Los pueblos de Albentosa, Olba y San Agustín se han unido en defensa de la presa de Los Toranes, una infraestructura hidráulica que consideran vital para sus comunidades. Los alcaldes de estas localidades, situadas en la comarca de Gúdar-Javalambre, destacan los múltiples beneficios que ofrece el embalse, desde soportar el riego agrícola hasta sofocar incendios forestales en una región especialmente castigada por el fuego.

Además, subrayan que la presa también genera un interés turístico necesario para estos pequeños municipios, con poblaciones que no superan los 100 habitantes.

Un informe encargado por estos ayuntamientos a la consultora Flow Solvers SL concluye que la explotación de la presa podría generar beneficios anuales de entre 700.000 y 800.000 euros. Sin embargo, lamentan que el Gobierno central no haya considerado licitar su uso antes de tomar la decisión de demolerla.

«Es viable y hay empresas interesadas en gestionarla,» asegura Daniel Riera, alcalde de San Agustín, quien critica que «desde Madrid o Valencia se tomen decisiones que afectan directamente a nuestra tierra sin escucharnos».

 El conflicto tiene su origen en la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) de derribar la presa tras la expiración, en 2018, de la concesión que tenía Iberdrola para su uso. Según un informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), el embalse afecta la calidad del agua del río Mijares y pone en riesgo el cumplimiento de la Directiva Marco Europea del Agua.

Basándose en esta evaluación, el Tribunal Supremo dictaminó que Iberdrola es la responsable de asumir el coste de la demolición, argumentando que la obligación de retirar las instalaciones recae en el concesionario una vez extinguida la concesión.

ABREVADEROS DEL GOLPE

Esta postura no convence a los alcaldes de la comarca ni a organizaciones como el Instituto de la Ingeniería de España, cuyo presidente, José Trigueros, califica la demolición como «un error histórico». Trigueros destaca que la presa, construida en 1943 por el ingeniero turolense José Torán, está perfectamente integrada en el entorno y debería ser considerada «un Bien de Patrimonio Cultural».

El expresidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, intentó evitar la demolición iniciando el proceso para declarar la presa como Bien Inventariado del Patrimonio Cultural Aragonés (BIC). Sin embargo, esta iniciativa fue bloqueada por el Ejecutivo central, que consideró que dicha distinción debía ser otorgada exclusivamente por el Estado.

«Fue la falta de coordinación entre Sánchez y Lambán lo que condenó a Los Toranes», afirma Joaquín Juste, presidente de la Diputación Provincial de Teruel, quien cuestiona que el Gobierno no valore un elemento histórico que la comunidad autónoma sí considera patrimonio.

La demolición, prevista como una medida para cumplir con las normativas medioambientales europeas, ha dividido opiniones entre los beneficios locales y los objetivos nacionales.

Mientras tanto, los habitantes de la comarca insisten en que su voz debe ser escuchada antes de proceder con la desaparición de una infraestructura que consideran esencial para su supervivencia económica y social.

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