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Carlos Castillo, investigado por su posible papel como testaferro en el caso de fraude en el sector de hidrocarburos, declaró ante el juez Santiago Pedraz.
Durante su testimonio, admitió haber recibido entre 400 y 700 euros mensuales por figurar como administrador de Combustibles Lucinala SL, una de las empresas utilizadas presuntamente para defraudar el IVA. No obstante, aseguró que solo percibió estas cantidades durante dos meses.
En su declaración, Castillo explicó que cuando aceptó el cargo se encontraba desempleado y pensó que la práctica era legal. Además, señaló a Carmen Pano, apoderada de la sociedad, como la verdadera gestora de la empresa y responsable de las decisiones.
Castillo también mencionó que se reunió en al menos tres ocasiones con Víctor de Aldama, otra figura implicada en la investigación, y que en uno de esos encuentros firmó un poder que permitía a Aldama operar con Metaway Combustibles SL, otra sociedad bajo sospecha. A pesar de ello, negó cualquier implicación directa en la gestión.
Otro aspecto clave de su testimonio fue la mención a un vehículo registrado a nombre de Combustibles Lucinala SL, el cual habría sido utilizado por Claudio Rivas, considerado junto a Aldama como uno de los líderes de la trama. Castillo reconoció conocer la existencia del automóvil, pero afirmó ignorar que Rivas lo usara.
Asimismo, reconoció haber efectuado una única transferencia internacional de 8.000 euros con destino a República Dominicana, supuestamente para costear gastos legales.
El juez Pedraz, que investiga un fraude estimado por la Fiscalía en 231,7 millones de euros, continuará con los interrogatorios a otras personas implicadas en los próximos días.
Este miércoles declararán Francisca de Santos y Francisco Javier Rodríguez, presuntos testaferros vinculados a Casmar Hidrocarburos SL. Según la UCO, esta sociedad era utilizada para simular transacciones de productos petrolíferos y desviar fondos a Portugal con el fin de ocultar su origen.
Rodríguez sucedió a De Santos al frente de Casmar Hidrocarburos SL y, según los informes policiales, actuaba como testaferro bajo las órdenes de los cabecillas de la trama.
Para el jueves 3 de abril, están previstas las comparecencias de Jaime Salmerón, Iván Castañer y representantes de la operadora Villafuel. Salmerón figura como administrador y único socio de Carburantes Jalón Plaza SL, mientras que Castañer aparece como administrador de Skyward Tech SL, otra empresa supuestamente utilizada para canalizar dinero ilícito a China.
El fraude bajo investigación
La Audiencia Nacional examina un elaborado esquema de evasión de impuestos operado a través de Villafuel SL. El fraude consistía en adquirir combustible sin pagar el IVA en el momento de la compra, ya que este impuesto solo se abona cuando el producto es vendido a gasolineras minoristas. Posteriormente, la organización no ingresaba el IVA recaudado, logrando así un beneficio ilícito.
Con el tiempo, la trama perfeccionó sus métodos mediante la incorporación de múltiples empresas interpuestas para dificultar la identificación de los responsables y proteger las operadoras de sanciones legales.
Este caso forma parte de una serie de investigaciones abiertas en distintos juzgados centrales sobre fraudes en el sector de los hidrocarburos.
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