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La política debería ser un ejercicio de responsabilidad, memoria y justicia. Pero Pedro Sánchez ha convertido el poder en un fin en sí mismo, capaz de sacrificar cualquier principio para mantenerse en La Moncloa.
Su alianza con EH Bildu —heredero político directo de la izquierda abertzale que fue el brazo político de ETA— es uno de los actos más indignos jamás protagonizados por un presidente del Gobierno de España.
Más de 300 asesinatos sin resolver... y ni una exigencia
Según datos de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), hay más de 379 asesinatos cometidos por ETA que siguen sin esclarecerse ni judicializarse. Las familias de esas víctimas siguen esperando justicia. Esperando saber quién apretó el gatillo, quién colocó la bomba, quién dio la orden.
Pedro Sánchez ha tenido la oportunidad política y moral de exigir a Bildu colaboración para resolver estos crímenes, pero no lo ha hecho. Ni una sola condición, ni una sola exigencia. El silencio como moneda de cambio.
Marimar Blanco, hermana del concejal del PP Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA, lo ha dicho con claridad:
"Cada vez que Sánchez pacta con Bildu, da una puñalada más a la memoria de mi hermano y a todas las víctimas."
Dirigentes de Bildu con las manos manchadas de sangre
Lo más escandaloso es que Sánchez no solo pacta con Bildu como formación política, sino que lo hace sabiendo que varios de sus actuales dirigentes fueron condenados por delitos relacionados con el terrorismo. En las listas electorales de EH Bildu en 2023, se incluyeron 44 condenados por pertenencia o colaboración con ETA, de los cuales 7 participaron directamente en asesinatos.
Entre ellos estaban Xabier Atristain, Luis María Lizarralde, y José Antonio Torre Altonaga, todos con delitos de sangre. Aunque Bildu los retiró parcialmente de sus cargos visibles, nunca los expulsó ni condenó su pasado. Todo fue un simple gesto estético para calmar la presión mediática.
Otegi y Aizpurua: historia de terror y blanqueamiento
Pedro Sánchez no solo pacta con Bildu como formación, sino que legitima y da poder a figuras con un pasado manchado por el terrorismo. Es el caso de Arnaldo Otegi, actual coordinador general de EH Bildu y otrora miembro activo de ETA.
Otegi participó directamente en el secuestro del empresario Luis Abaitua en 1979, por el que fue condenado a prisión. Posteriormente, fue encarcelado varias veces por su papel como dirigente de Batasuna, formación ilegalizada por su vinculación con ETA.
En 2010, el Tribunal Supremo confirmó una condena de 6 años y medio por intento de reconstrucción de Batasuna bajo órdenes de ETA. A pesar de ese pasado, Otegi se ha presentado como “hombre de paz”, sin haber pedido jamás perdón a las víctimas ni colaborar para esclarecer atentados. Sánchez y su Gobierno no solo le han blanqueado, sino que le han colocado en el centro del tablero político.
Igualmente grave es el caso de Mertxe Aizpurua, actual portavoz de Bildu en el Congreso de los Diputados. En 1983, fue condenada por enaltecimiento del terrorismo cuando dirigía el semanario proetarra Egin, en el que justificó los atentados de ETA calificando a los terroristas como “luchadores”.
Hoy, Aizpurua representa al “socio preferente” del Gobierno en el Parlamento, recibiendo incluso elogios por parte del presidente del Gobierno por su “tono constructivo”.
Sánchez: blanqueo del terrorismo, obsesión con el franquismo
Aquí es donde la incoherencia se vuelve aún más sangrante. Pedro Sánchez ha hecho bandera de la “memoria democrática” centrándose exclusivamente en el franquismo, exhumando restos, derribando estatuas, cambiando nombres de calles, promoviendo leyes para reescribir un pasado que terminó hace más de 50 años con la muerte de Francisco Franco.
Y sin embargo, frente al terrorismo de ETA, cuya última víctima fue asesinada en 2010, el presidente guarda silencio. Pacta con sus herederos. Los blanquea. Les da poder. Mientras desentierra a Franco, entierra la memoria de los asesinados por ETA. Una hipocresía política de proporciones históricas.
Lamentó la muerte de un etarra, pero no la de sus víctimas
Más grave aún fue cuando Pedro Sánchez expresó públicamente su pesar por la muerte en prisión del etarra Igor González Sola en 2020, un terrorista condenado por pertenencia a ETA. El Gobierno, a través de Instituciones Penitenciarias, lamentó oficialmente su fallecimiento en un gesto que provocó indignación entre asociaciones de víctimas y en gran parte de la sociedad.
Ni una palabra similar ha dedicado Sánchez a muchas de las víctimas anónimas de ETA cuyos crímenes siguen sin esclarecerse. Ni una mención de duelo institucional cuando una familia volvía a enterrar a su ser querido sin justicia. Su empatía, al parecer, es selectiva. Siente la muerte de un etarra, pero guarda silencio ante los asesinatos de inocentes.
La dignidad no se negocia
No se puede hablar de convivencia mientras se ignora a las víctimas. No se puede mirar al futuro sin haber hecho justicia con el pasado reciente. Y no se puede gobernar con quienes jamás han mostrado arrepentimiento.
Pedro Sánchez tendrá sus apoyos parlamentarios. Pero ha perdido algo más valioso: el respeto de miles de españoles que creen que la dignidad no se negocia. Que la memoria de los asesinados por ETA no puede usarse como una ficha más en el tablero político.
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