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La Unión Europea ha decidido intervenir directamente en la crisis migratoria de Ceuta, que cumple ya dos semanas sin que la ciudad haya recuperado la normalidad. La Comisión Europea ha enviado un equipo de especialistas en Interior y Migración para evaluar “de primera mano” la situación tras la entrada masiva de más de 80.000 personas procedentes de Marruecos a finales de julio.
El anuncio lo realizó el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, quien explicó que su equipo se encuentra en Ceuta “para realizar una evaluación sobre el terreno”.
Bruselas mantiene su apoyo a España y asegura estar preparada para reforzarlo mediante Frontex, Europol y la Agencia Europea de Asilo (EUAA). Sin embargo, el hecho de que la Comisión haya decidido enviar observadores propios refleja una cierta desconfianza hacia los informes del Gobierno español y una voluntad de obtener información independiente.
El movimiento tiene una clara dimensión política. Aunque Bruselas evita hablar de desconfianza, el envío de técnicos implica que la UE quiere verificar por sí misma la magnitud de la crisis y las medidas adoptadas. El Gobierno de Pedro Sánchez no ha solicitado un despliegue europeo específico, lo que refuerza la idea de que la Comisión busca una evaluación autónoma.
Mientras tanto, la ministra de Defensa, Margarita Robles, visitó Ceuta para reunirse con el presidente de la ciudad, Juan Vivas, y con los militares desplegados. Robles lanzó un mensaje contundente: “Ceuta y Melilla son españolas, no, españolísimas. No se las toca”. También reconoció la gravedad de lo ocurrido y pidió una mayor implicación europea ante una crisis que, dijo, “ha generado angustia y sufrimiento entre los ceutíes”.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aterrizó en Ceuta tras ausentarse de la comisión extraordinaria del Senado convocada para pedirle explicaciones. Su visita, no exenta de insultos, coincidió con los preparativos ante un posible nuevo intento de entrada masiva el 15 de agosto, que ha llevado a suspender permisos y reforzar la vigilancia fronteriza.
La evaluación europea será clave para determinar la verdadera dimensión de la crisis y el grado de control que mantiene España sobre una frontera que es también exterior de la Unión Europea.
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