Según organismos como el Instituto de Estudios Económicos (IEE) y el Consejo General de Economistas, desde 2018 se han producido 94 subidas fiscales, una cifra sin precedentes en la historia reciente
Nacional04 de abril de 2025 Salvador GimenezMás de 90 subidas fiscales: ¿reforma progresista o voracidad recaudatoria?
Según organismos como el Instituto de Estudios Económicos (IEE) y el Consejo General de Economistas, desde 2018 se han producido 94 subidas fiscales, una cifra sin precedentes en la historia reciente. Estas incluyen aumentos en el IRPF, Sociedades, impuestos especiales, nuevas figuras tributarias y endurecimiento de normativas ya existentes.
Si bien no todas afectan directamente al ciudadano medio, el mensaje es claro: el Estado necesita más recursos para sostener un modelo expansivo de gasto público, marcado por el incremento de pensiones, ayudas sociales, políticas verdes y subsidios energéticos.
IRPF: Penalización a las rentas altas y al ahorro
Uno de los cambios más destacados ha sido en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas:
- Se incrementó el tipo marginal estatal del 45% al 47% para rentas superiores a 300.000 euros.
- En algunas comunidades, el gravamen total (sumando tramo autonómico) ha superado el 50%.
- El ahorro también ha sido golpeado: se elevó el tipo máximo en rentas del capital hasta el 27%, afectando a dividendos y plusvalías.
Crítica: Aunque estas medidas se presentan como progresivas, los expertos alertan de que pueden ahuyentar talento y capitales hacia países con fiscalidad más competitiva, como Portugal o Irlanda.
Impuesto de Sociedades: Menos deducciones, más rigidez
La imposición a las empresas también se ha endurecido:
- Se ha introducido un tipo mínimo del 15% sobre el resultado contable.
- Se han limitado deducciones fiscales y se ha estrechado el margen para compensar pérdidas.
Crítica: Este cambio afecta especialmente a las grandes empresas que operan en sectores con baja rentabilidad, reduciendo incentivos para invertir y generar empleo.
IVA y consumo: Subidas silenciosas
Aunque el tipo general del IVA (21%) no se ha tocado, se han producido subidas selectivas:
- Bebidas azucaradas y edulcoradas pasaron del 10% al 21%.
- Servicios digitales y ciertos productos contaminantes también han sufrido aumentos.
Crítica: Son impuestos regresivos, que afectan más a las rentas bajas, justo lo contrario del principio de progresividad fiscal.
Impuestos verdes y especiales: ¿sostenibilidad o excusa recaudatoria?
El Gobierno ha impulsado una batería de figuras medioambientales:
- Subida del impuesto al diésel.
- Nuevos tributos sobre plásticos no reutilizables y envases.
- Fiscalidad sobre emisiones y contaminación.
Crítica: Si bien se justifican por la agenda climática, muchos consumidores y sectores no han recibido alternativas reales ni ayudas suficientes para adaptarse.
Nuevos impuestos: el Estado se multiplica
Entre las figuras tributarias de nueva creación destacan:
- Tasa Google: sobre ingresos de grandes plataformas digitales.
- Tasa Tobin: sobre transacciones financieras.
- Impuesto a grandes fortunas: inicialmente temporal, ahora prorrogado hasta 2025.
- Gravamen a bancos y energéticas: con el argumento de “beneficios caídos del cielo”.
Crítica: Aunque buscan equidad, estos impuestos pueden repercutir en los precios finales o en la restricción del crédito, afectando indirectamente al conjunto de la población.
Gobernar sin presupuestos no es gobernar
A todo esto se suma una anomalía democrática preocupante: la falta de Presupuestos Generales del Estado actualizados. El Ejecutivo de Sánchez ha gobernado durante varios ejercicios con presupuestos prorrogados, sin lograr acuerdos sólidos en el Congreso para renovar las cuentas públicas conforme a la realidad económica del país.
Esta parálisis presupuestaria refleja una fragilidad política constante, dependiente de socios coyunturales y acuerdos de última hora. Y lo más grave: se legisla fiscalmente por decreto, sin una visión de conjunto ni un debate parlamentario estructural.
Porque gobernar sin presupuestos no es gobernar: es gestionar la inercia, sin hoja de ruta ni legitimidad renovada en la planificación económica.
Consecuencias: carga fiscal récord, inversión en riesgo
España ha alcanzado una presión fiscal cercana al 42% del PIB, la más alta desde 1995. Sin embargo, la eficiencia del sistema sigue siendo baja debido a:
- Elevada economía sumergida.
- Duplicidades administrativas.
- Gasto ineficiente.
Mientras tanto, la inversión extranjera y la creación de nuevas empresas han mostrado señales de enfriamiento, especialmente en sectores sometidos a mayor carga tributaria.
Una reforma fiscal por goteo
El gobierno de Pedro Sánchez ha llevado a cabo una profunda transformación fiscal sin aprobar una gran reforma estructural. Ha preferido la estrategia de los cambios acumulativos, muchos de ellos incluidos en leyes de acompañamiento o decretos, lo que ha generado inseguridad jurídica y sensación de asfixia entre empresas y ciudadanos.
Lo que para el Ejecutivo es justicia social y progreso, para sus críticos es un modelo insostenible que penaliza el esfuerzo, el emprendimiento y la competitividad. Y, en el fondo, un gobierno que sube impuestos sin aprobar presupuestos nuevos gobierna sin proyecto, sin ambición, y sin responsabilidad.
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