Pedro Sánchez, de la mano de la comunista Yolanda Díaz, ha dado un paso más en la injerencia estatal sobre la vida privada de los ciudadanos. Esta vez, el objetivo es la esfera laboral.

El reciente Anteproyecto de Ley aprobado en el Consejo de Ministros establece la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, pero lo verdaderamente preocupante es el mecanismo de control que lo acompaña: un sistema de registro horario digital y en tiempo real que permitirá a la Inspección de Trabajo supervisar cada movimiento de los trabajadores.

Este sistema no solo registra el inicio y fin de la jornada, sino también cada interrupción y pausa que realicen los empleados. Todo ello bajo el pretexto de garantizar el cumplimiento de la reducción horaria, pero con una evidente intención de vigilancia masiva. Yolanda Díaz lo dejó claro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros:

“El control horario va a ser modificado, va a ser propio del siglo XXI, y va a ser, por supuesto, digital, interoperable, con control remoto y en el que la Inspección de Trabajo va a saber, en tiempo real, cuáles son las jornadas que cualquiera de ustedes van a hacer”.

La excusa de la reducción de jornada: el verdadero objetivo es la vigilancia
La verdadera razón detrás de esta medida no es el bienestar del trabajador, sino la creación de un sistema de vigilancia laboral sin precedentes. Como bien denunció el presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos, Fernando Santiago, “Me parece invasivo que la Inspección de Trabajo pueda entrar en los programas de control horario.

Es una medida que demuestra, una vez más, la falta de confianza de los gobernantes en las empresas. Además, crea, en mi opinión, un grave precedente. ¿Qué será lo siguiente? ¿Fiscalizarán cada asiento contable en tiempo real? ¿Revisarán las nóminas antes de pagarlas?”.

Desde 2019, las empresas ya estaban obligadas a registrar la jornada de sus empleados, pero ahora la nueva normativa impone que este control sea digital y accesible en tiempo real para la Inspección de Trabajo. De esta manera, el Gobierno podrá vigilar a distancia la actividad laboral de cualquier trabajador, sin necesidad de intermediarios ni revisiones posteriores.

Requisitos draconianos y amenaza de sanciones
El nuevo sistema de control laboral impone una serie de requisitos estrictos:

Los trabajadores deberán registrar manualmente sus entradas y salidas, así como cualquier pausa o interrupción.
La información deberá estar disponible en tiempo real y ser accesible tanto para los empleados como para las autoridades.
Las empresas tendrán que conservar los registros durante un periodo de cuatro años.
La Inspección de Trabajo podrá acceder remotamente a todos los datos almacenados.

El incumplimiento de estas normativas podrá derivar en fuertes sanciones económicas, que oscilan entre los 1.000 y los 10.000 euros por cada trabajador afectado. Además, cualquier infracción relacionada con el tiempo de trabajo que se considere un «riesgo grave para la seguridad y salud» podrá clasificarse como una falta muy grave, con sanciones aún más severas.

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Hacia un modelo de control absoluto
Con esta medida, el Gobierno socialista-comunista de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz impone un sistema de control poblacional que vulnera la privacidad de los trabajadores y otorga al Estado un poder inédito sobre la relación laboral entre empresa y empleado. No se trata de una mejora en las condiciones laborales, sino de una herramienta de fiscalización continua que allana el camino para futuras medidas de control social.

Este es solo otro paso de una estrategia más amplia de intervencionismo estatal que amenaza con socavar la soberanía individual y empresarial en favor de un modelo de supervisión totalitaria.

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