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Pedro Sánchez, ha confirmado que la legislación vigente ya establece que los inmigrantes deben conocer tanto el castellano como las lenguas cooficiales, como el catalán, para obtener el permiso de residencia. Esta declaración contradice lo expresado por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien había negado que existiera tal obligación.
Sánchez ha defendido que la delegación de competencias a la Generalitat se ajusta a la legalidad vigente y que la Ley de Extranjería ya establece la necesidad de acreditar conocimientos de la lengua del territorio donde se solicita la residencia.
"El catalán es una lengua oficial de España. La delegación de competencias se rige por leyes estatales y por la Ley de Extranjería. La ley dice que hace falta un conocimiento de la lengua que se habla en esos territorios", ha subrayado el presidente.
El contexto del debate
Esta polémica surge en el marco de las negociaciones entre el PSOE y Junts per Catalunya, partido que busca que la Generalitat asuma competencias en materia de inmigración. Uno de los principales objetivos de Junts es que los inmigrantes acrediten conocimientos básicos de catalán y castellano para obtener permisos de residencia y trabajo, con el fin de fortalecer la "catalanidad".
Sin embargo, esta propuesta ha generado tensiones dentro del propio Gobierno y con otras formaciones políticas. En particular, Sumar, que forma parte de la coalición gubernamental, está dividido sobre la cesión de competencias en inmigración a Cataluña. Partidos como Compromís y Podemos han expresado su oposición a esta medida.
El debate sobre el catalán ha generado tensión entre los socios de Gobierno y también con la oposición. Junts ha insistido en que el conocimiento de la lengua debe ser obligatorio para los inmigrantes que deseen vivir y trabajar en Cataluña. La portavoz del partido en el Congreso, Míriam Nogueras, fue tajante y afirmó: "Claro que sí, estamos en Cataluña y en Cataluña hay una lengua oficial, que es el catalán. Igual que si te vas a vivir a Francia, el requisito es aprender francés".
El presidente también se ha referido a la cesión de competencias a los Mossos d'Esquadra, otro de los puntos incluidos en el pacto. Sánchez ha apoyado esta medida argumentando que la policía autonómica forma parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que el refuerzo de su autonomía operativa es una muestra del modelo de cogobernanza que defiende su Ejecutivo. "El Estado somos todos.
Los Mossos también son Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como la Guardia Civil o la Policía Nacional. No veo que haya compartimentos estancos", ha dicho.
En esta línea, ha defendido la delegación de competencias en materia migratoria como un avance dentro del modelo autonómico. "Si somos un Estado autonómico, somos un Estado autonómico. Eso es lo que estamos haciendo: la famosa cogobernanza y el famoso autogobierno. Creo que es un avance", ha declarado.
Desde el Gobierno, otros ministros como Félix Bolaños o Ángel Víctor Torres han intentado restar importancia a esta condición, calificándola de "aspiración" de Junts que no tiene un reflejo normativo explícito en el acuerdo.
Implicaciones legales y constitucionales
El debate también ha llevado a expertos jurídicos a analizar la viabilidad de esta medida. Si bien la Constitución permite delegar ciertas funciones, la exclusividad del Estado en materia de inmigración podría provocar recursos de inconstitucionalidad contra esta delegación de competencias.
En este sentido, el pacto entre PSOE y Junts podría verse obstaculizado por cuestionamientos legales y la oposición de varios sectores políticos. La exigencia de conocimientos de catalán para los inmigrantes se convierte así en un tema central en las negociaciones y en un punto de tensión dentro del Ejecutivo.
Conclusión
A pesar de la controversia, la postura del Gobierno refuerza la idea de que el conocimiento de las lenguas cooficiales es un requisito para la integración de los inmigrantes en la sociedad. Sin embargo, la aplicación de esta medida y la posible cesión de competencias a Cataluña siguen siendo objeto de debate y negociaciones políticas que podrían definir el futuro de la política migratoria en España.
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