transición a la democracia tras la muerte de Franco en 1975: Pujol por reivindicar la lengua y cultura catalanas después de décadas de represión; Juan Carlos por guiar al país hacia una monarquía constitucional. Pero en su vejez ambos han sido perseguidos por acusaciones de corrupción. (Juan Carlos huyó de España en 2020 ante sospechas de fraude multimillonario, aunque los cargos fueron retirados dos años después).
El día en los tribunales de Pujol llevaba tiempo gestándose. En 2014 —año en que Juan Carlos abdicó a favor de Felipe VI— pidió disculpas públicamente por haber mantenido una fortuna en Andorra, aunque afirmó que era una herencia de su padre. Pero en 2021 fue imputado por la Audiencia Nacional por delitos de blanqueo de capitales, falsificación documental y organización criminal.
Pujol y sus siete hijos (el mayor, Jordi Pujol Ferrusola, tiene ahora 67 años) están siendo juzgados por ocultar comisiones ilegales en cuentas offshore, ingresos obtenidos durante los dos decenios de presidencia del patriarca en Cataluña. El veredicto no se espera hasta 2027, cuando quizá el debilitado Pujol (que participa por videoconferencia) ya no viva para escucharlo.
El juicio de 2019 contra los líderes secesionistas fue claramente más politizado. Por orquestar el referéndum de independencia de octubre de 2017 —declarado ilegal previamente por el Tribunal Constitucional— nueve figuras destacadas del movimiento fueron condenadas a entre nueve y trece años de cárcel. El precedente sugería que habían sido juzgados como símbolos más que como individuos: Artur Mas, quien también celebró una consulta ilegal en 2014, solo fue inhabilitado y multado con 36.500 euros. En 2022, un comité de la ONU concluyó que España había violado los derechos políticos de cuatro de los condenados.
En 2019, Sánchez podía permitirse ser unionista y calificó las sentencias como “la conclusión de un proceso ejemplar”. Adoptó la misma postura ante la dimisión de Ortiz, diciendo que aunque cree en su inocencia, “respeta y acata las resoluciones [judiciales]”.
Pero a esto debe añadirse un matiz crucial: salvo que interfieran con su agenda. A finales de 2023, Sánchez concedió una amnistía a todos los separatistas encarcelados para asegurar el apoyo de sus partidos y poder repetir mandato. Su giro provocó protestas en todo el país y despertó preocupaciones en la UE sobre el deterioro del estado de derecho. España, al parecer, tiene un Ejecutivo judicializado además de un poder judicial politizado.
La política profundamente polarizada de España también ha bloqueado el funcionamiento de su organismo de control judicial. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un órgano de 20 miembros entre jueces y expertos legales, existe en parte para mantener una separación clara entre política y justicia.
Pero desde que Sánchez llegó al poder en 2018, los bloqueos parlamentarios impidieron repetidamente nuevas designaciones, que requieren una mayoría de tres quintos. Un acuerdo largamente esperado entre socialistas y conservadores en junio de 2024 puso fin por fin a este bloqueo de seis años, con cada partido nominando a diez nuevos miembros.
Claramente, el renovado CGPJ tiene mucho trabajo por delante. Los escándalos alrededor de Sánchez, Ayuso, Ortiz y los separatistas catalanes muestran hasta qué punto se ha difuminado la línea entre el poder judicial y el ejecutivo. La clase política española ha contribuido enormemente a esta erosión al utilizar los tribunales como extensiones del Congreso—y proporcionando la mayoría de los acusados.
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