El magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, encargado de la investigación del caso Koldo, ha solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que examine los dispositivos electrónicos intervenidos para determinar si contienen información que respalde las declaraciones de la empresaria Carmen Pano.

Esta empresaria asegura haber entregado 90.000 euros en la sede central del PSOE, ubicada en la calle Ferraz de Madrid, por encargo de Víctor de Aldama ya que su conductor, que habitualmente ejercía de recadero, ese día no podía.

El juez, en línea con la postura del fiscal, ha rechazado citar a declarar a Carmen Pano y a su hija, Leonor María González Pano, como testigos por ahora. Tumba las solicitudes realizadas por las acusaciones populares de Iustitia Europa y el Partido Popular (PP).

Estas peticiones se basaron en las declaraciones públicas de Carmen Pano, quien afirmó haber participado tanto en la supuesta entrega de dinero en Ferraz como en la compra del chalet en La Alcaidesa, Cádiz. Según la UCO, dicha propiedad podría constituir una dádiva de la trama en beneficio del ex ministro José Luis Ábalos.

Llama la atención la decisión del juez porque hasta ahora los indicios apuntaban a que la supuesta entrega del dinero en efectivo corresponderían a dádivas para acelerar la concesión de la licencia de operadora a la empresa Villafuel.

Por ese asunto hay otro procedimiento judicial abierto, actualmente bajo secreto de sumario, en el juzgado de Santiago Pedraz. En cambio, Ismael Moreno lleva la investigación de las mordidas en los contratos de mascarillas con Soluciones de Gestión SL. 

En todo caso, es posible que haya indicios de ese pago en dinero negro en Ferraz. En este punto pueden ser clave los chats de WhatsApp. Aldama y sus colaboradores usaban términos secretos como «camisetas» y «escrituras» para dar órdenes de desplazar miles y decenas de miles de euros respectivamente. Usando esas palabras clave los agentes pueden encontrar nuevos indicios que acorralen al PSOE.

En su resolución, el juez señala que las afirmaciones de Carmen Pano contradicen los hallazgos preliminares de la UCO, basados en las evidencias digitales intervenidas hasta la fecha. A pesar de esto, ha ordenado a la UCO que examine nuevamente los dispositivos en busca de posibles corroboraciones y afirma que, dependiendo del resultado, determinará si procede tomar nuevas decisiones procesales.

Cabe recordar que la figura de Aldama ha derivado, a grandes rasgos, en tres asuntos: las supuestas tramas de las mascarillas, del fuel y de las constructoras. La empresaria Carmen Pano tiene relación con el sector de los hidrocarburos y, de hecho, conecta a Aldama con Claudio Rivas. Su hija es ex pareja de Aldama y éste último le traslada que necesita un comprador para sus restaurantes de las Cuatro Torres.

Es ahí donde le presenta a Rivas, que permanece en prisión. La empresaria también habría intervenido en llevar en coche a los empresarios amigos de Aldama, Los Cuatro Mosqueteros, a Portugal para abrir cuentas bancarias. No obstante, se hace años después del negocio de las mascarillas y más cerca de los asuntos ligados al fuel y las constructoras.

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Personación del PSOE
Asimismo, el magistrado ha confirmado su decisión de aceptar la personación del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) como acusación popular en el caso, a pesar de los recursos presentados por varias acusaciones populares.

Esta decisión ha generado controversia, dado que algunos sectores consideran que la participación del PSOE podría generar un conflicto de intereses debido a las acusaciones que lo implican indirectamente en los hechos investigados.

El PSOE podría conseguir información del caso y empujar con sus escritos para desviar el tiro y que sus altos cargos acaben indemnes de estas pesquisas. Sin ir más lejos su ex jefe de Organización, José Luis Ábalos está imputado en el Supremo.

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