La reciente revelación de un audio donde el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, admite que «no se transmitió información sobre el barranco del Poyo» confirma lo que muchas víctimas y expertos ya sospechaban:

la tragedia del 29 de octubre no fue un desastre natural inevitable, sino el resultado directo de la negligencia y dejación de funciones por parte de las administraciones responsables.

La falta de aviso oportuno y la omisión deliberada de información resultaron en la muerte de 232 personas, 224 de ellas en la Comunidad Valenciana, y pérdidas millonarias que podrían haberse evitado. 

Un apagón informativo mortal. El audio, fechado el 19 de diciembre de 2024, deja en evidencia que la CHJ permaneció en completo silencio informativo durante dos horas y media, un periodo crucial en el que la riada del barranco del Poyo multiplicó su caudal de 28,7 metros cúbicos a 1.686.

Mientras las aguas arrasaban localidades como Paiporta, Torrent y Picanya, los responsables de alertar sobre la situación decidieron no actuar.

La respuesta de Miguel Polo fue una excusa inaceptable: «Lo que no se transmitió es información sobre el barranco del Poyo«. Es decir, los responsables de velar por la seguridad hidráulica decidieron omitir datos clave en plena emergencia, dejando a miles de ciudadanos expuestos a una catástrofe.

El gobierno socialista culpable. La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) es una entidad dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, dirigido en ese momento por Teresa Ribera. Ahora, con el audio de Miguel Polo, se confirma sin lugar a dudas que la administración central socialista falló en su deber de alerta y prevención.

La CHJ, en lugar de informar sobre el peligro inminente, se limitó a emitir tres avisos vía correo electrónico antes de las 16:13 horas. Luego, se produjo un silencio absoluto hasta que el desastre era imparable. La pregunta es inevitable: ¿Por qué se decidió ocultar esta información vital?

No fue un desastre natural, fue negligencia. Durante meses, se nos ha vendido la narrativa de que la tragedia del 29 de octubre fue una consecuencia inevitable del cambio climático y de un fenómeno meteorológico extremo. Sin embargo, los hechos demuestran que hubo un fallo sistémico de comunicación y una grave dejación de funciones por parte de los organismos responsables.

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La CHJ, que hasta el momento solo había remitido escasos avisos, tenía el deber de informar sobre la crecida del barranco del Poyo al Centro de Coordinación de Emergencias (Cecopi). No lo hizo. Cuando por fin cesó el apagón informativo, las localidades afectadas ya estaban anegadas y las pérdidas eran incalculables.

Depurar responsabilidades. Las víctimas de esta catástrofe no pueden conformarse con disculpas vacías ni con ceses simbólicos. Es urgente que se depuren responsabilidades a través de dimisiones inmediatas y se proceda al enjuiciamiento civil y penal de todos los implicados en esta negligencia mortal. No estamos ante un simple error administrativo; estamos ante un hecho que costó vidas y destrozó el patrimonio de cientos de familias.

Los ciudadanos deben exigir respuestas y justicia. Las víctimas lo demandan. No podemos permitir que este episodio quede en el olvido ni que los responsables continúen en sus cargos sin rendir cuentas. La verdad ha salido a la luz: el desastre del 29 de octubre no fue solo una DANA, fue una tragedia provocada por la incompetencia y negligencia de quienes debían proteger a la población.