Impacto España Noticias
El encuentro celebrado este jueves en el Palacio de la Moncloa entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el delincuente, Oriol Junqueras, reactivó las conversaciones sobre la reforma del sistema de financiación autonómica y abrió la puerta a nuevas cesiones al independentismo catalán.
La reunión, la primera desde la salida de prisión y posterior indulto del dirigente republicano, se produjo en un momento de extrema fragilidad parlamentaria para el Ejecutivo, incapaz de sacar adelante nuevas leyes sin el apoyo de partidos que mantienen una agenda abiertamente secesionista.
El contexto político explica la urgencia. Con Junts retirando su apoyo en el Congreso, el Gobierno ha perdido la capacidad de aprobar iniciativas legislativas relevantes y ha quedado en manos de ERC para sostener la legislatura. En este escenario, las negociaciones se aceleran y los independentistas han elevado el precio de su respaldo, conscientes de que la debilidad del Ejecutivo les permite avanzar una agenda que no lograrían en un marco de estabilidad política.
Junqueras llegó a la cita con un listado cerrado de exigencias que incluye la condonación de parte de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), un rediseño del modelo de financiación que otorgue mayor autonomía fiscal a Cataluña, la capacidad de recaudar directamente el IRPF, la creación de un consorcio de inversiones que garantice la ejecución presupuestaria en la comunidad y decisiones pendientes en materia de infraestructuras y gestión aeroportuaria.
Tras la reunión, el líder republicano aseguró que “esta próxima semana concretaremos las cifras”, una afirmación que en Esquerra se interpreta como indicio de que la negociación se encuentra en su fase final.
Fuentes de ERC subrayan que el acuerdo es “posible” porque han conseguido imponer el ritmo y el contenido de la negociación. En Moncloa admiten avances, aunque evitan detallar alcance ni plazos. Es una estrategia habitual del Ejecutivo cuando los compromisos afectan al equilibrio territorial: reducir la visibilidad hasta que la operación esté cerrada y el coste político sea inevitable.
El encuentro no es una foto aislada, sino un eslabón más en una secuencia de contactos discretos que el independentismo describe como una negociación “global”. Bajo ese término se agrupan no sólo demandas fiscales, sino también el reconocimiento político del “conflicto”, reformas penales, transferencias de competencias, inversiones selectivas y elementos que inciden directamente en el debate sobre la cohesión territorial del Estado.
Las implicaciones trascienden el plano autonómico. La reforma del modelo de financiación puede alterar el reparto de recursos entre comunidades en beneficio de Cataluña, reabriendo el conflicto entre territorios. Varias comunidades gobernadas o disputadas por el PSOE siguen con inquietud estas conversaciones, conscientes de que la percepción de trato preferencial puede erosionar al partido en un ciclo electoral marcado por la competencia territorial.
El trasfondo de la negociación es evidente: Sánchez busca prolongar la legislatura apoyándose en quienes cuestionan la continuidad del proyecto común español, mientras el independentismo aprovecha el equilibrio parlamentario para avanzar su agenda y obtener concesiones que en otro contexto político serían políticamente inasumibles. Para ERC, la ventana de oportunidad es única. Para el Gobierno, es el precio de seguir en el poder.
A falta de cifras definitivas, las semanas que vienen serán decisivas. Si se materializa la condonación de deuda, la ampliación de la autonomía fiscal o la creación del consorcio de inversiones, el Ejecutivo tendrá que gestionar no sólo el debate económico, sino también el debate simbólico: la percepción de que el Gobierno está dispuesto a ceder a quienes aspiran a romper España con tal de garantizar la estabilidad parlamentaria.
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