El Gobierno, debilitado parlamentariamente, ha vuelto a retorcer y manipular el Reglamento del Congreso para permitir que se debatan y se cuelen enmiendas de sus socios en una ley sin que guarden ningún tipo de relación entre sí y pese al aviso de los letrados de la Cámara, que advierten de que ese tipo de maniobras pueden ser inconstitucionales.

En este sentido, el PSOE ha permitido que, en el marco de la tramitación de la ley orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, se cuelen enmiendas de Junts para blindar subvenciones electorales, reformas de Sumar para el alquiler, cambios legislativos del PNV contra la «okupación» de viviendas o modificaciones de los socialistas para habilitar la presencia de gobiernos extranjeros en las reuniones del Consejo de Ministros o la eliminación de las «Golden Visa».

Todas las enmiendas siguen vivas y, de hecho, hay algunas que ya se han incorporado al texto.

Toda esta catarata de enmiendas, que no guardan conexión con la ley que se está tramitando porque es una iniciativa vinculada a la Justicia, ha hecho que el PP presente un escrito ante la Mesa del Congreso para que tome cartas en el asunto.

No obstante, la propia Mesa del Congreso también cuenta con mayoría del PSOE y de Sumar, igual que la Mesa de la Comisión de Justicia que ha permitido colar todas esas enmiendas, y eso hace muy difícil que el órgano presidido por Francina Armengol ponga alguna pega.

En todo caso, el PP va a intentar frenar estas maniobras del Gobierno porque el propio Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado en contra de este tipo de movimientos en el pasado y porque los populares consideran que el PSOE «desautoriza de forma flagrante» a los letrados de la Cámara «despreciando su profesionalidad y su imparcialidad» al desoir su informe y es un «fraude de ley parlamentario» que «vulnera» los derechos de participación política de los grupos políticos.

 A través de esta ley sobre Justicia, el PSOE permite introducir enmiendas que modifican la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, a petición de Junts, para blindar las subvenciones. De hecho, estas enmiendas ya se han incorporado al texto en la fase de Comisión.

En concreto, se pretende reformar el artículo 175 para garantizar las subvenciones por envíos de propaganda electoral para todos aquellos partidos que hayan conseguido «la constitución de grupo parlamentario propio en las Cámaras, con independencia del número de diputados o senadores o de votos obtenidos».

Y es que, hasta ahora, el precepto legal hace referencia a que solo se abonan estas subvenciones en caso de que «la candidatura de referencia hubiera obtenido el número de Diputados o Senadores o de votos preciso para constituir un Grupo Parlamentario en una u otra Cámara», algo que Junts o ERC no lograron pese a que sí consiguieron crear grupo gracias a una interpretación generosa del Reglamento que hicieron tanto la Mesa del Congreso como la del Senado.

También Sumar busca introducir reformas relacionadas con la vivienda y cambiar la Ley de Arrendamientos Urbanos para eliminar los plazos de los contratos de alquiler y convertirlos en indefinidos salvo que los propietarios necesiten el piso para vivir. Además, también busca incluir los alquileres habitacionales y de temporada, que ahora escapan a la limitación de precios.

Como contraposición a las medidas de Sumar, el PNV ha querido colar también una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para desalojar a los «okupas» de las viviendas en 48 horas, por decisión de un juez. Esta medida, en todo caso, va en la línea de las propuestas del PP contra los «okupas», aunque los populares consideran que el proyecto de ley orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia no es el cauce adecuado.

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Las enmiendas de Sumar y de PNV siguen vivas y, previsiblemente, se votarán en el Pleno ya que ambos grupos probablemente las mantendrán. Cabe recordar que el proyecto de ley irá a debate y votación en el Pleno de esta misma semana en el Congreso tras haber superado ya la fase de Comisión.

Finalmente, el PSOE también ha intentado colar medidas en materia de vivienda: en concreto, la reforma para acabar con las «Golden Visa», una iniciativa del PP de 2013 para permitir a los extranjeros que invirtieran una cantidad significativa en España pudieran obtener el permiso de residencia.

El Gobierno considera que eso ha hecho incrementar el precio de la vivienda y, por eso, quiere acabar con ello. Además, el partido de Pedro Sánchez ha intentado colar una reforma de la Ley del Gobierno para permitir la presencia de ministros extranjeros en el Consejo de Ministros de España para cumplir con el Tratado sellado con Francia en Barcelona en enero de 2023, que prevé lo siguiente:

«Un miembro del Gobierno de una de las Partes será invitado al Consejo de Ministros de la otra Parte, al menos una vez cada tres meses y por rotación». Estas enmiendas del PSOE se introdujeron en el texto en la fase de Ponencia.

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