El Gobierno compra las elecciones con publicidad institucional: Sánchez riega con 271 millones a los medios afines

La maquinaria de propaganda del Estado ha entrado en una fase de ebullición frenética. Bajo el mandato de Sánchez, Moncloa ha activado de forma masiva su armamento publicitario con el objetivo inequívoco de condicionar a la opinión pública ante la proximidad de los comicios generales. Utilizando la caja del Estado como un fondo electoral privado, el Ejecutivo ha desatado una oleada de contratos públicos de creatividad y difusión que camuflan la compra de voluntades editoriales tras el concepto de comunicación pública.

A comienzos de año, las revelaciones presupuestarias destaparon que el plan anual de publicidad institucional de 2026 contemplaba un gasto directo de 155,6 millones de euros repartidos en 124 campañas. Sin embargo, al auditar la actividad publicitaria oculta de las empresas, fundaciones y entidades estatales, la cifra real que el sanchismo inyecta en el circuito mediático se eleva hasta los 271 millones de euros, registrando uno de los mayores picos de gasto propagandístico de los últimos quince años. 

Esta descomunal riada de millones sirve a un doble propósito electoral: por un lado, condicionar el voto de los ciudadanos bombardeándolos con consignas amables sobre la gestión gubernamental y, por otro, garantizar la sumisión y la docilidad de los medios de comunicación afines que sobreviven gracias al reparto arbitrario de estas inserciones publicitarias.

El Plan de Acción por la Democracia y el precio de la propaganda

La punta de lanza de esta ofensiva propagandística corre a cargo del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. El pasado 7 de junio, este departamento licitó un expediente valorado en 3,47 millones de euros destinado en exclusiva a las tareas de creatividad, diseño y producción de piezas de divulgación bajo el lema del «valor de las libertades y la democracia en España».

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Con un periodo de ejecución de seis meses, que coincide con el tramo definitivo del año, esta campaña se sitúa como una de las intervenciones de comunicación de mayor cuantía de la Administración General del Estado.

Esta iniciativa se enmarca de forma directa en las directrices del nefasto Plan de Acción por la Democracia impulsado por el propio Pedro Sánchez. El contrato busca armar un discurso institucional que presente al actual Ejecutivo como el único garante de los valores constitucionales y la convivencia, arrinconando la crítica de la oposición bajo el epígrafe del odio.

Un dato relevante es que estos 3,47 millones de euros se evaporarán únicamente en la fase preliminar de elaboración de contenidos y maquetación de piezas de campaña. La compra posterior de espacios en televisión, radio, prensa escrita y soportes digitales se tramitará mediante expedientes independientes que dispararán el gasto final, asegurando contratos jugosos a las centrales de medios encargadas de repartir los fondos entre las cabeceras afines.

Blanqueamiento migratorio con dinero público: la campaña de Inclusión

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones destaca como uno de los departamentos con mayor hiperactividad publicitaria, reservando un presupuesto de 7,66 millones de euros para campañas durante el ejercicio 2026. La iniciativa estrella de esta cartera lleva por título «Migración, Fuente de Riqueza», una campaña dotada con 1,46 millones de euros destinada a neutralizar el descontento ciudadano por la crisis migratoria mediante consignas prefabricadas.

El ministerio formalizó los trabajos de creatividad y asistencia técnica de este programa adjudicándoselos a la consultora Llorente y Cuenca por un importe de 275.000 euros, tras un proceso al que concurrieron once ofertas. El objetivo explícito de esta inversión millonaria es moldear la percepción de los españoles, introduciendo en el debate público mensajes institucionales orientados a ensalzar el impacto de la inmigración sobre el mercado laboral y la sostenibilidad económica.

 En lugar de destinar esos recursos a dotar de medios a las patrulleras de la Guardia Civil en Canarias o a agilizar los expedientes de devolución, el sanchismo prefiere gastar el dinero del contribuyente en convencer a la población de que la llegada incesante de cayucos a las costas es un fenómeno beneficioso para el país.

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El maquillaje de las pensiones y la captación del voto joven

La estrategia de persuasión del Ministerio de Inclusión también pone el foco en el colectivo de los pensionistas, un nicho electoral clave para el sostenimiento del partido del Gobierno. Para ello, se han reservado 750.000 euros bajo el epígrafe «Nuevas Fórmulas de Jubilación».

El propósito aparente es divulgar las modalidades de compatibilidad entre empleo y retiro, así como los incentivos para retrasar de forma voluntaria la salida del mercado laboral. En la práctica, se trata de un ejercicio de maquillaje contable pagado con fondos públicos para maquillar las debilidades del sistema de pensiones y vender como un éxito los parches normativos aplicados en las últimas reformas.

El despliegue publicitario del ministerio se diversifica en un goteo constante de partidas menores pero igualmente gravosas. El plan contempla 1,5 millones de euros para promocionar las oposiciones al cuerpo de la Seguridad Social, 1,21 millones dirigidos al denominado Plan Estatal de Retorno Voluntario y 855.000 euros para la difusión de informaciones sobre el ingreso mínimo vital.

De manera paralela, la captación del voto de los sectores de menor edad se articula desde el Ministerio de Cultura. Durante la primavera se formalizó el contrato de creatividad y producción para la campaña del «Bono Cultural Joven 2026».

Esta medida, consistente en la entrega directa de 400 euros a los jóvenes que alcanzan la mayoría de edad, se promociona masivamente a través de un expediente publicitario que despertó un inusual interés entre las agencias del sector debido al elevado presupuesto disponible para inundar las redes sociales con propaganda gubernamental justo antes de que los beneficiarios acudan a las urnas por primera vez.

El reparto digital como herramienta de control y sumisión de los medios

La campaña publicitaria del Ejecutivo se ramifica por todas las áreas de la administración, abarcando desde programas de salud pública y fomento de la lectura hasta campañas contra las falsificaciones y de ciberseguridad. Los expedientes publicados reflejan una mutación consciente en el diseño de las campañas, otorgando una prioridad absoluta a los canales digitales sobre los soportes tradicionales.

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Las redes sociales, las plataformas de vídeo bajo demanda, los formatos interactivos y la publicidad programática concentran la mayor parte de las inversiones de compra de espacios de este ejercicio. Esta preeminencia de lo digital no responde a un mero criterio de modernización técnica, sino a la búsqueda de un impacto segmentado sobre los sectores abstencionistas y los votantes más jóvenes.

Además, la discrecionalidad en la asignación de los fondos de publicidad institucional en los medios digitales permite al Gobierno premiar con inyecciones millonarias a los nativos digitales que sostienen el relato de Moncloa, mientras se castiga o excluye de los repartos a los medios independientes que investigan la corrupción gubernamental.

La activación en cadena de todas estas licitaciones coincide milimétricamente con el último tramo de la legislatura. Aunque formalmente se presenten como programas ordinarios incluidos en las planificaciones anuales, el adelantamiento de los plazos de ejecución evidencia la urgencia de Pedro Sánchez por inundar el espacio público con el balance edulcorado de su gestión.

Con la adjudicación masiva de estos contratos, el Gobierno entra en modo preelectoral utilizando de forma partidista el dinero público, transformando la publicidad institucional en un mecanismo de financiación indirecta para su red de medios afines y en un coladero ético que deforma las reglas del juego democrático.

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