Impacto España Noticias
El magistrado Santiago Pedraz ha ordenado este lunes llamar a declarar como imputados a 25 personas acusadas de formar una red de tráfico de influencias, prevaricación, malversación y organización criminal en el seno de varias empresas estatales.
Entre los implicados figura Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE, señalado por la Fiscalía Anticorrupción como presunto titular encubierto de participaciones en una de las sociedades utilizadas para canalizar comisiones ilícitas.
La providencia, dictada este lunes, responde a un escrito de las fiscales Elisa Lamelas y Mar Scharfhausen, presentado cuatro días antes, que solicita que el procedimiento se dirija «no sólo formal sino también materialmente» contra los 25 imputados.
El núcleo de la investigación gira en torno a un grupo que, según la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), llegó a autodenominarse «HIRUROK», vocablo vasco que significa «nosotros tres». Sus supuestos integrantes principales son Antxón Alonso, Vicente Fernández Guerrero y Leire Díaz.
Para canalizar los fondos presuntamente obtenidos de forma ilícita, el trío habría empleado varias sociedades instrumentales. La principal, Mediaciones Martínez SL, facturó 913.199 euros entre julio de 2021 y agosto de 2023. Otra, Servinabar 2000 SL, habría sido el vehículo a través del cual se habrían articulado varios de los contratos con entidades públicas investigadas.
Los indicios reunidos por la UCO en su informe de más de 240 páginas, se articulan en torno a cinco operativas diferenciadas: contratos con Mercasa, ENUSA, el fondo de rescate FASEE gestionado por la SEPI para Tubos Reunidos, la adjudicación de una obra de demolición en Avilés tramitada por el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) y una inversión pública en el grupo de energías renovables Forestalia.
La comunicación entre los imputados se habría producido mayoritariamente a través de la aplicación de mensajería cifrada Threema, en grupos denominados «Hirurok» e «Hirurok Berriro», lo que habría dificultado la labor de los investigadores pero no impedido la obtención de evidencias.
En la operativa relacionada con Mercasa, la UCO ha documentado cómo Servinabar obtuvo la adjudicación por 18.119 euros –al límite legal de un contrato menor– tras una serie de contactos directos con la dirección de la empresa pública.
Las notas internas de una reunión celebrada el 1 de junio de 2021 en el restaurante Asador Donostiarra, compartidas en el chat grupal, describen gestiones para inflar artificialmente el coste de rehabilitación de la sede de Mercasa en el Paseo de la Habana 180: en apenas tres días, la estimación subió de 2.114.417 a 2.828.571,72 euros, un incremento de más de 700.000 euros «sin causa objetiva que lo justifique», según el atestado.
Respecto a ENUSA, el grupo habría actuado como intermediario entre esta empresa pública y Acciona para facilitar la venta de activos de gestión de residuos en Melilla y Castellón.
El catedrático de Derecho Administrativo Juan Antonio Carrillo Donaire, ahora investigado, habría redactado un dictamen jurídico de 51 páginas cuyo coste fue asumido por la empresa estatal, y que, según la UCO, tenía por objeto dar respaldo legal a los intereses previamente concertados con Acciona.
La ramificación más detallada de la causa afecta al rescate de Tubos Reunidos. La empresa alavesa recibió el 20 de julio de 2021 un crédito participativo de 115 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE).
Según el informe de la UCO, Vicente Fernández habría obtenido de Miguel Ángel Figueroa, Director de Participadas III de la SEPI, documentación interna catalogada como «Confidencial», incluido el orden del día del Consejo Gestor, para trasladarla al presidente de Tubos Reunidos.
Un mensaje interceptado del 13 de julio de 2021 señala que la aprobación habría llegado «gracias al esfuerzo de los tres, cada uno en su ámbito».
Como contraprestación, Mediaciones Martínez llegó a percibir 114.959 euros de Tubos Reunidos en virtud de un contrato de asesoramiento firmado el 1 de diciembre de 2021.
Las gestiones se prolongaron hasta 2025: la última autorización favorable, firmada por el responsable del expediente en la SEPI Julián Mateos-Aparicio el 28 de marzo de 2025, habría generado un pago adicional de 40.000 euros a Vicente Fernández, precisamente ex presidente de la SEPI.
La operativa de Erri Berri en la demolición de las baterías de coque de Avilés añade un elemento especialmente escabroso: Vicente Fernández habría anticipado el sentido de una resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales antes de que fuera dictada, afirmando que la presidenta del tribunal «ha dicho que el próximo jueves 20 habrá resuelto el recurso de Lezama, rechazándolo». La resolución, de 20 de enero de 2022, se produjo exactamente como había anunciado.
El auto del juez Pedraz ordena ahora a todos los imputados que no estén personados en la causa que designen abogado y procurador antes de prestar declaración.
La causa, que tiene su origen en una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción presentada el 10 de diciembre de 2025, queda pendiente además de la incorporación de las diligencias del Juzgado número 9 de Madrid. Con 25 imputados, al menos cinco operativas sospechosas y un rastro documental que alcanza la sede del PSOE en la calle Ferraz, el caso apunta a convertirse en uno de los procesos por corrupción de mayor alcance institucional de la última década.
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