"Según el Tratado de Utrecht, España no reconoce más aguas territoriales británicas que las interiores del puerto de Gibraltar, que se encuentra en la costa occidental, pero el Reino Unido manipula los tratados con mucha habilidad"
Nacional06 de abril de 2025
Impacto España Noticias
Un puerto deportivo para superyates con 541 amarres y atracadero de combustible, más de 1.300 viviendas para uso residencial, un hotel con 200 habitaciones, un parking subterráneo para 500 vehículos, oficinas premium, zonas comerciales y un gran parque público. Y todo ello construido de forma ilegal en aguas territoriales españolas.
Así es el polémico Eastside Project, que Gibraltar sigue impulsando en su costa oriental a pesar de las críticas del Gobierno español, de las organizaciones ecologistas e, incluso, de una parte de las autoridades del Peñón, como el ministro de Relaciones Industriales, Leslie Bruzon, quien ha expresado su "preocupación" por la longitud del rompeolas proyectado y por su impacto en las playas cercanas.
Pero las voces en contra no han impedido que la Comisión de Desarrollo y Planificación de Gibraltar (DPC) haya dado luz verde a la promotora TNG Global, propiedad de un holding vietnamita, para desarrollar una nueva fase del megaproyecto, que incluye la construcción del polémico rompeolas y el dragado de su perímetro interior, donde se ubicará el futuro puerto deportivo.
El Ministerio de Exteriores, que ha protestado por carta ante el gobierno británico, considera que estas faraónicas obras constituyen "una violación de la soberanía e integridad territorial de España" porque se están realizando "en espacios no cedidos por el Tratado de Utrecht", como son las aguas territoriales que rodean el Peñón y que nunca fueron incluidas en el acuerdo que en 1715 cedió la colonia al Reino Unido.
Las autoridades gibraltareñas defienden, en cambio, que ese trozo de mar les pertenece porque el Reino Unido delimitó unilateralmente sus aguas territoriales en una franja de tres millas náuticas alrededor del Peñón, espacio que España nunca ha reconocido.
"Según el Tratado de Utrecht, España no reconoce más aguas territoriales británicas que las interiores del puerto de Gibraltar, que se encuentra en la costa occidental, pero el Reino Unido manipula los tratados con mucha habilidad", afirma Ángel Liberal, capitán de navío de la Armada en la reserva y autor de numerosos ensayos y artículos sobre el problema de Gibraltar.
En ese sentido, subraya que el Eastside Project no solo viola el Tratado de Utrecht, sino que también vulnera la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 1982: "El Reino Unido se agarra al artículo 3 que dice que todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial hasta un límite que no exceda de 12 millas marinas, pero Gibraltar no es ningún Estado, sino un territorio no autónomo pendiente de descolonización, según establece la ONU.
Además, los británicos ignoran el artículo 15, que hace referencia a las costas de Estados adyacentes y refleja que esa disposición no será aplicable cuando existan derechos históricos u otras circunstancias especiales, como es el caso".
España defiende para Gibraltar el concepto de 'costa seca', que supone que el litoral de un territorio ejerce como frontera y, por lo tanto, no existen derechos sobre las aguas adyacentes. Aunque Londres rechaza ese concepto por no estar recogido en el derecho internacional, Liberal recalca que sí existen ejemplos:
"Según sentencias de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, tenemos un caso de 'costa seca' en el río San Juan entre Nicaragua y Costa Rica; y otro en la frontera marítima entre Perú y Chile".
Un peligro para la biodiversidad marina y las playas
Pero el problema de soberanía no es el único que plantea el Eastside Project, que también ha puesto en pie de guerra a los ecologistas por el daño medioambiental que puede causar. "Este proyecto se planteó en los años 90 sobre lo que antiguamente era un vertedero y desde entonces se han ido acumulando áridos, escombros y todo tipo de residuos, algunos de ellos muy contaminantes.
Poco a poco le han ido ganando terreno al mar, unas 10 hectáreas aproximadamente", explica Antonio Muñoz, portavoz de la organización Verdemar-Ecologistas en Acción.
"Han ido armonizando el terreno para el gran proyecto turístico que pretenden construir y para el que, según nuestros cálculos, harán falta entre 1 y 2 millones de m³ de áridos que se arrojarán al mar.
Los promotores esgrimen una autorización de 2008 de la Comisión Europea, pero el proyecto que plantean ahora es mucho más ambicioso que el de entonces y, además, la valoración ambiental es totalmente distinta porque desde el año 2012 se trata de una zona protegida de interés comunitario, llamada Estrecho Oriental y perteneciente a la Red Natura 2000", dice Muñoz.
Recalca que el proyecto urbanístico pone en peligro la biodiversidad de esa Zona de Especial Conservación (ZEC): "Existen endemismos que se pueden ver amenazados, como por ejemplo la Patella ferruginea (molusco que habita en esas aguas) o determinados corales".
Y también denuncia que puede afectar al litoral gibraltareño e, incluso, al español: "El gran espigón que está proyectado para el puerto deportivo va a romper la dinámica de las corrientes en el litoral y puede haber una regresión de las playas".
Esa preocupación la han compartido los vecinos de la cercana Catalan Bay, conocida en español como La Caleta, que temen que la playa de esa pequeña bahía, una de las más bellas del Peñón, termine perjudicada por las obras.
Piedra malagueña para levantar el proyecto
Lo curioso del caso es que el Eastside Project se nutre de piedra española, que sale de una cantera de Casares, en Málaga. Verdemar-Ecologistas en Acción ha pedido en reiteradas ocasiones al Ministerio de Transición Ecológica y a la Junta de Andalucía que detengan el trasiego de camiones que a diario cruzan la verja de Gibraltar cargados de piedra malagueña, pero sus demandas han caído en saco roto.
El Ministerio se lava las manos asegurando que es competencia autonómica y la Junta responde que no puede hacer nada al tratarse de "una actividad que se enmarca dentro de las operaciones comerciales legítimas reguladas por la normativa internacional y nacional".
"Hemos denunciado el trasiego de piedra de escollera de gran tonelaje hasta Gibraltar, pero aquí nadie hace nada", lamenta Muñoz, quien advierte de que la extracción de tanto material también supone un riesgo para el Torcal de la Utrera, un paraje cárstico de singular belleza en el entorno de la cantera. "La Sierra de la Utrera, el río Manilva y sus hábitats protegidos por la legislación europea, como los Baños de la Hedionda, corren peligro", dice.
Pero ajeno al ruido exterior, el Eastside Project sigue adelante sin remedio y acaba de recibir luz verde para una nueva fase tras completarse hace dos años las Hassan Centenary Terraces, un conjunto de seis rascacielos residenciales, cuatro de ellos en terreno ganado al mar, que ya han cambiado para siempre la fisonomía de la costa oriental del Peñón.
Bautizadas en honor al primer ministro principal de Gibraltar, sir Joshua Abraham Hassan, los 665 apartamentos que albergan esas torres, vendidos a precios de entre 120.000 y 350.000 euros, se encuentran rodeados todavía de una escombrera, pero sus propietarios esperan que el entorno se transforme pronto en un lujoso puerto deportivo.
Esa escombrera es, sin embargo, otra preocupación de los ecologistas. Según Muñoz, el Gobierno español prohibió que los residuos acumulados fueran enviados por tierra a España y no cree que el Peñón tenga capacidad para deshacerse de ellos:
"Contemplamos que toda la montaña de residuos inertes que tienen acumulada la van a meter en cofres de hormigón, que luego hundirán en el mar para hacer la escollera del puerto. Y muchos de esos residuos son muy contaminantes y peligrosos para el ecosistema".
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