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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya investiga si las presuntas adjudicaciones irregulares vinculadas a la trama Koldo alcanzaron a las obras ferroviarias realizadas en los tramos donde se produjeron los accidentes de Urda (Toledo) y Adamuz (Córdoba), que han dejado un balance conjunto de 115 fallecidos.
Los investigadores analizan contratos concedidos por Adif a constructoras relacionadas con las pesquisas sobre el supuesto cobro de comisiones ilegales en el Ministerio de Transportes.
Uno de los principales focos de atención es el Grupo Azvi, cuya sede en Sevilla fue objeto este jueves de una actuación de la Guardia Civil. Los agentes recabaron abundante documentación tanto de la constructora como de Adif, en el marco de una nueva pieza separada del caso Koldo autorizada por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. La operación también se desarrolló en Madrid, Córdoba y Valencia y se saldó con seis detenciones.
La relación entre Azvi y Koldo García constituye uno de los elementos que examinan los investigadores. La agenda del antiguo asesor de José Luis Ábalos recoge tres encuentros con representantes de la compañía durante 2021. El primero, fechado el 9 de febrero, habría reunido a García con el presidente de la constructora, Manuel Contreras, apenas unas semanas antes de la licitación de las obras de renovación de desvíos de la línea Madrid-Sevilla. Otros dos encuentros figuran anotados para el 28 de mayo y el 15 de junio de aquel año.
La constructora sevillana participó posteriormente en dos adjudicaciones para intervenir en el tramo comprendido entre Guadalmez y Córdoba, que incluye Adamuz. Lo hizo mediante uniones temporales de empresas, con una participación del 25%, en contratos valorados en 21 y 26,8 millones de euros. Las actuaciones formaban parte de la renovación de la infraestructura ferroviaria, impulsada por el Ministerio de Transportes a través de Adif.
Las sospechas también alcanzan al entorno de Urda, donde Acciona participó en la renovación del denominado tramo B. Esta compañía aparece mencionada en investigaciones de la Guardia Civil por su presunta participación en adjudicaciones obtenidas mediante pagos ilegales al entorno de Ábalos. Acciona también intervino en el tramo C de la línea ferroviaria que atraviesa Adamuz.
La UCO trata de determinar si determinados contratos fueron adjudicados mediante prácticas irregulares, incluidas ofertas económicas anormalmente bajas y posibles deficiencias técnicas en los trabajos de mantenimiento. Sin embargo, todavía no se ha acreditado que las presuntas irregularidades investigadas provocaran ninguno de los dos accidentes. La existencia de contratos bajo sospecha en estas infraestructuras no demuestra por sí sola una relación causal con los siniestros.
Entre los detenidos en la operación figuran Cristian Corvillo, empresario cordobés que trabajó como chófer de Pedro Sánchez durante las primarias socialistas de 2017, y Andrea de la Torre, vinculada sentimentalmente al exministro José Luis Ábalos. La investigación se enmarca en las pesquisas sobre supuestas comisiones a cambio de contratos públicos, una causa en la que también figura investigado el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
Por su parte, Azvi ha defendido su actuación y ha asegurado afrontar con absoluta tranquilidad el requerimiento judicial. La compañía sostiene que la intervención de los investigadores permitirá acreditar la legalidad de sus procedimientos. Además, recuerda que ya emprendió acciones judiciales contra Víctor de Aldama después de que este la señalara por supuestos pagos de comisiones.
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