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En el caso de España, el bloqueo de los informes de evaluación se remonta a 2023, fecha a partir de la cual empezaron a sucederse casos de presunta corrupción que salpican al entorno gubernamental, a familiares del propio presidente del Gobierno y a miembros del Partido Socialista
Noticias04 de abril de 2025El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), órgano del Consejo de Europa, ha urgido por segunda vez al Gobierno a levantar el veto sobre los informes que se han elaborado sobre la integridad y la limpieza de las altas esferas del Ejecutivo, las Fuerzas de Seguridad, el ámbito parlamentario y el terreno judicial y fiscal.
En esta ocasión la reclamación consta en acta y procede del propio presidente del Grupo, el británico David Meyer.
En el documento de conclusiones de la última reunión plenaria del órgano, celebrada el pasado 10 de marzo, GRECO empareja a España con Azerbaiyán y Turquía instándoles "particularmente" y "con urgencia" a permitir que salgan a la luz los respectivos informes que dan cuenta del estado de cumplimiento de los parámetros de lucha contra la corrupción del Consejo de Europa.
Los informes de GRECO se realizan con los datos aportados por los propios países detallando las medidas puestas en marcha para alcanzar los estándares establecidos. Se trata pues de documentos evaluadores sobre la situación del país que sólo pueden hacerse públicos y formar parte de las estadísticas y documentos que elabora el Consejo de Europa con autorización del Estado afectado.
En el caso de España, el bloqueo de los informes de evaluación se remonta a 2023, fecha a partir de la cual empezaron a sucederse casos de presunta corrupción que salpican al entorno gubernamental, a familiares del propio presidente del Gobierno y a miembros del Partido Socialista y que en la actualidad son objeto de instrucción en los tribunales.
España ya fue requerida para levantar el veto a los informes el pasado mes de enero, una petición que ha sido desoída por el Gobierno y que ahora, por segunda vez emite el propio presidente del Grupo.
Así figura en el punto 37 del acta de conclusiones de la última sesión plenaria de GRECO que llama a las autoridades de los Estados miembro concernidos a autorizar sin más retraso y en línea con las prácticas habituales, la publicación de los informes adoptados por el Grupo y, añade:
"El presidente particularmente urge a las siguientes delegaciones a permitir la publicación rápidamente: Azerbaiyán (informe desde marzo de 2023), España y Turquía (informes desde diciembre de 2023)".
En el caso de España los informes de evaluación que el Gobierno se niega a hacer públicos -en una respuesta parlamentaria, el Ejecutivo indicó que haría uso de las recomendaciones que en ellos se recogen pero no los daría a conocer- son el relativo a la prevención de la corrupción y promoción de la integridad en las altas esferas del Gobierno central y las Fuerzas de Seguridad, aprobado por el Grupo entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre de 2023, y el referido al ámbito parlamentario, judicial y fiscal, aprobado en junio de 2024.
Ninguno de los dos por falta de autorización del Gobierno ha visto la luz.
Este bloqueo impide incluso que dichos documentos puedan ser tenidos en cuenta en la monitorización que en estos momentos lleva a cabo el Consejo de Europa sobre la situación de España en relación con la separación de poderes, el Estado de Derecho, las libertades, el grado de corrupción y la independencia de la Justicia.
Desde que el Gobierno mantiene bloqueados los informes se han sucedido los casos de presunta corrupción que afectan a la esposa y al hermano de Pedro Sánchez; al ex ministro y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y a su ex asesor, Koldo García, y al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Todos ellos imputados por la presunta comisión de distintos delitos que van desde la prevaricación, hasta la malversación, el tráfico de influencias, la corrupción en los negocios y la revelación de secretos.
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