Pedro Sánchez ya da por hecho que el Tribunal Constitucional avalará la amnistía. Y no es porque la medida tenga una justificación jurídica sólida, sino porque el Gobierno ha maniobrado políticamente para asegurarse el resultado.

La separación de poderes, piedra angular de cualquier democracia, ha sido socavada de forma descarada para garantizar la impunidad de quienes atentaron contra el orden constitucional en 2017.

La Mayoría Progresista en el TC: Un Tribunal a Medida
El Tribunal Constitucional, que debería ser un árbitro imparcial, se ha convertido en un apéndice del Ejecutivo. La renovación impulsada por Sánchez en 2022, que incluyó la entrada de magistrados afines al PSOE y a la izquierda política, ha transformado al TC en un órgano complaciente con el Gobierno. Ahora, cuando los jueces deban pronunciarse sobre la amnistía, la decisión parece estar escrita de antemano.

Esta manipulación institucional no es nueva. La historia reciente de España está plagada de intentos del poder ejecutivo por controlar al judicial, pero nunca antes de manera tan evidente y burda. La mayoría progresista en el TC es el seguro de vida de Sánchez para legitimar su pacto con los separatistas y aferrarse al poder a cualquier costo.

Justificaciones Jurídicas Endebles
El Gobierno defiende la amnistía con argumentos basados en precedentes europeos. Sin embargo, la realidad es que la Constitución española no contempla la amnistía y, de hecho, la Transición la excluyó deliberadamente para evitar futuros abusos.

A diferencia del indulto, que está recogido en la Carta Magna, la amnistía supone la anulación total de la responsabilidad penal, un privilegio a medida de un grupo político concreto.

La Unión Europea tampoco avala esta medida. En el marco del Estado de derecho, la igualdad ante la ley es un principio fundamental, y exonerar a unos pocos por razones políticas rompe ese principio. La insistencia del Gobierno en comparar la amnistía con casos internacionales es una manipulación que ignora el contexto y las particularidades del ordenamiento jurídico español.

Un Pacto para la Impunidad
La amnistía no responde a un criterio de justicia ni a una necesidad social, sino a una necesidad política: garantizar la continuidad de Pedro Sánchez en el poder.

Su pacto con los independentistas catalanes, liderados por Carles Puigdemont, no busca la reconciliación, sino la cesión ante quienes chantajean al Gobierno con su apoyo parlamentario.

Sánchez ha transformado la estabilidad institucional en una moneda de cambio para su supervivencia política. Con esta amnistía, se legitiman los actos ilegales del separatismo y se envía un mensaje de impunidad para futuras rupturas. Lo que en 2017 fue un golpe contra el orden constitucional, en 2024 se convierte en un simple error administrativo que merece el perdón.

La Farsa de un Tribunal Constitucional Controlado
Cuando el TC apruebe la amnistía, lo hará con el mismo servilismo con el que ha avalado otras decisiones cuestionables del Ejecutivo. El resultado está decidido de antemano porque la composición del tribunal ha sido diseñada precisamente para eso. No habrá un debate jurídico real, sino una teatralización de imparcialidad que concluirá con el beneplácito al Gobierno.

La separación de poderes en España está en peligro, y la amnistía es la prueba definitiva de que Sánchez ha logrado convertir las instituciones en instrumentos de su agenda política.

Lo que se avecina no es un acto de justicia, sino una operación de encubrimiento con el sello del Tribunal Constitucional. Un tribunal que, en lugar de defender la Constitución, ha sido reducido a un mero notario de los intereses del Gobierno.

Pumpido impone a su vicepresidenta como ponente de la amnistía para controlarla

Lo Mismo que la Filtración de la Fiscalía en el Caso del Novio de Ayuso
Este patrón de manipulación judicial no es exclusivo de la amnistía. La reciente filtración de la Fiscalía sobre el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso sigue la misma lógica: el uso de las instituciones judiciales para fines políticos.

En lugar de garantizar la independencia de los órganos judiciales, el Gobierno de Sánchez ha demostrado que está dispuesto a instrumentalizar la justicia para atacar a sus adversarios y proteger a sus aliados. La estrategia es clara: encubrir la corrupción propia mientras se emplea la maquinaria del Estado para desacreditar a la oposición. Un doble rasero que erosiona la credibilidad de las instituciones y socava la confianza en el sistema democrático.

¿Corrupción para mantenerse en el Poder?
Lo que estamos presenciando no es solo una manipulación institucional, sino un verdadero caso de corrupción política. La utilización de los órganos judiciales para favorecer al Gobierno y sus aliados, mientras se persigue a la oposición, es una práctica que mina los fundamentos del Estado de derecho.

Si en España existiera un verdadero compromiso con la justicia y la separación de poderes, Pedro Sánchez debería ser investigado y juzgado por esta corrupción institucional. No se trata de una simple estrategia política, sino de un abuso de poder que pone en peligro la democracia misma.

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