Agricultores de Jaén y Córdoba se está movilizando en un nuevo episodio de la amplia lucha que se libra en España contra la actuación de las multinacionales de la energía fotovoltaica.

“Renovables sí, pero no así” es el lema que vuelve a enarbolarse por enésima vez, esta vez en tierras andaluzas, contra una serie de macroproyectos que empiezan con la expropiación forzosa de las tierras a sus dueños y la posterior tala de todos sus olivos, que son la base de su subsistencia y que han cultivado a lo largo de generaciones.

Se da la circunstancia de que estos proyectos se promueven en la misma zona que se propuso para ser declarada Patrimonio Mundial de la Unesco con el título de Paisaje del Olivar Andaluz, por las grandes extensiones de este cultivo, la calidad de los mismos y el respeto ambiental que representan.

El expediente para solicitar esta declaración, sin embargo, afronta un futuro incierto por la presión de un grupo de propietarios, pero da una idea de la importancia de la zona donde se van a implantar los nuevos megaparques solares.

El 7 de noviembre han sido citados los propietarios afectados para iniciar los trámites de expropiación de sus tierras. Solo en los municipios jienenses de Lopera, Arjona y Marmolejo se van a perder decenas de miles de olivos, hasta 100.000, según estimaciones de la plataforma de la Campiña Norte contra las megaplantas solares. La superficie afectada ronda el equivalente a unos 100 campos de fútbol.

Greenalia Solar es la empresa que promueve, entre otros, los proyectos Zumajo I y II en estos municipios, y todos ellos han sido ya declarados de utilidad pública por la Junta de Andalucía. Las alegaciones presentadas por particulares, empresas y entidades, han sido desestimadas.

Destruirá puestos de trabajo
Greenalia es una compañía que ya ha implantado plantas de este tipo de otras provincias españolas y en Estados Unidos. Según los afectados, en vez de crear empleos, estos proyectos “acabarán con el sustento de muchas familias”. Las macroplantas “contribuirán activamente a la destrucción de puestos de trabajo locales”. La recolección de aceitunas es “un sector clave para la economía y el sustento de muchas familias”, afirma la plataforma.

 Según un comunicado que emitió hace unos días por la Plataforma de la Campiña Norte, los promotores siguen la estrategia de la “fragmentación de proyectos para así eludir el control de las administraciones”, puesto que si lo presentaran como el proyecto unitario que es, la tramitación sería mucho más complicada.

Por ello, «los megaproyectos se han presentado troceados en otros más pequeños, que están situados muy próximos entre sí, pero que individualmente considerados no superan los 50 megavatios o las 100 hectáreas de superficie ocupada». La proliferación de este tipo de proyectos supone, según la plataforma recién constituida, «destruir, arrasar y arruinar nuestros campos y pueblos enteros».

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Al expropiarles la tierra de la que son dueños, la empresa Greenalia, con sede en Galicia, se encuentra con el terreno directamente en sus manos. “El riesgo para ellos es mínimo y a nosotros nos están quitando las tierras de nuestros antepasados”, afirma el comunicado.

 Además, afirman que la electricidad que se generará no se quedará en la comarca, sino que se venderá en el resto de Europa.

Como única solución para frenar este tipo de macroproyectos, que cuentan con el respaldo de la Diputación de Jaén y de la Junta de Andalucía, los afectados animan a los ayuntamientos a que empiecen a cambiar sus planeamientos urbanísticos para limitar y restringir las instalaciones de grandes extensiones de placas solares.

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La empresa defiende sus proyectos
La empresa Greenalia, por su parte, destaca las grandes cantidades de CO2 que la puesta en servicio de estos parques solares evitará lanzar a la atmósfera. Miles de hogares, afirman, podrán ser abastecidos por esta electricidad limpia.

Además, en su página web, Greenalia sostiene que apenas habrá impacto ecológico en los terrenos afectados: "En la documentación sometida a trámite se incluyen los diferentes estudios ambientales, tras lo que se concluye un impacto bajo, siendo los movimientos de tierras y la ocupación del suelo durante la fase de construcción las actuaciones que mayor impacto producirán sobre el terreno".

 "En este sentido, y con el objetivo de minimizar lo máximo posible los impactos, se establecen medidas de prevención durante la construcción y correctoras tras el final de las obras, de modo que se restablezcan los valores previos a la fase de construcción", añade.

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