Impacto España Noticias
El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a estirar los márgenes de lo institucional para cubrir con un manto propagandístico lo que, a todas luces, huele a campaña política encubierta.
Esta vez, bajo el pomposo pretexto de “reivindicar la democracia”, Moncloa ha sacado a licitación —por la vía de urgencia— un contrato de 9.975.206 euros para una campaña de publicidad masiva.
¿Urgente? ¿Inaplazable? Para el Ejecutivo sí. La Ley de Contratos del Sector Público permite usar este procedimiento solo cuando existe una necesidad inaplazable. Y, por lo visto, el Gobierno considera que explicar qué es la democracia (o, mejor dicho, su versión de ella) no puede esperar ni un minuto más.
El Ministerio de Política Territorial, dirigido por Ángel Víctor Torres, es el encargado de orquestar esta generosa lluvia de millones a medios de comunicación. Una “casualidad” más que se suma a la larga lista de adjudicaciones millonarias destinadas a medios que, en muchos casos, se han mostrado especialmente dóciles y afines al relato gubernamental.
La pregunta es obvia:
¿Reivindicar la democracia o comprar voluntades?
No es la primera vez que se usa dinero público para revestir de épica lo que es, en realidad, una maniobra de marketing político. Lo preocupante no es solo el uso del presupuesto, sino el mensaje subyacente: el poder se encierra en su propio relato y lo impone a golpe de talonario.
En un contexto de creciente polarización, con instituciones debilitadas por pactos con partidos abiertamente hostiles al marco constitucional, hablar de "reivindicar la democracia" suena más a reacción defensiva que a ejercicio pedagógico.
Más aún cuando esa “defensa” se traduce en campañas masivas diseñadas desde la cúpula del poder y financiadas por todos los contribuyentes, incluidos los que no comulgan con ese relato.
Y mientras se reparten casi 10 millones en propaganda ideológica, no hay dinero para cubrir los tratamientos de pacientes con ELA, ni para financiar pastillas innovadoras contra el cáncer de mama, ni para costear terapias vitales en niños con leucemia. Es decir, no hay fondos para salvar vidas, pero sí para salvar la narrativa.
Pero el problema es aún más grave:
La compra sistemática de voluntades mediáticas con dinero público es una forma de corrupción. Muchos de los medios beneficiados por estas campañas dejarían de existir sin las subvenciones millonarias del Gobierno, y lo saben. A cambio de su supervivencia, venden su independencia, suavizan sus titulares y reproducen fielmente el relato oficial. No informan: desinforman. Mienten. Manipulan.
Con esta maniobra, el Ejecutivo no solo pone en duda su compromiso con la transparencia, sino que compromete aún más la independencia del ecosistema mediático. ¿Quién muerde la mano que le da de comer?
En resumen, Sánchez no “reivindica” la democracia: la secuestra, la subvenciona y la convierte en un producto de marketing institucional. Todo a costa del ciudadano. Todo por mantener el relato.
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