Las cesiones de Pedro Sánchez a los separatistas por seguir en el poder: un análisis detallado

Desde su llegada a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez ha sido objeto de críticas por sus concesiones a los partidos independentistas catalanes.

En un contexto de gobierno en minoría y con la necesidad de apoyos parlamentarios para mantenerse en el poder, el líder del PSOE ha sellado acuerdos polémicos con formaciones como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts per Catalunya (JxCat). Este artículo analiza en profundidad las cesiones más destacadas de su gobierno a los separatistas y su impacto en la política española.

1. La Ley de Amnistía
Uno de los acuerdos más controvertidos ha sido la aprobación de la Ley de Amnistía, que beneficia a los implicados en el proceso independentista catalán entre 2012 y 2023. La medida, impulsada a petición de Junts y ERC, supone el cierre de numerosas causas judiciales contra dirigentes separatistas, incluido Carles Puigdemont, fugado en Bélgica.

La ley ha generado gran rechazo entre amplios sectores de la judicatura, que denuncian una posible injerencia en la separación de poderes, y ha sido motivo de protestas en varias ciudades de España.

2. Transferencia de competencias en inmigración
Otra concesión importante ha sido el acuerdo para transferir a la Generalitat de Cataluña competencias en materia de inmigración. Esta medida permitirá a la comunidad autónoma gestionar autorizaciones de residencia, estancia y la expedición del Número de Identidad de Extranjero (NIE), además de intervenir en la gestión de puertos y aeropuertos en lo relativo a la entrada de inmigrantes.

Desde la oposición, especialmente el Partido Popular y Vox, se ha denunciado que esta cesión rompe la unidad de la política migratoria y favorece a una comunidad sobre el resto.

3. Financiación singular para Cataluña
Otra de las demandas del independentismo ha sido una financiación especial para Cataluña. En recientes negociaciones, se ha planteado la posibilidad de que la comunidad abandone el régimen común de financiación autonómica y gestione de manera exclusiva sus propios impuestos.

Esta propuesta ha generado tensiones dentro del propio PSOE, con barones territoriales que temen que se cree un agravio comparativo con otras comunidades autónomas.

Lenguas cooficiales para elegir a Armengol
La comisión de investigación del Congreso sobre los atentados yihadistas de 2017 en Barcelona y Cambrils (Tarragona) –que permitió la comparecencia de un terrorista en la Cámara Baja en febrero– junto con la comisión que reanudará la investigación sobre la denominada Operación Cataluña. y una tercera sobre el espionaje a independentistas mediante el programa Pegasus, fueron acordadas por el PSOE con ERC y Junts en agosto de 2023, a cambio del apoyo de estos dos grupos a la elección de la socialista Francina Armengol como presidenta del Congreso.

En dichos pactos, Sánchez se plegó al separatismo y cambió el Reglamento de la Cámara para que se pueda hablar catalán, vascuence y gallego en el Congreso, y también se comprometió a que estos idiomas sean reconocidos como lenguas oficiales en el Parlamento Europeo.

 Una bochornosa comisión del Congreso permite a un terrorista condenado acusar sin pruebas al CNI

4. Creación de una mesa de diálogo con mediación internacional
Dentro de los acuerdos alcanzados entre el PSOE y los partidos independentistas, destaca la creación de una mesa de diálogo para abordar las peticiones del secesionismo catalán.

Lo más llamativo de esta iniciativa ha sido la aceptación de mediadores internacionales, una exigencia de Carles Puigdemont para facilitar el avance de las negociaciones. La oposición ha criticado duramente esta medida, argumentando que da un tratamiento de "conflicto internacional" a lo que consideran un problema interno de España.

Todos los pagos a Bildu y al PNV
Tanto el PNV como Bildu han logrado presionar eficazmente a Sánchez en lo que respecta al País Vasco, obteniendo la transferencia de diversas competencias a esta comunidad autónoma en áreas de distinta índole. El Consejo de Ministros aprobó este año un nuevo decreto-ley ómnibus en el que, entre otros puntos, el Gobierno cede al PNV un palacete en París, un inmueble valorado en aproximadamente 15 millones de euros.

En 2021, tres años después de la llegada de Sánchez a la Moncloa, delegó la gestión de las prisiones al País Vasco, permitiendo, al mismo tiempo, el acercamiento de los presos etarras a las cárceles de la región. Cuando accedió al Ejecutivo había 261 miembros de ETA en prisión, de los cuales solo tres estaban en centros penitenciarios vascos.

Actualmente, todos se encuentran en prisiones de esta comunidad autónoma o de Navarra, con la excepción de 12 reclusos.

18 millones de nóminas privadas sostienen a más de 17 millones públicas

Asimismo, el pasado verano, el Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, transfirió a la Ertzaintza, la policía autonómica vasca, las competencias para gestionar los puertos y aeropuertos, una medida que los sindicatos de la Guardia Civil han calificado como un «desmembramiento» del Instituto Armado.

Por otro lado, en 2022, el Gobierno cedió nuevamente ante el PNV al permitir la oficialidad de las selecciones vascas de pelota vasca y surf. El 28 de diciembre pasado, la Federación Internacional de Pelota Vasca ratificó la incorporación de la Federación Vasca como miembro, con derecho a participar en competiciones oficiales.

Esto abre la posibilidad de que se produzca un enfrentamiento internacional entre España y una de sus comunidades autónomas.

En este contexto también se enmarca que en la pasada legislatura saliera adelante la denominada ley de Memoria Democrática, una normativa con la que el Gobierno, dando un paso más allá de la ley de Memoria Histórica impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero, ha buscado reescribir parte de la historia de España, en colaboración con los partidarios de Arnaldo Otegi.

Arnaldo Otegi detenido

Otro de los pagos realizados por Sánchez a Bildu a cambio de su apoyo a su investidura fue el PSOE respaldó en Pamplona la moción de censura de Bildu para arrebatar a UPN la alcaldía, solo seis meses después de que Cristina Ibarrola asumiera su cargo, a pesar de que en su momento, figuras del PSOE como la actual ministra de Inclusión y Migraciones, Elma Saiz, habían afirmado que no permitirían que el candidato de Bildu asumiera la alcaldía.

Impacto político y social
Las cesiones de Pedro Sánchez a los separatistas han generado una profunda división en la sociedad española. Mientras que desde sectores del independentismo se celebra la apertura al diálogo, partidos de la oposición denuncian que estas medidas debilitan la unidad de España y ponen en riesgo el Estado de derecho.

Además, dentro del propio PSOE, algunas voces han expresado su preocupación por el coste electoral que podría tener esta estrategia en futuras elecciones generales.

Conclusión
El gobierno de Pedro Sánchez ha apostado por una estrategia de diálogo y concesiones a los partidos independentistas con el objetivo de mantenerse en el poder.

Sin embargo, estas cesiones han generado un fuerte rechazo en amplios sectores de la sociedad y han avivado el debate sobre la unidad de España y la igualdad entre comunidades autónomas. A medida que avanza la legislatura, queda por ver cuál será el impacto político de estas decisiones y cómo influirán en el futuro del PSOE y del sistema político español en su conjunto.

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