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En 2017, último año completo antes de la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno, solo un 8% de la población española reconocía no poder mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante los meses de invierno. Siete años después, en 2024, ese porcentaje se ha elevado hasta el 17,5%. En términos reales, casi uno de cada cinco hogares pasa frío en su propia casa porque no puede permitirse encender la calefacción sin poner en riesgo otras necesidades básicas.
El dato no es menor ni discutible desde el punto de vista técnico. Procede del indicador europeo sobre incapacidad para mantener la vivienda a una temperatura adecuada, elaborado anualmente por Eurostat. No mide hábitos, sino capacidad económica real: quién puede pagar la energía necesaria para vivir con dignidad sin sacrificar alimentación, alquiler o suministros esenciales. Su evolución refleja con claridad el deterioro del poder adquisitivo de millones de familias durante los años de gobierno de Pedro Sánchez.
Del descenso sostenido al deterioro estructural
Hasta 2019, España avanzaba lentamente en la reducción de la pobreza energética. La tendencia se rompe en 2020. La crisis provocada por la Covid-19 golpea de lleno a los ingresos de los hogares, especialmente entre trabajadores precarios, autónomos y sectores con menor estabilidad laboral. El confinamiento, además, dispara el consumo energético al obligar a pasar más horas en casa.
A partir de ahí, la situación se agrava. En 2021 comienza a sentirse con fuerza la inflación energética. En 2022, la invasión rusa de Ucrania desata la mayor crisis del gas en Europa en décadas. El resultado es un encarecimiento histórico del recibo de la luz y la calefacción. En 2023, más del 20,8% de los hogares españoles admite no poder calentar su vivienda en invierno, el peor dato jamás registrado.
En 2024 se produce una ligera corrección, pero el problema sigue muy lejos de los niveles previos a la llegada de Pedro Sánchez al poder. La pobreza energética no solo no se ha resuelto, sino que se ha consolidado como un fenómeno estructural.
Viviendas ineficientes y salarios insuficientes
La subida de precios no actúa sola. España arrastra problemas estructurales que amplifican cualquier crisis energética. El parque inmobiliario es uno de los más antiguos e ineficientes térmicamente de Europa. Millones de viviendas carecen de aislamiento adecuado y dependen de sistemas de calefacción caros y poco eficientes.
A esto se suma un mercado laboral marcado por salarios bajos, temporalidad y precariedad. A pesar del discurso oficial, el coste de la vida ha crecido muy por encima de los ingresos reales de amplias capas de la población. Para muchas familias, el recibo de la luz se ha convertido en un factor de ansiedad mensual.
Las medidas impulsadas por el Gobierno —como el tope al gas, defendido por Teresa Ribera desde el Ministerio para la Transición Ecológica— han amortiguado parcialmente el impacto, pero no han revertido la tendencia. España continúa situándose entre los países con mayores niveles de pobreza energética de la Unión Europea.
El contraste sindical: de la protesta al silencio
El deterioro social resulta aún más llamativo cuando se compara con la reacción de los actores que tradicionalmente han encabezado la protesta social. Durante anteriores subidas del recibo eléctrico, sindicatos como UGT y Comisiones Obreras (CCOO) convocaron movilizaciones, concentraciones y campañas públicas denunciando el impacto de la factura de la luz sobre los trabajadores.
Hoy, con precios que en determinados momentos han llegado a triplicar los niveles de hace una década, la respuesta es radicalmente distinta. No hay grandes protestas. No hay movilizaciones sostenidas. No hay presión en la calle proporcional al daño social que reflejan los datos.
Este silencio no ha pasado desapercibido para la ciudadanía. UGT y CCOO reciben financiación pública y mantienen una relación fluida con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Para muchos ciudadanos, esta cercanía ha derivado en una pérdida de independencia crítica. No se trata de una acusación judicial, sino de una percepción social cada vez más extendida: cuando el poder político es afín, la capacidad de confrontación sindical se diluye.
Cuando la factura se normaliza, el frío se acepta
La pobreza energética no es una estadística fría. Tiene consecuencias directas sobre la salud, especialmente en niños y personas mayores. Vivir en una vivienda mal climatizada aumenta enfermedades respiratorias, agrava patologías crónicas y reduce la calidad de vida. También afecta al rendimiento escolar y a la productividad laboral.
Sin embargo, el debate público parece haberse desplazado. Mientras los datos empeoran, el discurso oficial insiste en la excepcionalidad del contexto internacional y en el carácter temporal de las dificultades. El problema es que lo temporal empieza a parecer permanente.
La subida de impuestos energéticos: más presión sobre hogares y empresas
Al deterioro del poder adquisitivo y al encarecimiento estructural de la energía se ha sumado, además, una decisión política con impacto directo sobre los consumidores: la recuperación progresiva de los impuestos energéticos durante los gobiernos de Pedro Sánchez.
Tras aplicar rebajas fiscales temporales en plena crisis inflacionaria —presentadas como medidas excepcionales—, el Ejecutivo ha ido revirtiendo esos alivios a medida que los precios mayoristas se moderaban, aunque el coste final para los hogares siguiera siendo elevado. El IVA de la electricidad, que llegó a situarse en mínimos históricos, ha vuelto progresivamente a niveles ordinarios, al igual que otros gravámenes ligados al suministro energético.
Esta estrategia ha tenido un efecto claro: mientras muchas familias aún no habían recuperado su nivel de renta previo a la pandemia, el Estado volvió a incrementar la carga fiscal sobre un bien esencial, como es la energía. Para los hogares con menos recursos, esta subida no se traduce en un ajuste contable, sino en decisiones cotidianas tan básicas como encender o no la calefacción.
El argumento oficial ha sido la necesidad de normalizar la recaudación y cumplir con los compromisos presupuestarios. Sin embargo, los datos de pobreza energética muestran que esta normalización fiscal se ha producido antes de que se normalizara la capacidad económica de millones de ciudadanos.
En la práctica, el recibo de la luz no solo refleja el precio de la energía, sino también una política fiscal que ha terminado por consolidar un nivel de costes elevado para los consumidores finales. La combinación de precios aún altos, salarios tensionados y mayor presión impositiva ayuda a explicar por qué la pobreza energética sigue tan alejada de los niveles de 2017.
Un problema que no se resuelve con relatos
La suma de factores —crisis internacionales, debilidades estructurales, decisiones fiscales y ausencia de contestación social organizada— ha configurado un escenario en el que pasar frío en casa empieza a percibirse como algo casi inevitable para una parte creciente de la población.
Pero no lo es. Es el resultado de decisiones concretas, tomadas en momentos concretos, y de silencios igualmente concretos. Mientras el debate político se centra en el relato, los datos siguen mostrando una realidad incómoda: España es hoy un país más caro de calentar que hace siete años, y también un país donde menos voces se alzan para denunciarlo.
Porque cuando la energía se encarece, los impuestos suben y la protesta desaparece, el problema deja de ser coyuntural y pasa a ser profundamente político.
España no solo se enfrenta a una crisis energética. Afronta también una crisis de credibilidad institucional y social. Cuando el precio de la luz se dispara, cuando una de cada cinco familias pasa frío en su propia casa y cuando quienes antes protestaban guardan silencio, el riesgo no es solo económico, sino democrático.
Porque una sociedad que se acostumbra al frío, mientras sus dirigentes y organizaciones sociales miran hacia otro lado, es una sociedad que ha empezado a rebajar peligrosamente el estándar de lo que considera una vida digna.
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