La situación legal del ministro Torres sigue en desarrollo, y las próximas semanas serán clave para determinar si el Tribunal Supremo decide imputarlo formalmente
Corrupción10 de febrero de 2025
Impacto España Noticias
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, enfrenta un posible proceso judicial en el Tribunal Supremo debido a su presunta implicación en la trama Koldo.
Según fuentes judiciales, Torres es el miembro del Gobierno con la situación más comprometida dentro de esta investigación sobre presuntas irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia.
El empresario Víctor de Aldama ha declarado que Torres solicitó una comisión de 50.000 euros cuando era presidente de Canarias a cambio de contratos para la adquisición de material sanitario
. Además, Aldama ha mencionado que facilitó al ministro encuentros en pisos de Madrid con "señoritas". Estas declaraciones han generado una fuerte controversia y han motivado la actuación del Tribunal Supremo.
Por su parte, Torres ha negado tajantemente todas las acusaciones, asegurando que nunca ha tenido contacto con Aldama ni ha participado en ninguna de las actividades mencionadas. "Es imposible demostrar algo que nunca ocurrió", ha afirmado el ministro en sus declaraciones a la prensa.
En el marco de la investigación, el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil un informe detallado sobre las comunicaciones y movimientos financieros de los implicados. Además, ha concedido un plazo de 10 días a Aldama para presentar pruebas que respalden sus acusaciones.
El Parlamento de Canarias también ha citado a Torres, junto con el exministro José Luis Ábalos y el exasesor Koldo García, para comparecer ante la comisión de investigación sobre la compra de material sanitario durante la pandemia. Esta comparecencia podría arrojar más luz sobre las presuntas irregularidades.
La situación legal del ministro Torres sigue en desarrollo, y las próximas semanas serán clave para determinar si el Tribunal Supremo decide imputarlo formalmente. Mientras tanto, el Gobierno sigue de cerca el desarrollo del caso, que podría tener importantes repercusiones políticas.
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