Francina Armengol adjudica un contrato para la traducción de las lenguas cooficiales por 3,9 millones de euros para 2025

Sin haber modificado todavía el Reglamento del Congreso, Francina Armengol permitió ya el uso del catalán, euskera y gallego en el Congreso. Y, 15 meses después de que diera inicio la legislatura, la Mesa del Congreso presidida por Armengol ha adjudicado ya un contrato para la traducción de las lenguas cooficiales para todo el año 2025 por un valor de casi cuatro millones de euros en total cada año.

Hasta ahora, tras 13 meses de uso de servicios de traducción para que los grupos nacionalistas pudieran emplear las lenguas cooficiales, se han gastado ya 303.737,83 euros tras haberse adjudicado 580.747,35 euros en contratos (casi todos ellos menores, lo que supone menos transparencia en la adjudicación).

En concreto, la Mesa del Congreso adjudicó ayer el contrato de traducción, interpretación, transcripción y subtitulado para el uso de las lenguas cooficiales. En concreto, los casi cuatro millones de euros se desgranan de la siguiente manera:

La traducción se adjudica a la empresa ALTALINGUA SL por 714.853,61 euros; la interpretación, a la UTE AIB-AIM por 2.139.885 euros; la transcripción, a PANGEANIC BI EUROPA SL por 462.835,89 euros; y, el subtitulado, a la empresa RED BEE MEDIA SLU por 672.740,64 euros.

«La Mesa ha dado hoy el paso definitivo de normalización del derecho a usar y a entender las lenguas cooficiales con la adjudicación del contrato para 2025», exponen fuentes de la Mesa del Congreso. En todo caso, todo el procedimiento de adjudicación de este contrato, igual que los contratos menores que han ido adjudicándose durante los meses anteriores, han contado con el rechazo frontal del PP.

No obstante, la Mesa del Congreso está formada por nueve miembros, de los cuales cinco son de PSOE y Sumar, que suman mayoría. El PP tiene ahora solo cuatro miembros y está en minoría.

«Esta contratación se suma a la ya realizada para proveer a las diferentes instalaciones de las infraestructuras técnicas necesarias y comprende todo el año 2025, con posibilidad de dos prórrogas anuales», añaden las fuentes de la Mesa del Congreso, recordando que ya se han hecho cambios en el hemiciclo para adaptarlo al uso de las lenguas cooficiales (hubo un gasto de tres millones de euros en obras para cambiar las pantallas táctiles de todos los escaños y se colocaron unos dispositivos que incorporan la conexión a la traducción de las lenguas cooficiales). En este sentido, el contrato adjudicado ahora se podrá prorrogar el 2026 y el 2027.

Por partidas, la transcripción se lleva el mayor volumen de dinero (2,1 millones de euros) y se ha adjudicado a una Unión Temporal de Empresas compuesta por Agrupación de Intérpretes de Barcelona S.L. y Agrupación de Intérpretes de Madrid S.L: en total, se pagará la hora de traducción a 145,20 euros (incluido el IVA).

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La traducción se ha asignado a ALTALINGUA SL y se pagará a 0,034 euros por palabra (sin IVA); el subtitulado, a RED BEE MEDIA SLU y se retribuirá a 187,55 euros por hora (incluido IVA); y, la transcripción, a PANGEANIC BI EUROPA SL y se destinarán 2,85 euros (sin IVA) por minuto a las lenguas cooficiales y 1,65 euros (sin IVA) por minuto al castellano.

Según explican fuentes parlamentarias, las adjudicaciones a las empresas de traducción, subtitulado y transcripción son «anormalmente bajas» por el valor económico y eso ha hecho activar el artículo 149.7 de la Ley de Contratos del Sector Público.

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Recoge que cuando una empresa que «hubiese estado incursa en presunción de anormalidad hubiera resultado adjudicataria del contrato, el órgano de contratación establecerá mecanismos adecuados para realizar un seguimiento pormenorizado de la ejecución del mismo, con el objetivo de garantizar la correcta ejecución del contrato sin que se produzca una merma en la calidad de los servicios, las obras o los suministros contratados».

Hasta ahora (29 de octubre, que la es la última vez que se reunió la Junta de Contratación), en todo caso, se han aprobado o convalidado 329 contratos menores de traducción del castellano a lenguas cooficiales por valor de 883.000 euros (300.000 convalidados, que significa gasto efectivo, y 533.000 adjudicados, que significa margen para gastar a medida que se va facturando).

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