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La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) ha decidido rechazar la financiación del capivasertib, un innovador tratamiento contra el cáncer de mama avanzado que ha demostrado reducir a la mitad el riesgo de progresión o muerte.
La resolución fue adoptada en la última reunión del organismo, dependiente del Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, y supone que el fármaco —registrado como Truqap y administrado en combinación con fulvestrant— quedará fuera de la cobertura del Sistema Nacional de Salud.
Según Sanidad, la exclusión se basa en los “criterios de racionalización del gasto público” y en el “impacto presupuestario” que supondría su incorporación, además de en “la existencia de otras alternativas terapéuticas” más baratas. El departamento de García sostiene que la financiación debe ser “selectiva y no indiscriminada” para mantener la “sostenibilidad” del sistema sanitario.
Sin embargo, los resultados clínicos del fármaco contradicen esa decisión. En los ensayos realizados, el capivasertib combinado con fulvestrant redujo en un 50% el riesgo de progresión de la enfermedad o muerte frente al tratamiento estándar con placebo.
En el conjunto de pacientes, el riesgo global se redujo un 40%, y la supervivencia libre de progresión se duplicó, pasando de 3,6 a 7,2 meses. Las mujeres tratadas con este medicamento, según los expertos, mantuvieron la calidad de vida durante más tiempo que aquellas sometidas a terapias convencionales.
Los oncólogos señalan que las pacientes con tumores que presentan alteraciones de PI3K, AKT o PTEN suelen desarrollar resistencia a los tratamientos habituales, por lo que este fármaco abre nuevas opciones reales para prolongar la vida. Aun así, Sanidad ha optado por anteponer el coste económico al beneficio clínico, generando una ola de críticas entre especialistas y asociaciones de pacientes.
No es la primera vez que el Ministerio de Mónica García se ve envuelto en polémica por negar la financiación de medicamentos oncológicos innovadores. El año pasado, la misma comisión rechazó inicialmente cubrir Enhertu y Trodelvi, dos tratamientos contra el cáncer de mama metastásico cuyo coste alcanzaba los 5.500 euros por ciclo de 21 días. España fue entonces uno de los pocos países europeos que se negó a incluirlos en su sistema público, hasta que la presión de las pacientes —que organizaron una campaña de recogida de firmas— forzó un cambio de criterio.
También levantó indignación el caso del blinatumomab, un anticuerpo monoclonal empleado en el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda infantil, el tipo de cáncer más frecuente en niños. Sanidad rechazó en varias ocasiones su financiación hasta que, tras el revuelo social y mediático, accedió a aprobarlo parcialmente para casos de recaída.
Mientras los informes médicos avalan la eficacia de estos tratamientos, el Ministerio continúa justificando su negativa en la necesidad de “contener el gasto”. Una política que, en la práctica, deja fuera del sistema público a fármacos capaces de salvar vidas y obliga a muchas familias a enfrentarse a tratamientos inasumibles por su cuenta.
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