En el auto, fechado el pasado 12 de noviembre, conforme a las normas de reparto del Decanato de la capital, el juez acuerda inhibirse del conocimiento de los hechos en favor del Juzgado de Instrucción número 20 de València.

Según han recordado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el juzgado 20 fue el primero de la capital en abrir diligencias previas por el fallecimiento de una persona a causa de las inundaciones en la ciudad para la práctica de la autopsia

La denuncia fue presentada por Miguel Bernad, que actúa en representación del sindicato Manos Limpias. Esta denuncia, interpuesta ante el juzgado de guardia de Valencia, incluye a la directora de la Aemet, María José Rallo, que ocupa el cargo desde 2023 tras ser nombrada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

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También se incluye al responsable de Seguridad y Emergencias en la Comunidad Valenciana, Ángel Javier Montero, nombrado por el Gobierno autonómico de Carlos Mazón.

Los denunciantes los acusan de homicidio imprudente, de acuerdo con el artículo 142 del Código Penal, así como de un presunto delito de imprudencia grave en el que se habrían producido lesiones, conforme al artículo 152, y también de daños por imprudencia, de acuerdo con el artículo 267 del mismo texto legal.

 En su denuncia, el sindicato Manos Limpias desglosó una serie de hechos relacionados con el paso de la DANA, fenómeno meteorológico que causó muertes y graves destrozos en la Comunidad Valenciana.

Según el sindicato, hubo una serie de negligencias y errores de gestión por parte de los responsables de los organismos mencionados. La denuncia subraya que, en los días previos al impacto de la DANA, «expertos de todo el mundo» ya habían advertido sobre la posibilidad de una gran tragedia en España cuando el fenómeno llegara. Sin embargo, según los denunciantes, la respuesta de las autoridades fue insuficiente.

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 El sindicato subraya que aunque la Aemet había emitido una alerta roja el 28 de octubre a las 8 de la mañana, la primera comunicación enviada a los dispositivos móviles de la población por parte de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias no llegó hasta pasadas las 20 horas de ese mismo día. Esta comunicación se hizo a través del servicio ES-Alert, utilizado para notificar emergencias a la población.

Manos Limpias señala que el primer mensaje que llegó a los ciudadanos no fue suficiente, ya que en él se pedía a la población evitar desplazamientos. En un segundo mensaje, enviado a las 20.10 horas, se solicitaba a la gente que permaneciera en sus hogares. Además, el sindicato subraya que estos avisos no llegaron a toda la población.

La denuncia de Manos Limpias también menciona que el sindicato había esperado a que la Fiscalía iniciase una investigación de oficio sobre los hechos, pero, al percatarse de la «pasividad» de las autoridades, decidió actuar presentando la denuncia de forma independiente.

Esta decisión se ampara en el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que quienes tengan conocimiento de un delito público por razón de su cargo o función están obligados a denunciarlo ante la Fiscalía, el Tribunal competente o el Juez de Instrucción correspondiente.

El 5 de noviembre, el sindicato amplió su denuncia, incorporando al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo. La denuncia sostiene que la Confederación Hidrográfica del Júcar no alertó a la Generalitat a tiempo sobre el riesgo de inundaciones, a pesar de contar con herramientas y datos que indicaban el peligro.

La ampliación de denuncia subraya que la Confederación dispone de un sistema denominado SAIH (Sistema Automático de Información Hidrológica), pero este sistema no funcionó correctamente durante la emergencia.

Además, se señala que la Confederación cuenta con una estación de aforos en la rambla del Poyo, una zona afectada por las inundaciones, y que pudo haber detectado la crecida del caudal y haber alertado a las autoridades con antelación.

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Sin embargo, la Confederación notificó a la Generalitat, a las 15.50 horas, que el caudal de la rambla era bajo, sin actualizar la información hasta las 18.43 horas, cuando la situación ya era crítica.

En la denuncia también se destaca que la Confederación Hidrográfica del Júcar tiene un presupuesto de 58,2 millones de euros, pero solo ha invertido 1,1 millones de euros en infraestructuras preventivas, mientras que ha gastado más de 8 millones de euros en pagos al personal.

El juez Vicente Ríos, tras analizar los hechos expuestos en la denuncia, decidió abrir una investigación formal. Sin embargo, se ha inhibido del caso en favor del Juzgado de Instrucción número 20 de Valencia, dado que ya existe una causa abierta con diligencias 2192/2024 relacionada con los mismos hechos denunciados.

La investigación continúa en marcha, y los responsables de la Aemet, la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias y la Confederación Hidrográfica del Júcar se encuentran bajo el foco de la justicia ante las acusaciones de negligencia en su gestión de la crisis de la DANA.

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