Hay algo profundamente perturbador en la historia oficial de la pandemia de COVID-19.
No es solamente que todavía no sepamos con absoluta certeza de dónde salió el virus que paralizó el planeta.
Lo verdaderamente preocupante es que algunas de las personas que ayudaron a construir la explicación pública sobre su origen tenían vínculos directos con las instituciones, investigaciones y programas que podían verse afectados por esa misma explicación.
Y ahora sabemos algo todavía más grave.
Uno de los antiguos hombres de confianza de Anthony Fauci, David Morens, se ha declarado culpable en Estados Unidos de conspirar para ocultar registros oficiales y eludir las obligaciones de transparencia.
No estamos hablando ya de una discusión en Twitter.
No estamos hablando de una teoría conspirativa.
Estamos hablando de un reconocimiento de culpabilidad ante un tribunal federal. (justice.gov)
Y eso obliga a volver al principio.
A Wuhan.
A Fauci.
A Peter Daszak.
A Jeremy Farrar.
A Proximal Origin.
A los correos privados.
A las subvenciones.
Y también a España, donde Pedro Sánchez llegó a justificar decisiones extraordinarias apelando a un comité de expertos cuya composición el Gobierno se resistió durante meses a revelar y cuya naturaleza posteriormente resultó ser muy diferente de la que la opinión pública había entendido, no existía comité de expertos.
La pregunta ya no es solamente si nos contaron toda la verdad.
La pregunta es:
¿Quién decidió qué verdad podía conocer la ciudadanía?
En febrero de 2020 el mundo apenas comenzaba a comprender la amenaza.
El virus era nuevo.
Su origen era desconocido.
Los datos eran incompletos.
Y, sin embargo, en cuestión de semanas se empezó a construir una narrativa extraordinariamente poderosa:
el origen natural era la explicación científica y la hipótesis de una fuga de laboratorio era una teoría conspirativa.
El problema es que los propios documentos de aquellos primeros días muestran que algunos de los científicos que terminaron contribuyendo a esa narrativa no estaban inicialmente convencidos de ello.
El 1 de febrero de 2020 se produjo una teleconferencia en la que participaron Anthony Fauci, Jeremy Farrar, Francis Collins, Kristian Andersen, Edward Holmes y otros científicos.
Y la hipótesis de un origen relacionado con un laboratorio estaba sobre la mesa.
No la planteaban anónimos usuarios de internet.
La planteaban científicos de prestigio internacional.
Jeremy Farrar llegó a valorar inicialmente las posibilidades de un origen natural y de laboratorio de manera muy cercana.
Eso significa que existe una contradicción que merece ser explicada:
en privado había dudas; en público, poco después, apareció una enorme certeza.
¿Cambió la evidencia?
Es posible.
¿Cambió la opinión de los científicos?
También es posible.
Pero entonces hay que mostrar qué evidencia produjo ese cambio.
Porque la ciencia no funciona mediante un cambio misterioso de opinión.
Funciona mediante pruebas.
Hay una cuestión de la pandemia que, a mi juicio, tampoco ha recibido la atención que merece: los incentivos económicos que se crearon alrededor de la contabilización de la COVID-19.
El Estado puso en marcha durante la pandemia un fondo extraordinario de 16.000 millones de euros para las comunidades autónomas. Y no se repartió de manera completamente arbitraria: entre los criterios utilizados figuraban indicadores como los casos notificados, las hospitalizaciones, los ingresos en UCI y las pruebas PCR. Así consta en el propio BOE.
Aquí es donde, como ciudadano, creo que hay que hacerse una pregunta incómoda.
¿Se auditó suficientemente que todos los pacientes contabilizados como casos de COVID fueran realmente pacientes cuya enfermedad principal era el COVID?
Porque no es exactamente lo mismo morir con COVID que morir por COVID. Tampoco es lo mismo ingresar en un hospital por una neumonía causada por SARS-CoV-2 que ingresar por un infarto, un accidente o una intervención quirúrgica y descubrir posteriormente que el paciente tenía una PCR positiva.
Durante aquellos meses, el resultado positivo adquirió una importancia extraordinaria en la clasificación estadística de los pacientes. Y cuando, además, existen mecanismos extraordinarios de financiación vinculados a determinados indicadores sanitarios, es legítimo preguntarse si esos incentivos pudieron influir en determinados criterios de clasificación y contabilización.
Quiero ser claro: esto puede demuestrar que los hospitales falsificaran diagnósticos para cobrar.
Pero tampoco creo que sea razonable cerrar la cuestión diciendo simplemente que “todo se hizo correctamente”.
Si había dinero público distribuido teniendo en cuenta indicadores relacionados con la COVID, entonces debería existir una auditoría independiente capaz de responder a preguntas elementales:
Porque las estadísticas no son la realidad: son el resultado de cómo se define, clasifica y contabiliza la realidad.
Y durante la pandemia esas cifras determinaron financiación, restricciones, decisiones políticas y percepción social del riesgo.
Por eso considero imprescindible investigar también el dinero que había detrás de las cifras.
No para acusar indiscriminadamente a médicos, enfermeros u hospitales —que soportaron una presión extraordinaria—, sino para saber si el sistema de incentivos diseñado por las administraciones pudo introducir sesgos.
Después de todo lo ocurrido, pedir una auditoría independiente no debería considerarse negacionismo ni conspiracionismo.
Si las cifras fueron correctas, una auditoría lo confirmará.
Y si hubo errores o abusos, la sociedad tiene derecho a conocerlos.
Porque cuando miles de millones de euros se distribuyen utilizando indicadores relacionados con una enfermedad, contar correctamente deja de ser una cuestión estadística: se convierte también en una cuestión económica y política.
El resultado de aquellas discusiones fue, entre otros trabajos, The Proximal Origin of SARS-CoV-2.
Publicado en Nature Medicine, el artículo concluyó que el SARS-CoV-2 no parecía haber sido creado mediante manipulación genética deliberada. (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov)
El artículo se convirtió en una especie de certificado científico de buena conducta para la hipótesis del origen natural.
Fue citado una y otra vez.
Por políticos.
Por medios de comunicación.
Por instituciones.
Por redes sociales.
Por organizaciones internacionales.
La conclusión científica se transformó en una conclusión política:
no hay fuga de laboratorio; no hay nada que investigar.
Y ahí apareció uno de los grandes problemas.
Porque Proximal Origin no demostró que el virus hubiera saltado de un animal a una persona.
No identificó el animal.
No reconstruyó definitivamente la cadena de transmisión.
No demostró qué ocurrió en Wuhan.
Su conclusión era mucho más concreta: determinadas características del virus no eran compatibles con la hipótesis de una manipulación genética deliberada.
Pero esa diferencia se perdió.
Y durante años se utilizó un argumento mucho más amplio que lo que realmente demostraba el artículo.
Peter Daszak es una pieza esencial.
Daszak dirigía EcoHealth Alliance.
EcoHealth había recibido fondos estadounidenses.
Y había colaborado con el Wuhan Institute of Virology.
El problema es evidente.
Si se investigaba seriamente una posible fuga de laboratorio, podía terminar investigándose también la actividad científica que EcoHealth había ayudado a financiar.
Eso no convierte a Daszak en culpable.
Pero plantea un conflicto de interés que debería haber obligado a apartarlo de cualquier papel relevante en la determinación de las conclusiones sobre el origen.
Sin embargo, Daszak participó en iniciativas destinadas a investigar y comunicar el origen del virus.
La pregunta incómoda es:
¿Quién investigaba a quién?
¿Estaba investigándose el origen del virus?
¿O estaban determinadas instituciones ayudando a controlar la investigación sobre actividades que podían comprometerlas?
No es una acusación penal.
Es una pregunta de independencia.
Y es una pregunta que nunca debió desaparecer del debate.
Anthony Fauci tampoco era un observador independiente.
Era el director del NIAID.
El organismo que dirigía tenía una relación de financiación con EcoHealth Alliance.
EcoHealth trabajaba con Wuhan.
Y Wuhan era precisamente el lugar donde se encontraba el laboratorio en el centro de las sospechas.
Por eso la cuestión de Fauci no debería reducirse a sus declaraciones televisivas.
La pregunta debería ser mucho más sencilla:
¿Podía Fauci ser simultáneamente responsable de supervisar programas de investigación relacionados con coronavirus y una de las principales voces encargadas de tranquilizar al público sobre la posibilidad de una fuga?
Incluso si Fauci hubiera actuado siempre de buena fe, la estructura planteaba un problema evidente de percepción e independencia.
En una investigación de esta magnitud, la apariencia de conflicto de interés ya es suficiente para exigir transparencia absoluta.
El Dr. Antoni Fauci que dirigía el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID) y Jeremy Farrar Exdirector del Wellcome Trust, ex asesor del Grupo de Asesoramiento Científico para Emergencias (SAGE) del gobierno del Reino Unido, y posteriormente director científico de la OMS, en privado admitían la posibilidad de una fuga de laboratorio en Wuhan, pero días después promovían el estudio "Proximal Origin" para tildar de conspiración a nivel mundial cualquier duda sobre el origen zoonótico.
Todo esto sucedía al mismo tiempo que Fauci financiaba a EcoHealth Alliance para que, su director el Dr. Peter Daszak, ejecutara quimeras de Ganancia de Función en Wuhan.
Y el director general de la OMS, el día 18 de agosto de 2026, día en que el Dr David Morens, asesor científico principal del Dr. Anthony Fauci durante dieciséis años, (de 2006 a 2022), se declaraba culpable de mentir al gobierno sobre el origen del covid y de eliminar pruebas, Tedros Ghebreyesus anunciaba que Jeremy Farrar, promotor mundial de la censura ante cualquier postura sobre el origen de laboratorio, dejaba su puesto directivo en la OMS.
El caso Morens hace que esta historia sea mucho más difícil de despachar como una simple campaña política.
David Morens fue un alto funcionario del NIAID y colaborador durante años de Fauci.
El 18 de agosto de 2026 se declaró culpable de conspirar para ocultar registros gubernamentales y eludir las leyes federales de transparencia. (justice.gov)
Según los fiscales, utilizó su cuenta personal para determinadas comunicaciones con el propósito de mantenerlas fuera del alcance de solicitudes FOIA.
Pensemos en la gravedad de lo que esto significa.
Un funcionario público sabe que determinadas comunicaciones pueden quedar sujetas a transparencia.
Y decide utilizar una cuenta privada.
No porque se haya olvidado de la normativa.
Según la acusación aceptada mediante su declaración de culpabilidad, porque pretendía eludirla.
Eso destruye una de las defensas más utilizadas durante años:
“Si hubiera algo importante, estaría en los archivos.”
No necesariamente.
Ahora sabemos que al menos parte de la conversación institucional podía ser trasladada deliberadamente fuera de los canales oficiales.
El escándalo tiene dos niveles.
El primero es:
¿qué contenían esos correos?
Pero existe un segundo, quizá más importante:
¿por qué alguien quería que no pudieran ser examinados?
La transparencia pública existe precisamente porque el ciudadano no tiene capacidad para entrar en los despachos de los funcionarios y comprobar qué están haciendo.
Los registros son la memoria de una administración.
Cuando esa memoria se borra deliberadamente, la sociedad pierde la posibilidad de reconstruir lo ocurrido.
Y eso es exactamente lo que hace que el caso Morens sea tan importante.
No porque pruebe el origen del COVID.
Sino porque demuestra que la reconstrucción documental de la pandemia ha sido obstaculizada deliberadamente al menos en determinados ámbitos.
La sucesión de nombres resulta difícil de ignorar.
Anthony Fauci.
Director del NIAID.
David Morens.
Alto funcionario del NIAID y colaborador de Fauci.
Peter Daszak.
Presidente de EcoHealth Alliance.
Wuhan Institute of Virology.
Laboratorio relacionado con investigaciones sobre coronavirus financiadas indirectamente mediante programas estadounidenses.
Jeremy Farrar.
Científico que participó en las conversaciones iniciales y posteriormente llegó a la cúpula científica de la OMS.
Cada relación individual puede tener una explicación legítima.
El problema aparece cuando se observa la red completa.
Y cuando dentro de esa red aparece un funcionario que admite haber intentado ocultar comunicaciones oficiales.
La respuesta no puede ser:
“Confíen en nosotros.”
La respuesta debería ser:
“Aquí están todos los documentos.”
Farrar participó en las conversaciones de febrero de 2020.
Fue una de las personas que conocieron de primera mano las dudas iniciales.
Posteriormente tuvo una trayectoria extraordinariamente relevante:
Wellcome Trust.
Investigación científica.
Organismos internacionales.
Organización Mundial de la Salud.
Y ahora, el 18 de agosto de 2026, se anuncia su salida de la OMS.
La coincidencia con el caso Morens resulta llamativa.
La explicación oficial es que se jubila al alcanzar la edad correspondiente. (devex.com)
Sin embargo, una cosa es no afirmar una relación causal que no está demostrada y otra muy distinta es ignorar la coincidencia.
El mismo día en que un antiguo colaborador de Fauci se declara culpable de ocultar registros relacionados con coronavirus, abandona la escena institucional uno de los científicos que estuvo en el núcleo de las discusiones iniciales sobre el origen del virus.
Es un hecho cronológico.
La interpretación requiere más pruebas.
La falta de transparencia tampoco fue patrimonio exclusivo de Estados Unidos.
En España, Pedro Sánchez presentó durante la pandemia numerosas decisiones como respaldadas por criterios científicos y expertos.
Y era razonable que el Gobierno contara con asesoramiento científico.
Lo que no era razonable era mantener durante meses una enorme confusión sobre quiénes eran esos expertos.
En mayo de 2020, cuando la sociedad española se encontraba confinada y las decisiones sobre la desescalada afectaban directamente a millones de personas, se reclamaron los nombres del comité que supuestamente asesoraba al Gobierno.
El Ejecutivo no los hizo públicos inicialmente.
Sánchez defendió públicamente la calidad científica de los expertos. (europapress.es)
Pero posteriormente llegó la rectificación institucional.
Sanidad reconoció que no existía un comité independiente de expertos para la desescalada al margen del equipo técnico del CCAES dirigido por Fernando Simón. (rtve.es)
Eso es muy diferente de decir que no había científicos.
Los había.
Pero la imagen transmitida a la ciudadanía de un comité independiente de expertos no correspondía con la estructura que posteriormente reconoció el propio Ministerio.
Y aquí surge una pregunta que sigue sin respuesta satisfactoria:
¿Por qué el Gobierno necesitaba presentar sus decisiones bajo el paraguas de un comité de expertos cuya composición no estaba dispuesto a revelar?
Pedro Sánchez era el presidente del Gobierno.
La Constitución le otorgaba la responsabilidad de dirigir la acción del Ejecutivo.
Podía tomar decisiones.
Podía equivocarse.
Podía incluso tomar una decisión distinta de la recomendada por los científicos.
Lo que no debería haber sido objeto de controversia era quién asesoraba al Gobierno y qué recomendaciones había recibido.
Porque cuando un Gobierno restringe derechos y libertad de movimientos, cierra empresas, modifica la actividad educativa y sanitaria y determina cómo millones de personas pueden relacionarse, la transparencia deja de ser una cuestión secundaria.
Es una obligación democrática.
La ciudadanía no debía conformarse con:
“Lo dicen los expertos.”
Tenía derecho a preguntar:
“¿Qué expertos?”
“¿Qué han dicho exactamente?”
“¿Qué datos manejan?”
“¿Qué expertos discrepan?”
“¿Qué decidió finalmente el Gobierno?”
Esta es quizá una de las críticas políticas más importantes que pueden hacerse a la gestión de la pandemia.
Cuando una decisión es política, el político debe asumirla.
No puede decir:
“No fui yo; lo dijeron los expertos.”
Si los expertos recomiendan una determinada política, el Gobierno puede aceptarla o rechazarla.
Pero la responsabilidad sigue siendo del Gobierno.
La ciencia proporciona información.
No gobierna.
El poder político gobierna.
Y cuando el poder político utiliza la autoridad científica como escudo frente a las críticas, se produce una peligrosa mezcla.
La ciudadanía deja de saber dónde termina la evidencia científica y dónde comienza la decisión política.
En Washington y Madrid aparece una estructura inquietantemente similar.
En Estados Unidos:
“Confíen en los científicos.”
Pero algunos funcionarios discutían en privado posibilidades que públicamente eran mucho menos aceptadas.
Y ahora sabemos que un funcionario utilizó canales privados para ocultar registros.
En España:
“Confíen en los expertos.”
Pero durante meses no se identificó públicamente al supuesto comité que respaldaba las decisiones de desescalada.
En ambos casos, el problema es el mismo:
la ciudadanía debía confiar en instituciones cuya transparencia era insuficiente.
Esta es otra pregunta que debería hacerse.
Durante la pandemia se presentó como “científica” una enorme cantidad de decisiones.
Pero muchas eran necesariamente políticas.
Cerrar un restaurante.
Cerrar una escuela.
Prohibir determinadas reuniones.
Limitar desplazamientos.
Establecer horarios.
Decidir qué actividades económicas podían abrir.
Todo eso tiene una dimensión sanitaria.
Pero también tiene una dimensión política.
Un epidemiólogo puede calcular el impacto de una medida.
No decide democráticamente cuánto desempleo estamos dispuestos a aceptar para reducir una determinada tasa de transmisión.
Eso es una decisión política.
Por eso la transparencia sobre los expertos era tan importante.
Quizá uno de los mayores errores de la pandemia fue tratar las dudas como si fueran peligrosas por definición.
Pero una hipótesis científica no deja de ser legítima porque incomode.
La hipótesis del laboratorio debía ser investigada.
La hipótesis zoonótica debía ser investigada.
Y ambas debían competir con los datos.
No con etiquetas.
No con censura.
No con autoridad institucional.
No con campañas de desprestigio.
Si la hipótesis del laboratorio era falsa, los datos acabarían demostrando que era falsa.
Si la hipótesis zoonótica era correcta, los datos acabarían demostrando que era correcta.
La ciencia no necesita censurar una hipótesis para destruirla.
Necesita evidencia.
Y aquí aparece la contradicción que atraviesa toda esta historia.
Mientras se exigía a la población confiar en las instituciones científicas, algunas de esas instituciones no estaban demostrando una transparencia equivalente.
Mientras se denunciaba la desinformación, determinadas comunicaciones permanecían ocultas.
Mientras se presentaba una explicación como prácticamente indiscutible, algunos científicos habían expresado previamente dudas.
Mientras se hablaba de independencia científica, algunos protagonistas tenían vínculos directos con las instituciones y programas que podían verse afectados por las conclusiones.
Y mientras se invocaba en España la autoridad de un comité de expertos, el Gobierno tardaba meses en aclarar quiénes eran realmente esos expertos.
Eso no demuestra una conspiración mundial.
Demuestra algo quizá más sencillo:
las instituciones cometieron errores de transparencia y existieron conflictos de interés que nunca fueron tratados con la contundencia que exigía una crisis de esta magnitud.
Hay que ser igualmente claros.
No está demostrado que Fauci conociera un origen de laboratorio.
No está demostrado que Daszak supiera que el virus procedía de Wuhan.
No está demostrado que Farrar participara en una operación de encubrimiento.
No está demostrado que Proximal Origin fuera deliberadamente fraudulento.
Está demostrado que Pedro Sánchez tomo decisiones sin ningún asesoramiento científico.
Y no está demostrado judicialmente que el SARS-CoV-2 procediera de un laboratorio.
Pero cada una de esas cuestiones merece una investigación basada en documentos.
No en lealtades.
Sí sabemos que había financiación estadounidense de investigaciones relacionadas con coronavirus realizadas en Wuhan que destapo Impacto España Noticias en el año 2020, fue el primer medio en denunciar la falsedad, y además fue represaliado por ello.
Sí sabemos que EcoHealth Alliance estaba vinculada a esos trabajos.
Sí sabemos que Peter Daszak dirigía EcoHealth Alliance.
Sí sabemos que Anthony Fauci dirigía NIAID.
Sí sabemos que Jeremy Farrar participó en las conversaciones iniciales sobre el origen.
Sí sabemos que Proximal Origin tuvo una influencia extraordinaria.
Sí sabemos que David Morens se declaró culpable de conspirar para ocultar registros oficiales.
Sí sabemos que el Gobierno de España no reveló inicialmente la composición del supuesto comité de expertos de la desescalada.
Y sí sabemos que Sanidad reconoció posteriormente que no existía un comité independiente en los términos que se habían dado a entender.
Eso es suficiente para exigir respuestas.
Esta es quizá la idea que más conviene recordar.
No hace falta demostrar que veinte personas se reunieron en secreto para planificar un encubrimiento.
Puede existir un escándalo sin una conspiración organizada.
Puede existir:
La historia está llena de instituciones que protegieron su reputación sin necesidad de formar una conspiración formal.
Por eso la pregunta correcta no es:
“¿Existe una conspiración?”
La pregunta correcta es:
“¿Qué hicieron exactamente estas personas y por qué?”
Las consecuencias de todo esto van mucho más allá del origen del COVID.
Si un ciudadano descubre que un funcionario utilizó deliberadamente una cuenta privada para ocultar comunicaciones oficiales, su confianza disminuye.
Si descubre que un Gobierno invocó a un comité de expertos cuya composición no quiso revelar, su confianza disminuye.
Si descubre que científicos que inicialmente tenían dudas terminaron publicando conclusiones mucho más contundentes, quiere conocer las razones.
Y si descubre que las personas que participaron en la investigación tenían vínculos con las instituciones que podían verse afectadas por sus conclusiones, exige independencia.
Eso no convierte al ciudadano en conspiracionista.
Lo convierte en ciudadano.
La pregunta no es si debemos creer a Fauci.
Ni a Daszak.
Ni a Farrar.
Ni a Morens.
Ni a Sánchez.
Ni a Illa.
Ni a Simón.
La pregunta es:
¿Qué dicen los documentos?
Porque las personas pueden equivocarse.
Los Gobiernos pueden equivocarse.
Los científicos pueden equivocarse.
Las instituciones pueden equivocarse.
Pero los documentos permiten reconstruir qué ocurrió.
Por eso la transparencia no es una cuestión burocrática.
Es la condición necesaria para que una sociedad pueda distinguir entre un error, una negligencia, un conflicto de interés y un encubrimiento.
La declaración de culpabilidad de David Morens debería servir como punto de inflexión.
No para declarar demostrado el “lab leak”.
No para absolver automáticamente a la hipótesis zoonótica.
Y tampoco para convertir a Fauci en culpable por asociación.
Debe servir para algo mucho más importante:
abrir de nuevo la investigación documental.
Todos los correos.
Todos los teléfonos institucionales.
Todas las comunicaciones relacionadas.
Todos los contratos.
Todas las subvenciones.
Todos los documentos de EcoHealth.
Todos los registros relacionados con Wuhan.
Todas las comunicaciones entre Fauci, Collins, Morens, Daszak, Farrar y los investigadores de Proximal Origin.
Y todo ello debería estar disponible para investigadores independientes.
Si la explicación oficial es correcta, la documentación debería confirmarla.
Si el origen fue zoonótico, habrá que encontrar la cadena epidemiológica.
Si fue una fuga accidental, habrá que encontrar las evidencias que la demuestren.
Si hubo errores de supervisión, habrá que identificarlos.
Si hubo conflictos de interés, habrá que reconocerlos.
Si alguien ocultó información deliberadamente, deberá responder por ello.
Y si finalmente se descubre que algunas de las personas más influyentes de la pandemia actuaron correctamente, tendrán derecho a que así conste.
Pero ese veredicto no puede depender de su propia palabra.
Debe depender de los documentos.
La pandemia exigió confianza.
Pero la confianza no es un sustituto de la transparencia.
Anthony Fauci pidió confianza.
Jeremy Farrar pidió confianza.
Peter Daszak pidió confianza.
Los organismos internacionales pidieron confianza.
Pedro Sánchez pidió confianza en sus expertos.
Pero ahora existen demasiadas razones para responder:
“Muéstrennos los documentos.”
David Morens ha reconocido que ocultó registros oficiales.
Eso no demuestra quién originó el SARS-CoV-2.
Pero demuestra que hubo funcionarios dispuestos a evitar la transparencia.
Los documentos de febrero de 2020 demuestran que la hipótesis de una fuga de laboratorio fue discutida seriamente por científicos de primer nivel.
Eso no demuestra que fuera cierta.
EcoHealth Alliance estuvo vinculada a investigaciones de coronavirus en Wuhan.
Eso no demuestra que creara el COVID.
El Gobierno de Pedro Sánchez invocó a expertos durante la desescalada.
Eso no significa que no tuviera asesoramiento científico.
Pero la posterior controversia sobre quiénes eran realmente esos expertos demuestra que la comunicación oficial fue mucho menos transparente de lo que la ciudadanía tenía derecho a esperar.
Y ahí está el verdadero problema.
No sabemos todavía si el SARS-CoV-2 salió de un laboratorio.
Pero sí sabemos que la historia de cómo se investigó esa posibilidad está llena de conflictos de interés, relaciones institucionales, comunicaciones privadas, documentos ocultos y explicaciones que han tenido que ser corregidas con el paso del tiempo.
Eso debería preocupar a cualquiera.
No importa si es de izquierdas o de derechas.
No importa si confía en Fauci o desconfía de Fauci.
No importa si votó a Pedro Sánchez o a sus adversarios.
No importa si cree en el origen zoonótico o en la fuga de laboratorio.
La cuestión es mucho más básica:
¿Tiene derecho una sociedad a conocer cómo se tomaron las decisiones que cambiaron su vida y quiénes estaban detrás de ellas?
La respuesta debería ser evidente.
Sí.
Y si para conocer esa verdad hay que esperar seis años, acudir a tribunales, solicitar documentos mediante leyes de transparencia y escuchar declaraciones de culpabilidad de antiguos funcionarios, entonces el problema ya no es solamente dónde nació el virus.
El problema es cuánto de la verdad se permitió conocer a quienes tuvieron que vivir sus consecuencias.
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