La diligencia cogió por sorpresa a la Fiscalía en una jornada convulsa marcada por la DANA. La jornada en el número 4 de la madrileña calle Fortuny arrancó como cualquier otra.

La única discusión en esos momentos era si cancelar, por la DANA que ha azotado el Levante español, el acto previsto para ese mismo día a las 13.00 con motivo de la presentación del número 13 de la Revista del Ministerio Fiscal, dedicada monográficamente a 'La investigación de las violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario'.

Casi al mismo tiempo que se decidió suspender el acto --que iba a estar presidido por García Ortiz y contaría con la intervención del ex fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI) Luis Moreno Ocampo--, un agente de la UCO se personó en la Fiscalía General del Estado (FGE). 'A priori', su presencia no llamó la atención porque suele participar en las investigaciones con el Ministerio Público. Pero ese día venía para otra cosa.

Cuando así lo notificó, se abrieron las puertas del despacho de García Ortiz para que este agente y sus compañeros --un grupo reducido-- hicieran efectivo el mandato judicial, con la colaboración de los propios informáticos de la FGE. Dio así comienzo una jornada maratoniana, que se extendió desde las 12.30 hasta las 23.00, aproximadamente, según las fuentes del caso consultadass.

Todo ese tiempo se empleó en hacer un volcado íntegro del contenido de los dos teléfonos móviles de García Ortiz --el oficial y el personal--, un ordenador de mesa y otro portátil, una tablet y multitud de USB. Simultáneamente, la UCO registró el despacho de la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también imputada. En su caso, al contenido informático se sumó copia en papel de los correos electrónicos que dieron origen al caso.

El factor sorpresa, como en toda entrada y registro, fue determinante. El propio instructor, el magistrado del TS Ángel Hurtado, dejó negro sobre blanco en su auto que el objetivo era "evitar la eliminación intencionada de información que pudiera ser de interés para la investigación".

EL FACTOR SORPRESA

Así, Hurtado declaró el secreto de las actuaciones para ordenar después la entrada y registro, una decisión de la que el Ministerio Fiscal no era consciente cuando la Guardia Civil irrumpió en Fortuny 4.

El auto de registro se notificó a la Fiscalía --ya que siempre está informada de todas las decisiones judiciales aunque las causas sean secretas, tal y como establece la ley-- pero los tiempos fueron determinantes para que ese documento no llegara a conocimiento de García Ortiz antes de que entrara la UCO.

Cabe recordar que en esta instrucción se da una circunstancia excepcional, y es que el fiscal general --principal imputado-- es el superior jerárquico de los demás fiscales, incluida la teniente fiscal del TS y encargada del caso, María Ángeles Sánchez Conde.

Una vez descubiertas las cartas, se advirtió de que el fiscal general no estaba acompañado de abogado alguno en una diligencia de este calado. Legalmente no es obligatorio salvo que esté detenido, si bien la inspección se paró para que pudiera dar aviso.

Idéntica situación se dio en el despacho de Rodríguez. Desde ambas sedes se comunicaron con la Abogacía del Estado, que envió al abogado que ya representa a la fiscal provincial desde que fue imputada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), en el primer caso, y a un abogado de guardia para que presenciara el registro en la FGE.

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Ya con los dos abogados del Estado, la Guardia Civil emprendió su trabajo. Hurtado fijó únicamente dos límites al mismo: uno sustantivo, que la información incautada guardara relación con los hechos investigados; y otro temporal, desde el 8 de marzo hasta ese 30 de octubre.

 EL 8 DE MARZO

La fecha del 8 de marzo es clave porque, según señaló el propio TS en el auto por el que se encausó a García Ortiz, el fiscal del caso contra el novio de Díaz Ayuso, Julián Salto, declaró que ese día fue cuando Rodríguez le informó de que el investigado por presuntos delitos fiscales era la pareja de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, y "le pidió copia de la denuncia ya visada".

Corresponderá ahora a la UCO cribar la ingente cantidad de información obtenida de los dispositivos y 'emails' de García Ortiz y Rodríguez para localizar aquella que realmente afecte a la presunta revelación de secretos investigada por el Supremo desde aquel 8 de marzo.

El TS abrió causa contra García Ortiz el pasado 16 de octubre, en base a las querellas presentadas, entre otros, por González Amador y a la exposición razonada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

 González Amador llevó el caso a los tribunales por una nota difundida el pasado 14 de marzo por la Fiscalía donde se daba cuenta del cruce de correos electrónicos entre su abogado y Salto para negociar un acuerdo.

El Supremo, sin embargo, no apreció delito en la nota de prensa, sino que puso el foco en las filtraciones anteriores sobre esos 'emails' a los medios de comunicación.

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