Pedro Sánchez presentó una moción de censura contra Rajoy por un caso de corrupción que afectaba al PP en el ámbito municipal (la sentencia de Gürtel). Entonces dijo que la regeneración democrática no podía esperar. Prometió dimitir si se demostraba un solo caso de corrupción bajo su mandato
Noticias13 de abril de 2025
Impacto España Noticias
El escándalo que retrata la decadencia institucional desde dentro
En una España en la que se exige excelencia, esfuerzo y transparencia para acceder a un puesto público, el caso de Jésica Rodríguez retrata con crudeza el lado más podrido del sistema. No se trata de una infracción administrativa ni de un simple enchufe.
Estamos ante una trama de simulación laboral, suplantación de identidad, falsificación documental y malversación de fondos públicos, organizada desde el corazón mismo del poder político y ejecutada con la torpeza propia de quien se sabe impune.
Rodríguez, antigua amiga íntima del exministro José Luis Ábalos, cobró durante casi dos años como auxiliar administrativa a tiempo completo en la sociedad estatal Ineco, con un sueldo bruto de 18.100 euros anuales. Según la empresa, entre marzo de 2019 y febrero de 2021 trabajó 3.684,23 horas asignadas a proyectos del Ministerio de Transportes.
Koldo acompañó a la amiga íntima del entonces ministro y secretario de Organización del PSOE a la entrevista en Ineco, celebrada el 28 de febrero de 2019. De ello avisó a Isabel Pardo de Vera, responsable de Adif, que canalizó la contratación de Jésica.
"Buenas, por favor, ¿puedes avisar en contratación de Ineco que vamos a las 16:15?", escribió Koldo a Pardo de Vera a las 11:39 horas del 28 de febrero de 2019.
"OK, todo bien", responde la presidenta de Adif.
"Por cierto, te va llamar Jose todo así que tranquila", le indica Koldo, en referencia a José Luis Ábalos.
La realidad, sin embargo, es devastadora.
“Nunca me llamaron para trabajar”
Rodríguez lo ha declarado ante el juez del Tribunal Supremo que instruye el caso Ábalos:
“Nunca me llamaron para ir a trabajar”.
“No hice nada en esos dos años”.
“Lo único que hice fue una entrevista, recoger un portátil y hacer un curso de riesgos laborales”.
Pero ese “nada” le reportó más de 30.000 euros de dinero público, tarjetas de comida, ordenador portátil y hasta la protección personalizada de Koldo García, la mano derecha del ministro.
Y aún más inquietante: según Ineco, hay partes de trabajo firmados con su usuario personal y desde su ordenador, con trazabilidad segura. Esto, pese a que Jésica asegura no saber ni dónde estaba ubicada su oficina. Preguntó en reiteradas ocasiones:
“No sé dónde trabajo”
“¿Ficho hoy o ficha Joseba?”
“¿Dónde me mandan la tarjeta si no tengo dirección?”
Certificados informatizados vs. WhatsApps demoledores
El informe enviado por Ineco al Tribunal Supremo está firmado por el responsable del Área de Sistemas y Seguridad Informática. En él se afirma que las imputaciones de horas fueron hechas por Jésica desde la red corporativa, mediante autenticación personal, en un entorno seguro y sin evidencia de suplantación o manipulación externa.
Si uno no conociera los mensajes interceptados a Koldo García, pensaría que se trata de un sistema invulnerable, digno de Silicon Valley.
Pero los chats de WhatsApp incautados a Koldo lo desmienten todo. Y con detalles casi grotescos.
La realidad: Koldo gestionaba todo. Joseba firmaba por ella.
El 28 de febrero de 2019, Koldo le escribió a Isabel Pardo de Vera, entonces presidenta de Adif:
“Buenas, por favor, ¿puedes avisar en contratación de Ineco que vamos a las 16:15?”
Ese mismo día acompañó a Jésica a la entrevista. Después, se le asignó como destino las oficinas de Adif en Chamartín, aunque nunca volvió. El 4 de marzo, recibió el portátil. Y a partir de ahí, todo fue falso.
Un mes después, Jésica le comenta a Koldo que la han llamado para saber “dónde trabaja y a qué se dedica”. Su respuesta:
“Tranquila. Joseba y yo nos encargamos”.
“Tienes que decir que trabajas con Joseba”.
En septiembre de ese año, la farsa avanza un paso más. Jésica no puede acceder a la plataforma de partes de trabajo:
“No pasa nada. Joseba está en ello. También hablé con la jefa”, le contesta Koldo.
“Se puede estar tres meses sin hacer partes”.
Unos días más tarde llega el momento clave:
“Queremos que los partes los haga Joseba, pero para eso hace falta el ordenador que tienes tú”, le dice Koldo.
“Ah, yo se lo doy encantada”, responde Jésica.
Ahí se cierra el círculo: el hermano de Koldo hacía los partes de trabajo en nombre de Jésica desde su propio portátil, simulando que ella los firmaba. Y aún así, Ineco certifica ante el Supremo que todo fue “limpio y seguro”.
¿Y Pedro Sánchez?
Aquí está la gran hipocresía.
En 2018, Pedro Sánchez presentó una moción de censura contra Mariano Rajoy por un caso de corrupción que afectaba al PP en el ámbito municipal (la sentencia de Gürtel).
Entonces dijo que la regeneración democrática no podía esperar.
Prometió dimitir si se demostraba un solo caso de corrupción bajo su mandato.
Hoy, bajo su Gobierno, se ha destapado una trama de enchufes, suplantaciones, cobros indebidos y manipulación de registros públicos que toca directamente al PSOE, a un exministro clave de su Ejecutivo, a altos cargos de empresas públicas… y él no dice absolutamente nada.
Ni dimite.
Ni cesa.
Ni depura responsabilidades.
Otra mentira más de un presidente que nunca dice la verdad, que predica transparencia y gobierna con opacidad, que usa la moral como arma política cuando le conviene, pero calla cuando la corrupción lleva el carné del PSOE.
¿Una estafa digital con respaldo institucional?
La gravedad no está solo en que una persona cobrara sin trabajar, sino en que una empresa pública defienda documentalmente un fraude usando su sistema informático como escudo.
Si los partes fueron firmados desde el equipo de Jésica, ¿cómo se verifica que fue ella quien los firmó? ¿Qué tipo de trazabilidad puede avalar un acceso remoto y delegado? ¿Por qué los sistemas de Ineco no detectaron que una persona sin formación ni ubicación física activa estaba simulando trabajo de oficina durante dos años?
Todo apunta a que Ineco no solo fue cómplice, sino que todavía trata de encubrir el escándalo bajo una capa de certificaciones digitales.
¿Quién responde políticamente?
Este caso ya no es solo judicial. Tiene implicaciones políticas de máximo nivel:
José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, habría ordenado la contratación.
Koldo García, su asistente, gestionó, supervisó y mantuvo la farsa.
Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, facilitó el acceso al puesto.
Ineco, sociedad estatal, avaló durante dos años un contrato ficticio con informes favorables.
¿Quién va a asumir responsabilidades políticas por esto? ¿Dónde está la Fiscalía General del Estado? ¿Qué dice el Ministerio de Transportes, ahora en manos de Óscar Puente?
Una bomba moral
Mientras miles de ciudadanos se forman, opositan, emigran o trabajan en condiciones precarias, una amiga del ministro pudo cobrar durante 24 meses sin dar un palo al agua, protegida por un sistema que mezcla favores personales, enchufes familiares y una digitalización instrumentalizada para encubrir mentiras.
No se trata de un caso aislado. Es el síntoma de una podredumbre institucional más amplia, donde lo público es privatizado de facto por redes clientelares que actúan con total impunidad.
Este escándalo no debería cerrarse con una condena simbólica. Debe abrir un debate nacional sobre cómo funcionan nuestras empresas públicas, cómo se controlan los fichajes digitales, y cómo el poder político sigue utilizando lo común como si fuera de su propiedad personal.
El ciudadano que paga impuestos… ¿para esto?
Y mientras tanto, ¿qué siente el ciudadano que se levanta cada día a trabajar, paga impuestos, hace cola para todo, y apenas llega a fin de mes?
Siente asco.
Siente que le toman por tonto.
Porque cada euro que se fue al bolsillo de Jésica Rodríguez salió del esfuerzo de autónomos, asalariados, pensionistas y pequeñas empresas.
Porque mientras ella cobraba sin aparecer, miles se rompen la espalda por un salario miserable.
Porque no es un caso aislado: en los últimos meses hemos sabido que el dinero público también ha pagado prostíbulos, cenas, relojes y viviendas de lujo de altos cargos del PSOE, en tramas tan miserables como la de Tito Berni o la de Koldo.
¿Cómo no va a calar el hartazgo fiscal cuando uno ve que sus impuestos acaban en orgías políticas o tarjetas gourmet para novias del poder?
¿Cómo se le puede exigir a nadie que tribute con rigor, cuando ve que el Estado es saqueado por una casta de burócratas enchufados y protegidos por el silencio del presidente?
Este país no tiene un problema de fiscalidad. Tiene un problema de decencia.
Y hasta que no se limpie de raíz, cada céntimo que se recauda con esfuerzo se convierte en cómplice de una estafa estructural.
¿Conoces algún hecho irregular que quieres que investigue y cuente Impacto España Noticias? Escribe a [email protected]
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