Vox ha acudido al Tribunal Supremo para querellarse contra Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados.

La formación de Santiago Abascal acusa a la expresidenta socialista de Baleares de haber cometido seis delitos relacionados con la corrupción mientras gestionaba la pandemia en su comunidad autónoma, en particular: prevaricación, malversación de fondos y caudales públicos, fraude, tráfico de influencias y falso testimonio.

 En la querella, el partido considera «evidente» que «todas las contrataciones realizadas por el Servicio de Salud de Islas Baleares (IBSALUD) en aquellos momentos, dada su importancia y por la flexibilidad que la declaración de emergencia permitía, contaban con el conocimiento y autorización de la querellada Sra. Armengol, como autoridad máxima del gobierno Balear, en todos los casos y, al menos, por indicación de ella».

 Asimismo, se remite al informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que recoge cómo Koldo García llamaba «cariño» a la entonces presidenta balear, y subraya que «la intervención de la Sra. Francina Armengol en el contacto entre Koldo y el Sr. Palomino, resulta un tanto contradictoria».

Recuerda el texto remitido al Supremo que Armengol «ha negado en toda y cada una de sus comparecencias cualquier tipo de relación con el Sr. Koldo García, más allá de alguna coincidencia en alguna visita», pero que «esta versión queda contradicha con la información que se ha ido conocimiento con posterioridad». Y es que los mensajes que aparecen en el informe «acreditan la relación de confianza entre Koldo y Armengol».

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La querella se dirige además hacia Koldo García, Iñigo Rotaetxe y Juan Carlos Cueto y pone de manifiesto la «contratación deficiente, irregular, e injustificada, susceptible de reproche penal» de la sanidad pública balear con la empresa Soluciones de Gestión.

El contrato cuestionado por Vox asciende a un importe de 3,7 millones de euros. El partido pide interrogar a Armengol y los otros tres querellados, la declaración de varios altos cargos autonómicos y diligencias documentales.

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