
El juez del 'caso Ábalos' eleva a cinco los posibles delitos cometidos por Pardo de Vera
El magistrado suma organización criminal, prevaricación y cohecho a la malversación y tráfico de influencias
"Almudena, no me coges el teléfono. Si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato. La actuación de los compañeros y de la Fiscalía es impecable y hay que defenderla"
Investigacion Judicial27 de diciembre de 2024El juez del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general por la filtración de datos reservados sobre la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha adelantado en una resolución conocida este jueves su decisión de citar como investigado a Álvaro García Ortiz.
Tras dos meses de diligencias, el magistrado Ángel Hurtado sigue considerando que es de la Fiscalía General desde la que "a nivel indiciario, pudiera haber salido" la información sobre la investigación tributaria abierta al empresario Alberto González Amador.
La causa se centra en un correo electrónico en el que el abogado de la pareja de Ayuso comunicó al fiscal de delitos económicos Julián Salto que "ciertamente" González Amador había cometido dos delitos fiscales, ofreciendo a la Fiscalía llegar a un acuerdo de conformidad para evitar la cárcel.
El instructor de la Sala Penal indica en su última resolución que, "con carácter previo a la toma de declaración de los investigados", es preciso acordar otras citaciones, entre ellas la del fiscal Salto y la de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, ambos como testigos.
Es la primera vez que Hurtado exterioriza su intención de citar a García Ortiz como investigado, lo que se produce, significativamente, una semana después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil informase de que no se ha encontrado ningún mensaje en el móvil intervenido el pasado 30 de octubre al fiscal general relativo a los hechos que son objeto del procedimiento.
Fuentes de la Fiscalía explicaron que no hay ningún mensaje sobre González Amador ni sobre ninguna otra cosa porque García Ortiz cambió su dispositivo móvil con anterioridad al inicio de la causa.
Tras el informe de la UCO, el abogado de González Amador, que interviene como acusación particular, y las acusaciones populares pidieron numerosas diligencias, como dirigirse a Google, Meta, Icloud y compañías telefónicas para reclamar los backup (copias de seguridad) de las tarjetas y dispositivos del fiscal general.
Hurtado ha aplazado su decisión sobre esas peticiones -cuya proporcionalidad, tratándose de la investigación de un delito menos grave, podría ser cuestionada- e intentará antes obtener datos sobre los mensajes del fiscal general relacionados con la pareja de Ayuso por otras vías.
Una de ellas es la declaración de Lastra. La fiscal superior de Madrid, que no tiene una buena relación con el fiscal general, declaró el pasado 13 de junio ante el instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), órgano que entonces tramitaba la querella de González Amador que dio origen a la causa.
En aquel momento, la supuesta revelación de secretos se atribuía a la nota de prensa que la Fiscalía difundió el 14 de marzo para desmentir la falsa información de que el Ministerio Público había ofrecido un pacto a González Amador, aunque luego lo había retirado para llevarle a juicio.
El carácter delictivo de esa nota de prensa fue descartado por el Tribunal Supremo cuando el TSJM elevó el procedimiento a la Sala Penal después de que García Ortiz asumiera la responsabilidad de haber ordenado la elaboración del comunicado informativo.
Lastra fue una de las dos fiscales jefas a las que Julián Salto envió en la noche del 13 de marzo los correos que se intercambió con el abogado de González Amador. La otra era la fiscal de Madrid, Pilar Rodríguez, contra la que, además de García Ortiz, se dirige la investigación.
En cambio, Almudena Lastra declaró como testigo (y en esa condición ha sido citada ahora por el instructor del Supremo) porque trascendió a la prensa su oposición al contenido de la nota informativa, oposición que confirmo durante su comparecencia en el TSJM.
Sin embargo, no fue interrogada sobre la filtración del correo en el que la defensa de González Amador asumía al fraude fiscal, que no fue investigada por el TSJM.
Lastra aportó cinco mensajes de whatsapp del fiscal general en los que, entre las 09:03 y las 09:37 del 14 de marzo, García Ortiz le pidió que el gabinete de prensa de la Fiscalía Superior de la Madrid difundiera la nota de prensa. "Almudena, no me coges el teléfono. Si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato. La actuación de los compañeros y de la Fiscalía es impecable y hay que defenderla", le escribió García Ortiz.
No se conocen, no obstante, las respuestas de Lastra ni tampoco los mensajes anteriores o posteriores a los emitidos en esos 34 minutos.
A preguntas del abogado de González Amador, la fiscal superior manifestó en el TSJM que "guarda los correos electrónicos y los whatsapp en relación con la Fiscalía General de Estado y los aportará para su volcado cuando lo pidan".
Esa manifestación resulta clave ahora y ha sido rescatada por el instructor del Supremo. "Conviene oír" a la fiscal superior, ha señalado el magistrado Hurtado, porque, "con independencia de que pueda reiterarse en alguno de los aspectos sobre los que ya declaró, conviene que aporte información en relación con el intercambio de mensajes que mantuvo con el fiscal general del Estado".
El juez del Supremo también quiere "valorar el ofrecimiento que hizo para el volcado de los correos electrónicos y whatsapp que mantuvo con la Fiscalía General del Estado", lo que puede ser indicativo de la intención de Hurtado de pedir a Almudena Lastra sus dispositivos para clonarlos, como ya ha hecho con Álvaro García Ortiz, Pilar Rodríguez y el exsecretario general del Partido Socialista de Madrid Juan Lobato.
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El magistrado suma organización criminal, prevaricación y cohecho a la malversación y tráfico de influencias
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Tanto las hechas como las recibidas por Álvarez desde el 16 de julio de 2018, fecha en la que fue nombrada asesora de la mujer de Sánchez, hasta el pasado 1 de julio, vinculadas con la OMT, Indra Sistemas S.A., Google Spain S.L., Fundación Manpower, Arsys Internet, Telefónica S.A., Fundación La Caixa, Reale
En referencia a la malversación, el instructor del caso Begoña Gómez razonó que el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes era el responsable de velar por los fondos públicos con los que se pagó a Cristina Álvarez
Manos Limpias alude también al hecho de que el TC haya eludido valorar las motivaciones de la ley, que «se gesta en Ginebra» entre los «emisarios» del presidente del Gobierno, Santos Cerdán y Félix Bolaños, y «el prófugo» Carles Puigdemont. Perpetrando, denuncia, un delito de obstrucción a la Justicia y de «colaboración con prófugos»
"La tolerancia llegará a tal nivel que a las personas inteligentes se les prohibirá pensar para no ofender a los idiotas" Fiódor Dostoyevski
Por ello, solicita al INSS la apertura de un «expediente de revisión de oficio del grado de incapacidad permanente» reconocido a Paqui Muñoz Cano, «con base en los indicios objetivos de mejoría funcional conocidos públicamente»
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