Este fallo marca un precedente al establecer que el Ministerio de Sanidad es la entidad responsable de indemnizar a aquellas compañías a las que se les requisó material sanitario u otros productos durante la pandemia
Nacional04 de marzo de 2025
Impacto España Noticias
El Tribunal Supremo ha reconocido, por primera vez, la responsabilidad patrimonial del Estado en el marco del estado de alarma. La Sala de lo Contencioso del alto tribunal ha decidido estimar el recurso presentado por una empresa de Burgos dedicada a la recuperación de metales y plásticos, en el que solicita una compensación económica por los perjuicios derivados de la incautación de distintos bienes y materiales en sus instalaciones.
Este fallo marca un precedente al establecer que el Ministerio de Sanidad es la entidad responsable de indemnizar a aquellas compañías a las que se les requisó material sanitario u otros productos durante la pandemia.
La Sala Tercera del Supremo ha dictaminado que la empresa demandante debe recibir una compensación de 146.587,70 euros, a los que se sumará un incremento del 5% en concepto de premio de afección, además de los intereses legales acumulados desde marzo de 2020.
Según la resolución, a la compañía le fueron confiscados 22.900 pares de guantes, 11.700 mascarillas, 768 batas médicas, 114 kilos de algodón y celulosa, 100 gorros sanitarios y 59 dispositivos de emergencia respiratoria, un conjunto de bienes que la empresa valoró en más de 170.000 euros.
El Supremo ha respaldado la reclamación al considerar que, aunque la incautación podría haberse enmarcado en un proceso especial de expropiación forzosa, en este caso se ejecutó mediante la Resolución del Delegado del Gobierno de marzo de 2020.
Dicha normativa hacía referencia explícita a las disposiciones sobre responsabilidad patrimonial. La sentencia destaca que la orden para intervenir y requisar estos productos sanitarios fue emitida directamente por el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, lo que atribuye la responsabilidad al ministerio que dirigía en ese momento.
Otro aspecto clave de la decisión judicial es el método de cálculo de la indemnización. Los magistrados han aplicado el artículo 120 de la Ley de Expropiación Forzosa, que establece que la valoración de los bienes muebles debe seguir criterios específicos para determinar el importe a compensar. Por ello, la cantidad a abonar se computará desde el inicio del expediente administrativo.
El tribunal también ha concluido que, para restituir plenamente el valor de los bienes expropiados, debe tenerse en cuenta su valor final incluyendo el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), ya que estaban destinados a la actividad comercial. «Se acepta la aplicación del IVA conforme al cálculo realizado por el perito judicial, evitando así la duplicidad que plantea la parte recurrente», señala la sentencia.
Además, el Supremo ha dictaminado que, junto al importe de la indemnización, debe aplicarse un 5% adicional como premio de afectación, con el objetivo de compensar el impacto de la privación del bien o derecho, en línea con una sentencia previa de la Sala Tercera de febrero de 2013. Finalmente, el tribunal ha determinado que el Estado también deberá asumir los intereses generados desde el 19 de marzo de 2020.
Este fallo es el primero en el que se condena al Estado por responsabilidad patrimonial en el contexto de la pandemia.
Hasta la fecha, el Supremo ha rechazado cerca de 700 recursos de empresas que exigían indemnizaciones por los perjuicios sufridos debido al cierre de sus negocios, al considerar que la declaración de inconstitucionalidad del estado de alarma no constituye, por sí sola, un motivo suficiente para generar una responsabilidad patrimonial de la Administración Pública.
Sin embargo, este caso presenta diferencias respecto a otros litigios planteados ante el Supremo. Según la Abogacía del Estado, mientras que en otros procedimientos se debate si se cumplen los requisitos para que exista responsabilidad patrimonial, en este caso sólo se trata de determinar el importe exacto de la compensación y qué entidad gubernamental debe hacerse cargo del pago.
¿Conoces algún hecho irregular que quieres que investigue y cuente Impacto España Noticias? Escribe a [email protected]
Comparte en Redes Sociales
Apoya el periodismo independiente y crítico
Evite la censura de Internet suscribiéndose directamente a nuestro canal de Telegram, Newsletter
Haz tu Donación
Síguenos en Telegram: https://t.me/impactoespananoticias
Whassapt Impacto España: https://chat.whatsapp.com/DkvQU3OzEzz1Ih524CPUd7
Twitter: https://twitter.com/impactoSumustv
Instagram: https://www.instagram.com/impactoespana?r=nametag
YOUTUBE:https://youtube.com/@impactoespananoticias
Odysee: https://odysee.com/@impactoespa%C3%B1anoticias:a
WhatsApp: 635967726
Así, se desprende del informe técnico remitido por la propia Confederación Hidrográfica del Júcar a petición de la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja, que dirige las diligencias previas en torno a este caso
Pablo Iglesias junto a su pareja Irene Montero, ocultaron acusaciones de acoso sexual contra Juan Carlos Monedero a cambio de silencio
El pasado octubre, todos aplaudieron la aprobación de una ley que ofrecía garantías a los enfermos de ELA y prometía mejorar su situación
En la última década, el suelo utilizado para la instalación de paneles fotovoltaicos ha aumentado un 150%, lo que está provocando una pérdida progresiva de tierras cultivables. ¿Es el fin del campo?
"La ultraderecha manipula las redes para difundir bulos que llegan con rapidez a jóvenes"
Líderes de la oposición han denunciado que esta ley podría ser un intento del Ejecutivo de blindar a Begoña Gómez de posibles investigaciones judiciales relacionadas con su actividad profesional y sus vínculos con contratos públicos
Gran parte del dinero malversado ha sido dispersado a través de empresas, cuentas en el extranjero y mecanismos financieros que dificultan su rastreo
Marruecos ha sido, con diferencia, el país con más ciudadanos que han adquirido la nacionalidad española, con un total de 229.572 personas
Son incompatibilidades establecidas en la Constitución y en la Ley Electoral, El artículo 98.3 de la Constitución Española prohíbe estos cargos dobles y se desarrolla en los artículos 12.2 y 14.1 de la Ley 50/1997, en el artículo 26.2 de la Ley 19/2013 y en el artículo 157 de la LOREG
Los exámenes médicos y psicológicos apuntan a que la menor sufrió violencia sexual. La investigación pasa por esperar los resultados de las pruebas de ADN para confirmar los indicios
Cándido Conde-Pumpido, ha enviado a sus vocales afines a tantear el terreno en el Tribunal Supremo para evaluar si existiría la posibilidad de que se le imputara por prevaricación en caso de que impulsara el rescate del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz
