Las ONG´s en CEUTA reparten folletos en árabe, francés y español para explicarle a los inmigrantes que se pueden negar a una prueba médica que revele su auténtica edad

«Puede que tengas que realizar unas pruebas médicas para determinar tu edad. Debes dar tu consentimiento antes de realizarlas o puedes negarte a hacerlas. Siempre pregunta y pide información si tienes dudas»
Inmigración Ilegal27 de agosto de 2026Impacto España NoticiasImpacto España Noticias

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La ONG Save the Children, financiada por la Open Society Foundations de George Soros, está enseñando a inmigrantes ilegales mayores de edad a negarse a las pruebas médicas de determinación de edad cuando declaran ser menores y, si las autoridades no les reconocen como tales, a exigir asesoramiento, abogado y documentación de origen para intentar quedarse en el sistema de protección de menores.

Así lo muestran folletos bilingües (español y árabe) difundidos por @CanarioToday y atribuidos a la organización en Canarias. En el apartado «Determinación de la edad», el material indica: «Puede que tengas que realizar unas pruebas médicas para determinar tu edad. Debes dar tu consentimiento antes de realizarlas o puedes negarte a hacerlas. Siempre pregunta y pide información si tienes dudas».

En la cara siguiente, bajo el título «¿Qué pasa si no reconocen que eres menor de edad?», añade: «Puedes pedir que te asesoren sobre lo mejor para ti y cómo demostrar tu minoría de edad de otras formas. Pregunta por un abogado y confía en él. Puede que los resultados tarden. Ten paciencia. Los resultados de la prueba no siempre son fiables. Puede ser de ayuda pedir que te manden desde tu país los documentos que necesites, si fuese posible».

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La instrucción es clara: el consentimiento es requisito y el rechazo de la prueba es una opción explícita. Quien llega irregularmente y afirma ser menor puede, según este kit, bloquear o retrasar el examen óseo o dental y, si el resultado no le favorece, impugnar la calificación de adulto y pedir que se le trate como menor mientras llegan papeles del país de origen. Ese estatus —el de menor extranjero no acompañado, o mena— abre tutela pública, plaza en centro de menores, escolarización y un régimen jurídico distinto al de un adulto irregular, con más dificultades para la expulsión.

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La organización está desplegada en Ceuta, donde a finales de julio se produjo una entrada masiva ilegal desde Marruecos y el recuento de supuestos menores ha ido subiendo de unos 1.900 a más de 2.500. En paralelo, Save the Children ha exigido que, ante cualquier duda, prevalezca la presunción de minoría y que no se hagan pruebas de edad cuando existan fotocopias de pasaporte, certificados o fotografías. Las pruebas médicas, dice, deben ser último recurso. El mismo discurso que el folleto traduce en consejo práctico al recién llegado.

El problema de fondo no es teórico. En España hay un historial documentado de adultos que se hacen pasar por menores para entrar en la red de protección y de menores que, al revés, son registrados como adultos.

Las pruebas óseas tienen margen de error y han sido criticadas por tribunales y organismos internacionales; al mismo tiempo, la presunción automática de minoría y el rechazo sistemático de los exámenes facilitan el fraude: un adulto en un centro de menores comparte espacio con adolescentes reales y accede a recursos pensados para infancia. Varios comentarios al hilo del hallazgo han señalado precisamente ese riesgo: más «menores» significa más plazas, más gestión y más dinero público para las entidades que operan el sistema.

Save the Children España declara decenas de millones de euros al año. Una parte relevante llega de subvenciones públicas españolas —más de 32 millones desde 2022, según bases de datos de ayudas, con una porción mayoritaria del Gobierno—. La vinculación con la red de George Soros aparece en el movimiento internacional: Open Society Foundations ha concedido en el pasado fondos a Save the Children USA.

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La rama española insiste en que su financiación es mayoritariamente privada (socios y donantes) más fondos públicos y europeos, y en que informa de derechos, no de cómo eludir la ley. El texto del folleto, sin embargo, no se limita a explicar el procedimiento: formula de forma directa la posibilidad de negarse a la prueba y de pelear la calificación de adulto.

Informar a un menor real de que el consentimiento es necesario y de que puede pedir abogado es coherente con la normativa de protección de la infancia. Entregar el mismo folleto, en árabe y español, a quien acaba de entrar irregularmente y dice tener 16 o 17 años —sin verificación previa— convierte ese derecho en una herramienta de estrategia migratoria. Quien es adulto y quiere permanecer como mena recibe, en la práctica, un manual: no consientas la radiografía; si te declaran mayor, pide abogado, impugna y solicita papeles del país de origen; los resultados «no siempre son fiables».

La Fiscalía es quien decide las pruebas de edad cuando hay duda. La ley española y la doctrina del Tribunal Supremo han limitado el uso indiscriminado de exámenes médicos y han dado peso a la documentación. Eso no equivale a que una ONG pueda, en los puntos de llegada, instruir de forma masiva el rechazo del único mecanismo que las autoridades tienen para distinguir a un adolescente de un hombre de 22 o 25 años.

El resultado previsible es el que ya se ve en Ceuta y Canarias: saturación de centros de menores, sospecha sobre muchos de los «menores» acogidos y un incentivo perverso. Cuantos más queden clasificados como menas, más se expande el dispositivo de acogida y más recursos públicos se canalizan hacia las organizaciones que lo gestionan o lo supervisan.

El folleto no dice «miente sobre tu edad». No hace falta. Dice que puedes negarte a que te la comprueben y que, si no te creen, hay vías para seguir peleando la minoría. En un contexto de llegadas irregulares masivas, esa es la diferencia entre un folleto de derechos y un tutorial para quedarse dentro del sistema de menores.

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