Al menos la mitad de los 14.400 millones de euros anunciados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para apoyar a los afectados por la DANA tendrán que ser cubiertos, en gran parte, por los propios damnificados.

Aunque el Ejecutivo ha anunciado que ya se han «movilizado más de 14.373 millones en ayudas, créditos y exenciones fiscales», según su última nota de prensa, varios sectores deberán asumir una parte significativa de estos costos, incluidos energéticas, telecos y bancos.

Una de las principales partidas es la línea de 5.000 millones en créditos avalados por el ICO, de los cuales se ha habilitado un primer tramo de 1.000 millones. Los afectados podrán optar a estos préstamos en dos modalidades: la primera está dirigida a dar liquidez a hogares y empresas ubicados en las zonas afectadas. Estos préstamos deberán devolverse en un pago único con un vencimiento de cinco años.

La segunda modalidad contempla préstamos de hasta 12,5 millones de euros para empresas y autónomos, con plazos de cinco años para capital circulante y de hasta siete para inversiones.

 Otro de los programas lanzados es una línea de avales ICO específica para el sector agrario, especialmente afectado por las inundaciones. Con un fondo inicial de 60 millones de euros, el Gobierno anunció previamente una partida adicional de 160 millones para apoyar este sector.

No obstante, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha advertido que, aunque estos créditos se ofrecen con condiciones ventajosas, «las empresas están arruinadas, esto no es el covid», y los beneficiarios deberán devolver el dinero a los bancos.

Dentro del paquete de apoyo, se incluye una moratoria de dos años en el pago de capital de hipotecas y préstamos no hipotecarios. Aunque los afectados podrán suspender temporalmente el pago de capital, los intereses deberán abonarse desde el cuarto mes, y las amortizaciones de capital se reanudarán a partir de noviembre de 2026.

El Consorcio de Compensación de Seguros abonará 3.500 millones de euros en indemnizaciones a los asegurados, una partida que el Gobierno incluyó en sus cifras de ayudas, aunque se trata de fondos provenientes de las primas de seguros que ya han pagado los ciudadanos.

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Según Lorenzo Amor, vicepresidente de CEOE, «los 3.500 millones del Consorcio de Seguros los pagamos todos los ciudadanos en nuestras pólizas».

Entre las medidas adicionales, el primer Real Decreto-ley incluyó la exención de pagos de luz, gas y teléfono para los afectados, una ayuda que será asumida por las empresas y no por el Estado. Asimismo, Lorenzo Amor ha recordado que los pagos de ERTE, ceses de actividad y bonificaciones por desempleo provienen de las cotizaciones de empresas, trabajadores y autónomos.

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