Impacto España Noticias
El magistrado del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general dispondrá de «cero mensajes» de Álvaro García Ortiz para aclarar si participó en la filtración de datos reservados de la investigación por fraude fiscal a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Así se lo comunica la Unidad Central Operativa (UCO) al magistrado Ángel Hurtado en un informe que ofrece el resultado del análisis de «los dispositivos electrónicos y telemáticos, incluidos teléfonos móviles» que ordenó que se le incautaron a Álvaro García Ortiz.
El resultados se despacha rápido: «0 [cero] mensajes pertenecientes a cualquier tipo de aplicación de mensajería instantánea en el periodo analizado». El instructor buscaba mensajes comprendidos entre el 8 y el 14 de marzo que pudieran relacionarse con el documento filtrado en el que la defensa de Alberto González Amador ofrecía a la Fiscalía de Madrid reconocer la comisión de delitos fiscales.
El borrado de los mensajes dificulta aclarar lo sucedido. La lista de posibilidades incluye, evidentemente, la eliminación voluntaria de lo que no se quiere dar a conocer. Igualmente podría responder una limpieza regular por motivos de seguridad, que es lo que ayer esgrimían fuentes de la Fiscalía, una actuación supuestamente apoyada en un protocolo interno.
El vacío también podría responder a un cambio de terminal -que se produjo- en el que no se hubiese querido conservar información.
Estos supuestos supondrían que el fiscal general optó por no conservar los mensajes pese a que prácticamente desde que se produjo la filtración supo que González Amador iba a querellarse por revelación de secretos y que los mensajes podrían resultar útiles a la investigación.
Al día siguiente de la filtración, la defensa de González Amador dio a conocer ese propósito. Y ese mismo 15 de diciembre el fiscal general se reunió con el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (Icam) y con el Consejo General de la Abogacía, que habían resaltado la gravedad de lo sucedido. El día 18, el presidente del Icam, Eugenio Ribón, anunció que también ellos iban al juzgado.
Aunque no los hayan encontrado, los investigadores saben de forma fehaciente que el fiscal general se cruzó mensajes de Whatsapp sobre la investigación a González Amador al menos los días 13 y 14 de marzo. Lo saben porque el magistrado del Supremo no solo ordenó acceder a los terminales del fiscal general, sino que incorporó el móvil de la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, la otra investigada en el TS.
El examen de su teléfono reflejó cruces de mensajes con García Ortiz, según recogió la UCO en un extenso informe enviado al Supremo. El primero, el día 8 de marzo. «Hola jefe. A tu disposición», le escribe a García Ortiz, que ya a mostrado su interés por conocer la causa. La noche del 13 de marzo, después de que informara de un correo del fiscal ofreciendo un pacto a González Amador, el fiscal general pide todos los documentos.
«A qué correo te mando los correos cruzados de Julián [fiscal del caso] y el abogado [de González Amador]?», escribe Álvarez a las 21.54h. El fiscal general le responde inmediatamente dándole su cuenta de correo particular, y las gracias.
Ese correo particular de Gmail también se menciona en el oficio de apenas dos folios enviado ayer al juez por la Guardia Civil. Tras dar cuenta de la inexistencia de mensajes instantáneos, añade que el examen del ordenador de sobremesa de García Ortiz tampoco arroja gran cosa. En su cuenta oficial de la Fiscalía hay mensajes, 45, pero ninguno vinculado al caso.
A eso añaden que se ha encontrado en la copia de seguridad de la cuenta del correo de Google de García Ortiz de un correo recibido la noche del 13 de marzo, cuando el fiscal general reclamó a la fiscal jefe de Madrid toda la documentación sobre el caso de la pareja de Ayuso. El correo está fechado a las 23.45 horas.
La Guardia Civil no ha podido recuperar, con el material que trabajaba, nada más. Se sabe por otros elementos de la investigación que en esa misma cuenta recibió a las 22.01 horas otro mensaje de la fiscal jefe con el grueso del expediente de Alberto González Amador. En ese primer envío estaba, presumiblemente, el documento cuya filtración se investiga.
Además del directo perjudicado por la filtración, en la causa están personados como acusación popular la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (Apif), el Icam, la Fundación Foro Libertad y Alternativa y Manos Limpias. Ayer mismo, esta última acusación presentó un escrito pidiendo al juez que oficie a Meta (Whatsapp), Apple y Alphabet (Google) para que aporten las copias de seguridad del teléfono del fiscal general que tengan almacenadas.
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