La imposición de los pinganillos en el Congreso de los Diputados de España es una muestra clara de cómo las exigencias del separatismo están logrando fracturar la unidad nacional.
En un país donde el español es el idioma oficial y común de todos los ciudadanos, resulta absurdo y aberrante que se requieran traductores para que los propios diputados españoles puedan entenderse en sede parlamentaria. Este sinsentido, que podría generar risas si no fuera por su impacto económico y político, supone un despilfarro de 6.250 euros al día, alcanzando los 2,4 millones de euros hasta enero de 2024.
Excusas
La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha defendido esta medida asegurando el uso de las lenguas regionales garantiza el «derecho lingüístico» de los diputados a expresarse en la lengua en la que piensan y sienten.
No obstante, detrás de esto se esconde una cesión más al separatismo. La imposición de los pinganillos en el Congreso fue una de las condiciones de ERC y Junts para apoyar a Francina Armengol como presidenta del Congreso en agosto de 2023, lo que permitió al PSOE y Sumar hacerse con la mayoría de la Mesa de la Cámara Baja.
Desde entonces, el uso de lenguas regionales se ha extendido desde los plenos hasta las comisiones parlamentarias, generando un coste millonario para el erario público.
Paso más en la fractura de España
Esta medida, lejos de ser un avance en derechos, es un paso más en la estrategia separatista de debilitamiento del español en las instituciones. Se ha llegado al punto de permitir el registro de iniciativas parlamentarias sin necesidad de traducción al español, consolidando un escenario en el que la lengua común de todos los españoles queda relegada a un segundo plano en su propio parlamento.
El disparate de los pinganillos no solo es una afrenta a la unidad nacional, sino también un ejemplo de cómo el modelo autonómico fallido ha permitido el arrinconamiento institucional del español. Como denuncian numerosos expertos en política y derecho constitucional, esta medida responde a décadas de cesiones del bipartidismo al separatismo, que han debilitado la cohesión lingüística de España en nombre de un federalismo encubierto.
Resulta inaudito que, en un momento de crisis económica y con las familias españolas enfrentando dificultades, el Gobierno destine millones de euros a pagar traductores en un Parlamento donde todos sus miembros conocen, hablan y dominan perfectamente el español, porque son españoles.
Esta situación, además de ser un despilfarro injustificable, forma parte de una estrategia más amplia para debilitar la unidad de España, erosionando sus pilares fundamentales.
El español es la lengua común de todos los ciudadanos, y todos los españoles tienen el derecho y el deber de conocerla. Sin embargo, las políticas del actual Gobierno han generado una situación paradójica en la que se requiere traducción al español para entender lo que se dice en la misma sede parlamentaria de España.
El Congreso de los Diputados debe ser el reflejo de la unidad nacional, no un escenario para espectáculos absurdos impuestos por los separatistas. Mientras no se ponga freno a estas políticas de concesiones continuas, España seguirá avanzando hacia una fragmentación innecesaria y costosa, que pone en peligro su identidad y cohesión.
No se puede seguir cediendo terreno a quienes buscan romper España desde dentro, utilizando la lengua como una herramienta de división en lugar de un elemento de unión.
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