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La UCO asegura que el fiscal general habría cambiado de teléfono móvil una semana después de ser encausado

La UCO indica que "el inicio de actividad de los IMSIs aparejados a estos IMEIs es de fecha de 23 de octubre de 2024, es decir, se habría producido un cambio de terminal telefónico en ese día respecto a las tarjetas precitadas"

Corrupción03/01/2025Impacto España NoticiasImpacto España Noticias
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Álvaro García Ortiz

La Unidad Central Operativa (UCO) ha concluido que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cambió de teléfono móvil el pasado 23 de octubre, una semana después de que fuese enjuiciado por el Tribunal Supremo por presunta revelación de secretos contra Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Según un informe, la UCO analiza los números de teléfono e IMISI/IMEI (didentificadoes) asociados a las tarjetas del dispositivo telefónico incautado a García Ortiz durante el registro efectuado en su despacho el pasado 30 de octubre.

La UCO indica que "el inicio de actividad de los IMSIs aparejados a estos IMEIs es de fecha de 23 de octubre de 2024, es decir, se habría producido un cambio de terminal telefónico en ese día respecto a las tarjetas precitadas".

Los investigadores detallan que, "en lo que respecta a los números de teléfono asociados a las tarjetas objeto de dicha diligencia, y la titularidad asociada a los mismos, se han identificado dos números".

Uno de los números está a nombre del propio García Ortiz, que es donde recibió los mensajes de WhatsApp de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, la otra imputada. Y otro a nombre de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, dependiente del Ministerio de Hacienda.

Por otro lado, la UCO precisa que ha detectado dos "IMSIs (identificador único de cada abonado) de las tarjetas que se encontraban en el dispositivo móvil localizado durante la diligencia de entrada y registro", uno vinculado al primer número de teléfono y otro al segundo, y ambos activados en 2020.

Finalmente, señala que, "en relación con los números de IMEI (identificador único de cada dispositivo telefónico) asociados al terminal móvil localizado", se han encontrado dos.

También borró los mensajes
Hace tan solo un par de semanas, la UCO señaló que no encontraron ningún mensaje en los dispositivos del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el periodo en el que se filtró presuntamente información de la investigación por fraude de la pareja Ayuso.

Horas después, fuentes fiscales confirmaron, que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, borró los mensajes contenidos en su teléfono móvil en los días clave de la presunta filtración de Alberto González Amador, novio de Ayuso.

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Sin embargo, indican que García Ortiz borró los mensajes personalmente por protocolo, ya que no lo hizo de forma específica en el periodo del 8 al 14 de marzo, sino como parte de un borrado cíclico que hace de todos los mensajes de su teléfono móvil.

Contexto del caso
Las pesquisas judiciales iniciaron debido a una querella presentada por la pareja de Ayuso por la nota de prensa difundida a las 10:20 horas del 14 de marzo por la Fiscalía de Madrid, en la que se daba cuenta del intercambio de correos electrónicos entre la defensa de González Amador y el fiscal que le investigaba por presuntos delitos fiscales, Julián Salto.

Ante esto, el Ministerio Público difundió el comunicado para desmantelar un "bulo", por una noticia en la que se indicaba que fue el fiscal quien ofreció pactar a González Amador, en vez de al revés, como ocurrió.

Sin embargo, cuando el Supremo abrió causa el pasado 16 de octubre, descartó delito en esa nota de prensa porque la información que ofrecía ya se había publicado horas antes en los medios. Así, puso el foco en la filtración de los 'emails' a la prensa a lo largo de la noche del 13 de marzo.

A ello hay que añadir que la UCO, en el informe donde analizó el contenido del teléfono móvil de Rodríguez, acusó a la Fiscalía de ser también la responsable de la filtración a la prensa de la existencia de una investigación contra González Amador por presuntos delitos fiscales.

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