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Pedro Sánchez ha alcanzado los 1.000 millones de euros en ayudas y préstamos al reino de Marruecos desde que llegó a la presidencia a mediados de 2018 tras la moción de censura a Mariano Rajoy.
Las cifras, recopiladas a lo largo de estos años, reflejan un incremento constante en la financiación dirigida a Rabat, tanto en forma de subvenciones como de créditos blandos.
Una parte destacada de ese apoyo económico ha estado vinculada al control fronterizo. Sólo en esta área, las transferencias suman unos 157 millones de euros, de los cuales 122 millones corresponden a ayudas directas canalizadas entre 2019 y 2022.
A esto se añaden 35 millones adicionales en concepto de equipos y materiales, como vehículos todoterreno, sistemas de vigilancia o drones.
Uno de los envíos más llamativos fue el de 130 coches 4×4 para la policía marroquí, con características específicas como rejillas metálicas, aire acondicionado, manual de uso en francés y cobertura de garantía.
Esta operación, valorada en 8,6 millones de euros (IVA incluido), fue tramitada por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), utilizando fondos europeos.
Pero no sólo la seguridad ha centrado los flujos de dinero. Las partidas destinadas al desarrollo en Marruecos han duplicado su volumen en apenas un año.
Entre 2021 y 2022, la ayuda oficial pasó de 25,5 a 51,5 millones de euros. Estas subvenciones se enmarcan dentro de los programas de cooperación liderados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
En el censo de beneficiarios internacionales de fondos públicos elaborado por Hacienda, el Ministerio del Interior de Marruecos ocupa el primer lugar. Sólo en 2022, esta institución recibió 30 millones de euros del Gobierno español, una cantidad que los analistas relacionan directamente con su papel en el control migratorio hacia Europa.
Por otro lado, el Ejecutivo de Sánchez también ha concedido importantes líneas de crédito para apoyar el desarrollo de infraestructuras estratégicas en el país vecino. El caso más reciente tuvo lugar en febrero de este año, cuando el Consejo de Ministros autorizó un préstamo superior a los 750 millones de euros para facilitar contratos ferroviarios a empresas españolas.
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