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La presunta trama de corrupción relacionada con la no publicación de los contratos de vacunas COVID-19 por parte de la Comisión Europea sigue ganando fuerza.
A pesar de que el Tribunal General de la UE ordenó en una sentencia la publicación de los acuerdos, la Comisión ha decidido no cumplir y ha optado por apelar ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
La decisión ha generado numerosas dudas sobre qué motivos les llevaron a adquirir 4.600 millones de vacunas para menos de 450 millones de ciudadanos europeos, una compra desmesurada financiada con fondos públicos que concluyó con la pérdida de millones de dosis.
Este movimiento para mantener en secreto los contratos no sólo ha suscitado preocupación entre los legisladores europeos, sino también entre la opinión pública. La Comisión argumenta que la clasificación de los documentos se debe a la necesidad de proteger los intereses comerciales de las farmacéuticas y salvaguardar la privacidad de los funcionarios implicados en las negociaciones.
Sin embargo, el Tribunal General consideró insuficientes estas justificaciones, fallando a favor de los eurodiputados que exigieron transparencia. El tribunal dictaminó que el público tiene derecho a saber qué funcionarios estuvieron involucrados en las negociaciones y si existieron posibles conflictos de interés, aunque algunos detalles comerciales podrían mantenerse confidenciales.
Además de este conflicto, otro caso conocido como el «Pfizergate» también ha avanzado. En noviembre, el TJUE celebrará audiencias para abordar una demanda presentada por The New York Times que busca acceder a los mensajes de texto entre la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el CEO de Pfizer, Albert Bourla.
Estos mensajes, supuestamente eliminados, son clave para esclarecer las negociaciones que resultaron en un pedido de 1.800 millones de dosis de vacunas a Pfizer. Von der Leyen ha sido criticada en numerosas ocasiones por no publicar estos intercambios, incluso tras la presión de agencias de la UE y el Defensor del Pueblo Europeo.
En caso de confirmarse el borrado de estas conversaciones, la presidenta podría enfrentarse a problemas legales al ser una grave falta de transparencia.
La Comisión también ha sido acusada de intentar postergar el desenlace de estos casos para proteger a Von der Leyen, quien fue reelegida recientemente con los votos del PPE, los socialdemócratas y los Verdes.
El caso ha puesto en evidencia las dudas presentes en torno a quienes actualmente gestionan el continente. A medida que se acerca el juicio, representantes de grupos como Patriotas por Europa esperan que el TJUE logre restablecer esa confianza y obligue a la Comisión a rendir cuentas sobre lo que parece ser un oscuro capítulo en la gestión de la pandemia en la UE.
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