La principal razón por la que el Gobierno ha decidido modificar el RGAT es mejorar el control de los flujos financieros en el país. Según Hacienda, la medida busca reducir el fraude fiscal y lograr una mejor trazabilidad de las operaciones realizadas por empresas y autónomos
Economia14 de abril de 2025
Impacto España Noticias
El Gobierno español ha dado un paso importante en la lucha contra el fraude fiscal. A principios de abril de 2025, se aprobó un Real Decreto que modifica el Reglamento General de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria (RGAT), con el objetivo de imponer a los bancos más obligaciones informativas sobre las operaciones que realizan las empresas y autónomos en España.
Este cambio normativo tiene como fin mejorar la recaudación fiscal y combatir el fraude. La nueva normativa entrará en vigor el 1 de enero de 2026, lo que significa que los empresarios, profesionales y autónomos deberán adaptarse a este nuevo marco en el transcurso del próximo año.
A continuación, explicamos con más detalle los aspectos más importantes de esta modificación y lo que implica para las empresas y autónomos que operan en España.
Objetivo de la modificación: Reforzar el control fiscal
La principal razón por la que el Gobierno ha decidido modificar el RGAT es mejorar el control de los flujos financieros en el país. Según Hacienda, la medida busca reducir el fraude fiscal y lograr una mejor trazabilidad de las operaciones realizadas por empresas y autónomos.
Para ello, se introduce un sistema de información mensual y anual que obliga a las entidades financieras a proporcionar detalles sobre los cobros y pagos que se realicen en España, en especial aquellos que se efectúan a través de sistemas de pago electrónico como Bizum, tarjetas de crédito y débito o plataformas como iZettle y SumUp.
¿A quién afecta esta normativa?
Una de las grandes novedades de esta medida es que no se limita a grandes empresas o sectores específicos. En realidad, afecta a todos los autónomos, empresarios y profesionales que utilicen métodos de pago electrónicos en sus actividades económicas. Esto incluye a aquellos que gestionen pagos mediante:
Tarjetas físicas y virtuales
Sistemas de pago móvil, como Bizum o plataformas de cobro como iZettle y SumUp.
El Gobierno ha dejado claro que esta normativa no discrimina por el volumen de operaciones, por lo que incluso los pequeños autónomos o negocios de reducido tamaño que acepten pagos digitales estarán sujetos a estas nuevas obligaciones.
¿Qué tipo de información se deberá reportar a Hacienda?
A partir de 2026, las entidades financieras deberán proporcionar información sobre las operaciones realizadas por empresas y autónomos. El sistema de información se divide en dos tipos de periodicidad: mensual y anual.
1. Información mensual:
Cada mes, los bancos y otras entidades de pago deberán enviar a la Agencia Tributaria los siguientes datos:
Importe total cobrado por cada profesional o empresa. Esto incluirá los cobros realizados mediante:
Tarjetas de crédito y débito (tanto físicas como virtuales).
Pagos móviles, como Bizum, iZettle, SumUp, entre otros.
Cuentas de destino de esos cobros. Es decir, la entidad financiera deberá informar sobre las cuentas bancarias o virtuales a las que llegan esos pagos.
Sin embargo, no se informará mensualmente sobre los saldos ni los movimientos (cargos o abonos) de las cuentas bancarias de los profesionales o empresarios. Es decir, aunque Hacienda tendrá acceso a los cobros que se realicen, no podrá conocer en tiempo real el saldo de las cuentas ni las transacciones diarias.
2. Información anual (en diciembre):
En cuanto a las cuentas bancarias, las entidades deberán informar anualmente a Hacienda sobre:
El saldo de la cuenta a 31 de diciembre.
El saldo medio del último trimestre.
El total de cargos y abonos realizados durante el año.
Este tipo de información se enviará una vez al año, al cierre del ejercicio fiscal, con el objetivo de ofrecer una visión global del comportamiento económico de los profesionales y empresas durante el año.
Fin del umbral de 3.000 euros: ¿qué implica?
Hasta la fecha, las entidades bancarias solo estaban obligadas a informar a Hacienda sobre aquellas operaciones que superaran los 3.000 euros anuales. Esto implicaba que muchos pequeños pagos o cobros menores, especialmente aquellos realizados por pequeños negocios, no estaban sujetos a la obligación de información.
Sin embargo, con la nueva normativa, se elimina este umbral de 3.000 euros. Esto quiere decir que todas las operaciones, sin importar su tamaño, serán reportadas a la Agencia Tributaria.
Este cambio tiene varias implicaciones:
Mayor control sobre pagos pequeños: Antes, muchos autónomos o pequeñas empresas que realizaban cobros inferiores a los 3.000 euros al año no tenían que informar sobre ellos. A partir de 2026, todas las transacciones, incluso las de bajo valor, estarán bajo vigilancia de Hacienda.
Mayor trazabilidad: Al eliminarse el umbral, Hacienda podrá tener una trazabilidad más completa de todas las operaciones realizadas en el país, incluso aquellas de menor volumen. Esto permitirá detectar ingresos no declarados o actividades económicas que de otra forma podrían haber pasado desapercibidas.
¿Qué significa esto para los autónomos y empresas?
El impacto de esta nueva regulación será significativo, especialmente para los autónomos y pequeñas empresas que dependen de pagos electrónicos para llevar a cabo su actividad diaria. A continuación, se detallan algunas de las principales consecuencias que pueden esperar los afectados:
1. Mayor fiscalización de los pagos digitales:
La eliminación del umbral de 3.000 euros implica que todas las operaciones realizadas a través de plataformas de pago digital estarán bajo el radar de Hacienda. Esto aumenta la fiscalización de los pagos electrónicos y permite a la Agencia Tributaria obtener una visión más completa de la actividad económica de autónomos y empresarios.
2. Necesidad de mayor transparencia fiscal:
A partir de 2026, los empresarios deberán asegurarse de que sus sistemas de pago digital estén correctamente registrados y declarados a la Agencia Tributaria. Los pagos con tarjeta o móvil deberán estar perfectamente alineados con los ingresos declarados en las declaraciones fiscales.
3. Posibilidad de detección de fraude fiscal:
Con esta medida, el fisco podrá detectar más fácilmente cualquier inconsistencia entre los ingresos reportados y los pagos electrónicos realizados. La obligación de reportar todos los cobros, incluso los más pequeños, implica que los autónomos y empresas deberán ser mucho más cuidadosos con su contabilidad y sus declaraciones fiscales.
4. Impacto en la economía sumergida:
Una de las razones detrás de esta reforma es el control de la economía sumergida. Al tener acceso directo a los datos de los pagos electrónicos, Hacienda podrá identificar más fácilmente a aquellos empresarios que no están declarando sus ingresos correctamente. Esta medida se presenta como una herramienta eficaz para combatir el fraude fiscal y la economía negra.
El futuro de los pagos electrónicos bajo la lupa de Hacienda
A partir de 2026, todos los pagos realizados mediante sistemas electrónicos como Bizum, tarjetas o plataformas similares estarán bajo el control de Hacienda. Esta reforma implica un endurecimiento del control fiscal sobre las empresas y autónomos, especialmente aquellos que operan con pagos digitales.
Con la eliminación del umbral de 3.000 euros y la obligación de reportar toda la actividad financiera, el fisco podrá seguir más de cerca las transacciones, incluso aquellas de bajo volumen.
Los autónomos y empresarios deben prepararse para este cambio y asegurarse de que sus sistemas de pago electrónico y su contabilidad estén alineados con las nuevas obligaciones fiscales. Si bien la medida tiene como objetivo mejorar la recaudación fiscal y reducir el fraude, también representa un desafío para los pequeños negocios que ahora estarán sujetos a un mayor escrutinio por parte de la Agencia Tributaria.
Para adaptarse a esta nueva realidad, los profesionales deberán estar al tanto de los plazos y las exigencias de la normativa, además de revisar sus sistemas de cobro para garantizar que cumplen con las nuevas regulaciones fiscales. La transición a este nuevo sistema de control puede ser compleja, pero también es una oportunidad para optimizar la transparencia fiscal y evitar problemas con la Agencia Tributaria en el futuro.
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