El año 2024 cierra con un balance demoledor para el Ministerio de Igualdad, con una cifra récord de 5.258 agresiones y abusos sexuales con penetración, según proyecciones basadas en los datos del Ministerio del Interior. Estos alarmantes números subrayan el fracaso de una política dirigida más por el sectarismo que por la eficacia.

El presupuesto más alto, los resultados más bajos
Con un presupuesto anual de 573 millones de euros, el gabinete liderado por la socialista Ana Redondo ha fracasado en frenar el auge de la violencia sexual.

En los primeros nueve meses del año, 3.944 agresiones con penetración fueron registradas, marcando un incremento del 6,6% respecto al mismo periodo de 2023. Esta tendencia al alza no es nueva: en 2017 se contabilizaron 2.136 violaciones, cifra que prácticamente se ha duplicado en menos de una década.

Frente a estas cifras, desde el Ministerio del Interior argumentan que el aumento de casos reportados refleja una mayor disposición de las víctimas a denunciar. Sin embargo, expertos desmienten esta tesis. Según Alberto Rodríguez, coordinador del Grupo de Trabajo de Criminología Aplicada a la Función Policial, esta justificación es una mera “excusa” para evitar la “alarma social”.

“Pensar que somos una sociedad distinta a hace cuatro o cinco años es una excusa para justificar un incremento continuado e imparable de un delito grave que genera mucha alarma social”, afirmó Rodríguez.

La relación entre inmigración ilegal y violencia Sexual
Los datos respaldan una preocupante correlación entre inmigración ilegal y delitos sexuales. En regiones como Cataluña, donde reside el mayor número de marroquíes censados (235.278), la violencia sexual se concentra de forma alarmante. “Hay culturas que tienen normalizada la violencia contra la mujer.

Dentro de esta violencia nos encontramos con comportamientos calificados como delitos sexuales”, apunta Rodríguez.

Además, el criminólogo destaca el impacto de la cifra negra de los delitos sexuales, aquellos que no se denuncian. “Si hiciéramos una encuesta de victimización a 1.000 mujeres, nos sorprenderíamos de la cantidad que ha sido víctima de comportamientos como que en el metro les hayan rozado el culo o un extraño les haya frotado sus partes contra ellas”, explicó.

Estos actos, aunque más leves, no tienen consecuencias para los infractores y generan una escalada de comportamientos que pueden desembocar en delitos más graves.

El sectarismo no soluciona problemas
Mientras los presupuestos se disparan y las políticas de Igualdad fracasan, el Ministerio se ve envuelto en escándalos. Uno de los más graves fue el de Isabel García, exdirectora del Instituto de las Mujeres, cesada tras destaparse que se benefició de 64 contratos adjudicados a dedo por ayuntamientos socialistas a empresas vinculadas a ella o a su pareja.

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Estos datos evidencian que, cuando a un gobierno le mueve el sectarismo, los problemas no solo no se solucionan, sino que empeoran. En lugar de abordar las raíces de la violencia sexual, como la falta de integración y el impacto cultural de la inmigración ilegal, se desvían recursos hacia agendas ideológicas sin resultados tangibles.

El resultado es claro: más violencia, más víctimas y un Estado que no protege a las mujeres. Como bien señala Samuel Vázquez, “no es cuestión de denunciar más, es cuestión de actuar mejor”. Un cambio de rumbo es urgente para garantizar la seguridad y el bienestar de todas las mujeres en España.

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