La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) adjudicó el pasado 20 de noviembre un contrato de emergencias por 22,5 millones de euros para la reparación de los Sistemas Automáticos de Información Hidrológica (SAIH) afectados por la DANA.

La beneficiada para cambiar los sistemas de vigilancia del caudal del barranco del Poyo y el resto de las demarcaciones ha sido Senda SL, una empresa que no cumple los requisitos de solvencia, según la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).

La licitación se hizo "a dedo", de manera "verbal" y sin concurrencia competitiva a esta compañía madrileña, que sólo cuenta con dos empleados y que el año pasado no llegó al millón de euros de facturación. La oferta finalmente fue por 22,1 millones.

 La LCSP establece que, para obras contratadas por más de 5 millones de euros, la compañía debería estar clasificada en la categoría 6 ante la Administración contratante. Sin embargo, tal como consta en los datos oficiales de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, la empresa sólo alcanza la categoría 4 de los 11 subgrupos en los que está inscrita. En el resto, queda incluso por debajo.

 Categorización de Senda SL en la Junta Consultiva de Contratación, dependiente de Hacienda. EE
Además, el mismo anuncio de la formalización de contrato, que obra en poder de este diario, niega que esta compañía sea una PYME. Pero lo cierto es que, por su volumen de contratación y de empleados, está considerada una "microempresa".

 Es más, Senda, Desarrollo de Infraestructuras y Medio Ambiente SL está auditada como "pequeña" en función de su volumen de ventas. Y la evolución observada en su número de empleados "ha sido negativa", según portales de análisis empresarial: pasó de tres trabajadores en 2022 a dos, en el año 2023 y en la actualidad.

 Formalización de contrato de la CHJ por 2,5 millones con Senda SL EE
Este periódico se ha puesto en contacto con a CHJ para conocer las circunstancias que llevaron a este organismo, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, a elegir a esta compañía. Fuentes oficiales explican que desconocen otras actividades de Senda SL, pero que fue escogida por "haber participado en la instalación del Sistema de Alerta Temprana [SAT] en el Ebro".

Fuentes de la Generalitat dicen no salir de su asombro con toda esta operación. El Gobierno autonómico de Carlos Mazón celebra que, por fin, se vaya a dotar a la CHJ del "único sistema que salva vidas", según la ya exministra Teresa Ribera. Pero remarcan sus dudas sobre la empresa adjudicataria y su elección "a dedo".

Ésta no puede ser una obra de emergencia, argumentan desde la Generalitat, si consiste en cambiar todo el sistema de vigilancia.

Y si no es una obra de emergencia, no se puede adjudicar sin concurrencia competitiva "en apenas 24 horas". Menos aún, a una compañía "que no cumple los requisitos de solvencia", salvo que se haya utilizado la contratación de emergencia, precisamente, para poder entregar esta licitación a esta compañía.

De nuevo, fuentes de la Confederación rebaten este argumento. "En los contratos de emergencia no operan las salvedades formales de la LCSP, sino cuando hay un pliego para un concurso", explica un portavoz oficial. "Además, Senda SL son los mejores que hay en el mercado".

Licitación en 24 horas
Lo cierto es que el barranco del Poyo y el resto de ríos y ramblas de la CHJ no disponían de este tipo de dispositivos, sino de otros mucho más antiguos e incluso, obsoletos. Tal como ya informó este periódico, el único medidor de caudal SAIH del Poyo fue arrasado por la riada, estaba ubicado ya en el inicio de la ladera de inundación, en Ribarroja, y databa de 1989.

 Ribera, en su comparecencia ante el Congreso del pasado miércoles, tuvo que admitir que los SAT son imprescindibles porque sólo ellos "salvan vidas" en situaciones como la que se dio el pasado 29-O en Valencia.

 Convocatoria de la CHJ para un SAT en el barranco del Poyo.
Ésta puede ser la razón por la que, el mismo día en que daba explicaciones ante las Cortes Generales, su Ministerio adjudicaba el contrato. Y que lo tramitara sólo un día antes, como licitación de emergencia a pesar de que, en realidad, no supone la "reparación de daños en el SAIH ocasionados por la DANA", sino su sustitución por un completo sistema nuevo, basado en medidores mucho más modernos.

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Y de ahí, probablemente, el presupuesto base de liquidación, de 22.500.000 euros.

Hace sólo un año, la CHJ adjudicó la vigilancia del barranco del Poyo y el resto de demarcaciones a otra empresa que, en este caso, hizo una oferta a la baja del 21% para renovar la privatización de la explotación, operación y mantenimiento del control de caudales. 

 Entonces, el pliego del Ministerio no previó la necesidad de dotar del SAT a ninguna de las demarcaciones del Júcar. Según las fuentes de la Confederación, este organismo "trabajaba desde hace tiempo" en ello, sabedora de que "permitiría mejorar el conocimiento hidrológico en diferentes episodios, tanto de fuertes lluvias como de sequía".

Según alegaron estas fuentes, en las cuencas mediterráneas "resulta de gran complejidad" la instalación del SAT, "dada la rapidez de respuesta hidrológica de sus cauces y barrancos". Sin embargo, ahora el contrato otorgado a Senda SL le exige terminar el trabajo en seis meses.

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