Dicha trama involucra una estructura de fraude fiscal de gran magnitud, que no se limita a una evasión del IVA sobre el precio final del combustible, sino que abarca múltiples fases de la cadena de producción, desde su origen.

Según las investigaciones, la “organización criminal”, en la cual la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil vincula a Víctor de Aldama, Koldo García y José Luis Ábalos, centró sus actividades en la importación de petróleo, principalmente desde Venezuela, con lo cual se logró movilizar cuantiosas sumas de dinero sin precedentes.

Las fuentes consultadas describen esta operación como una “trama de miles de millones”, cuyo propósito ha sido eludir las sanciones que Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto al régimen de Nicolás Maduro desde 2018.

Empresarios conocedores del esquema señalan que el petróleo venezolano ingresaba a España mediante rutas alternativas, principalmente a través de la República Dominicana, país al cual se registraba como origen.

Este procedimiento permitía refinar el crudo venezolano en República Dominicana para adaptarlo a los estándares de calidad de la Unión Europea, dado que el petróleo venezolano Merey, por su alta densidad y contenido de azufre, no cumple con dichos requisitos de manera natural.

Inicialmente, el plan de la organización contemplaba construir una refinería en Tenerife, motivo por el cual, en 2022, Víctor de Aldama, junto con sus socios Claudio Rivas y Koldo García, mantuvieron una reunión con el entonces presidente canario, Ángel Víctor Torres.

Uno de los socios de Aldama, entrevistado por este medio, ha certificado ante notario la veracidad de este encuentro, en el que ya contaban con depósitos fiscales para el almacenamiento del crudo; sin embargo, el proyecto quedó truncado por la falta de viabilidad de la refinería.

 Además, República Dominicana cumplía una doble función: servía no solo como espacio de refinación, sino también como centro financiero del entramado, a través de la creación de “sociedades al portador”, lo que permitía ocultar la identidad de los accionistas y disimular los movimientos de capitales por valor de miles de millones de euros.

Estas acciones al portador, comunes en paraísos fiscales, no son nominales y pueden ser transferidas sin verificar la identidad del propietario, lo que facilitó la construcción de una red de empresas operativa en una decena de países, entre ellos Portugal, Luxemburgo, Brasil, Colombia, Guinea Ecuatorial, Singapur y China.

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Cabe destacar que, como se informó en este periódico hace tres años, Abalos, tras su destitución, realizó dos viajes junto a Koldo y el ginecólogo Ignacio Palomo, tanto a República Dominicana como a Guinea Ecuatorial.

 A raíz de esta investigación, las autoridades judiciales españolas han solicitado comisiones rogatorias en varios países, especialmente aquellos donde se manejaron las sumas más elevadas de dinero, como Luxemburgo, o en aquellos donde se abrieron cuentas bancarias para el movimiento de fondos a través de sociedades vinculadas a la trama, como Portugal. En este sentido, se ha establecido un intercambio de información entre las autoridades fiscales de Portugal y España.

En concreto, la Hacienda portuguesa ha colaborado en la investigación a raíz de los registros en los domicilios vinculados a Aldama, los cuales revelaron la existencia de tres cuentas bancarias y varias sociedades pantalla. Aldama, según las fuentes, cuenta con cuentas en tres bancos portugueses:

Millennium Banco Comercial, Caixa Geral de Depósitos y Crédito Agrícola, y ha creado siete sociedades pantalla en Portugal con el propósito de evadir impuestos entre septiembre de 2022 y marzo de 2023. Entre ellas, se destaca Atmosferaudaz Unipessoal Lda., con sede en Elvas, a la que se suman otras sociedades ficticias, como Proezencontrada Lda., Cuboflamejante Lda., Agarróbvio Unipessoal, y Fenomenesferico Unipessoal Lda.

 Luxemburgo, por su parte, ocupa un papel destacado en el esquema financiero, debido al manejo de cuantiosas sumas mediante una red de más de una decena de sociedades relacionadas con la trama.

Según fuentes cercanas a la investigación, la UCO ha elaborado un nuevo informe sobre este entramado, que se presentará próximamente a los jueces encargados del caso “Ábalos” y la trama de hidrocarburos, los magistrados Ismael Moreno y Santiago Pedraz.

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Hasta el momento, los investigadores han entregado un segundo informe de carácter “sensible”, el cual incluye una correspondencia entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su exministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, hallada en los discos duros incautados en el domicilio de Koldo García.

Este entramado societario ha salido a la luz meses después de que un empresario enviara un telegrama a una vivienda propiedad del exministro Ábalos en la calle Humilladero de Madrid, domicilio en el que residían dos empresas de su hijo mayor dedicadas a la interlocución con gobiernos en proyectos de cooperación.

Dicho telegrama, dirigido a Víctor Ábalos Aguado, expresaba la urgencia de contactar respecto al “petróleo venezolano para un cliente de China”.

La intención de este empresario tinerfeño era aprovechar la influencia de Ábalos para facilitar la importación de petróleo venezolano a España, con el propósito de vender el crudo Merey al gobierno chino, ya que la compañía PetroChina había adquirido recientemente un cargamento de este crudo para su nueva megarefinería en Guangdong, en el sur del país.

Un mes después de enviado este telegrama, España realizó la mayor compra de petróleo venezolano en dos décadas, con un incremento del 380% en las importaciones según datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores).

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