Impacto España Noticias
La Guardia Civil de Ceuta informó al Gobierno de la presencia de seis embarcaciones de la Marina marroquí en las proximidades de la ciudad autónoma la noche del 29 de julio, horas antes de la entrada masiva de inmigrantes registrada los días 30 y 31 de julio. Así lo declaró el teniente coronel Miguel Lobo, jefe de Operaciones de la Comandancia de la Guardia Civil en Ceuta, ante la juez de la Audiencia Nacional María Tardón.
Durante su comparecencia como testigo, el mando explicó que había comunicado al entonces delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, la presencia de estas embarcaciones en la zona próxima al límite del mar territorial. La magistrada trata de esclarecer los hechos ocurridos durante aquellas jornadas, que están siendo investigados por posibles delitos contra la paz y la independencia del Estado.
Según el testimonio de Miguel Lobo, las seis embarcaciones fueron detectadas durante la noche del 29 de julio. Entre ellas había dos patrulleras, dos interceptores y otras dos embarcaciones de menor tamaño.
El teniente coronel señaló que, en un primer momento, interpretó la presencia de los barcos como parte de las labores de colaboración de Marruecos para contener las llegadas migratorias que se habían producido en Ceuta durante las semanas anteriores.
El responsable de la Guardia Civil explicó que mantenía una comunicación fluida con la Delegación del Gobierno debido al incremento progresivo de las entradas de inmigrantes.
Aunque no pudo concretar el número de reuniones que había mantenido con Pérez Triano desde el 20 de julio, aportó a la juez las conversaciones telefónicas que ambos habían mantenido durante ese periodo.
La siguiente comunicación entre los dos responsables se produjo al día siguiente, cuando comenzó la entrada masiva de personas. En esa llamada, Lobo informó al delegado de que agentes de la Policía Nacional habían realizado dos disparos al aire.
De acuerdo con las fuentes presentes en la declaración, Pérez Triano mostró sorpresa ante lo ocurrido, pero no dio instrucciones al teniente coronel sobre ese episodio ni sobre los acontecimientos posteriores que este le fue comunicando.
La declaración de Miguel Lobo se produjo en el marco de las diligencias abiertas por la juez María Tardón para esclarecer cómo se gestionó la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta.
La magistrada también citó al exinspector de la Policía Nacional Lorenzo Juan Fages para conocer los detalles de la discusión que ambos mantuvieron sobre si debía permanecer abierta o cerrada una puerta situada en las inmediaciones del espigón del Tarajal.
La controversia quedó reflejada en un vídeo publicado por el Faro de Ceuta, en el que se observa a los dos mandos discutir sobre la gestión de esta infraestructura durante los primeros momentos de la crisis.
Según la información trasladada durante las declaraciones, la puerta se utiliza para regular el tránsito de vehículos, aunque el espacio que la rodea se encuentra en territorio español. La estructura está situada junto a la playa del Tarajal, cuyo espigón marca la frontera entre España y Marruecos.
Por este motivo, la Guardia Civil ha defendido la actuación de Miguel Lobo ante las críticas relacionadas con la decisión de mantener abierta la puerta durante la llegada masiva de personas.
Ante la juez, el teniente coronel explicó que la puerta a la que se referían durante la discusión permanece habitualmente abierta y que su decisión fue evitar que se cerrase en una situación de máxima presión.
Según su versión, miles de personas se dirigían hacia la infraestructura y cerrar el paso podía provocar una acumulación peligrosa de personas. Lobo sostuvo que un posible bloqueo habría incrementado el riesgo de que los inmigrantes se desplazaran hacia el agua y se produjeran más ahogamientos.
El mando aseguró que asumió personalmente la responsabilidad de mantener abierta la puerta y negó haber recibido órdenes de superiores o de integrantes del Gobierno para actuar de esa manera.
El exinspector de la Policía Nacional corroboró durante su declaración que Miguel Lobo había impedido el cierre de la estructura por el peligro que podía suponer la formación de un tapón humano.
Ambos relataron también que Gonzalo Sanz, antiguo jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, acudió al lugar para intentar mediar en la discusión. Finalmente, prevaleció el criterio defendido por el responsable de la Guardia Civil.
Durante su comparecencia, Miguel Lobo también manifestó que le llamó la atención la presencia de seis embarcaciones de la Marina marroquí en una jornada marcada por la niebla.
El responsable de la Guardia Civil declaró que había trasladado esa observación a sus compañeros. Además, explicó que vio cómo las dos embarcaciones más pequeñas recogían a personas que se encontraban en el agua y las dejaban cerca de la costa.
No obstante, el teniente coronel puntualizó que no podía asegurar si las embarcaciones habían entrado en aguas españolas, ya que resulta complicado determinar ese extremo desde tierra.
En paralelo, la juez María Tardón solicitó al Ministerio de Defensa información sobre las entradas de barcos marroquíes en aguas españolas desde la víspera de la crisis hasta el 10 de agosto.
La petición busca esclarecer los movimientos de las embarcaciones durante ese periodo y contrastar la información aportada por los testigos.
El Gobierno había calificado de «hecho puntual» la presencia de barcos marroquíes en aguas españolas durante los días 30 y 31 de julio. Según informaciones publicadas anteriormente, la Armada española llegó a desplegar una fragata en la zona para poner fin a las incursiones.
Sin embargo, la declaración de Miguel Lobo incorpora a la investigación el aviso que, según su testimonio, trasladó a la Delegación del Gobierno durante la noche del 29 de julio.
La investigación judicial continúa con la comparecencia de responsables del Gobierno de la ciudad autónoma que tuvieron presencia en las zonas afectadas o participaron en la gestión de la crisis.
Entre los citados figuran Alberto Ramón Gaitán, consejero de Presidencia y Gobernación; Nabila Benzina, consejera de Sanidad y Servicios Sociales, y Alejandro Ramírez, vicepresidente primero y consejero de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda.
Sus testimonios deberán contribuir a reconstruir cómo se desarrollaron los acontecimientos y qué decisiones se adoptaron durante las primeras horas de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta.
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