El PIB habla de crecimiento, pero detrás de las cifras la realidad de millones de españoles cuenta otra historia.
Una historia que se repite cada mes cuando los jubilados deben estirar sus pensiones hasta el límite para cubrir lo básico, y cuando los trabajadores ven cómo sus salarios, pese a trabajar jornadas completas, apenas permiten afrontar el encarecimiento de la vida. Una historia que recuerda que, aunque el reloj económico haya avanzado, el nivel de vida de muchos sigue anclado en 2008.
El panorama es preocupante: los salarios reales en España se encuentran prácticamente al mismo nivel que hace 15 años, en pleno estallido de la crisis. La inflación, disparada en los últimos años, ha absorbido gran parte de las mejoras salariales, dejando la renta media deflactada con el IPC en 10.866 euros anuales en 2023, muy cerca de los 10.737 euros de 2008, según el XIV Informe «El Estado de la Pobreza. Pobreza y Territorio.
Comunidades autónomas y Europa» elaborado por la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES). Estos datos reflejan que, aunque nominalmente se han incrementado los sueldos –la renta media nominal se situaba en 2023 en 14.082 euros, un 8,2% por encima de 2022–, la subida de precios ha contrarrestado ese avance, limitando el poder adquisitivo de los trabajadores.
La situación es especialmente dura para quienes dependen de pensiones. En 2023, se distribuyeron en España más de 10 millones de pensiones, de las cuales 3,7 millones, es decir, un 36,8%, se situaron por debajo del umbral de pobreza. Esto significa que más de un tercio de las personas jubiladas, con incapacidades permanentes, viudas o huérfanas viven con ingresos que no alcanzan para mantener una vida digna.
Las cifras son aún más alarmantes en regiones como Galicia, donde casi la mitad de las pensiones (48,4%) se encuentran bajo este umbral, mientras que en Andalucía y Murcia el porcentaje supera el 40%. Incluso en las comunidades con mejores datos, como País Vasco, una cuarta parte de las pensiones (24,8%) no llegan al umbral de pobreza.
El informe destaca que la precariedad entre los pensionistas es solo una parte del problema. El estudio refleja que, sin las ayudas sociales, más de 10,8 millones de personas caerían por debajo del umbral de pobreza, evidenciando la fragilidad de gran parte de la población ante el encarecimiento de la vida. No obstante, el efecto de estas transferencias es menor que en otros países de la UE.
Mientras que en España permiten reducir la pobreza en un 52,6%, en Alemania lo hacen en un 64,9%, en Francia en un 67,2% y en Finlandia en un 70,7%. En cuanto a las pensiones de jubilación, aunque contribuyen a reducir la pobreza en 5,4 puntos porcentuales de 0 a 64 años, en «2 millones de personas», en las comunidades con mayores tasas de pobreza su impacto es mucho más limitado.
La situación no es mucho mejor para el conjunto de la población, incluidos los que están en activo. El aumento de la tasa AROPE (riesgo de pobreza o exclusión social) de un 26% en 2022 a un 26,5% en 2023 evidencia que el encarecimiento de la vida ha elevado el riesgo de pobreza a 12,7 millones de personas. Con este repunte, España se sitúa como el tercer país de la UE con más población en riesgo de pobreza o exclusión, por detrás de Rumanía y Bulgaria.
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