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España tiene mucho que mejorar en la lucha contra la corrupción.
El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) ha publicado dos informes de seguimiento que evalúan el cumplimiento por parte de España de sus recomendaciones para prevenir la corrupción en relación con las funciones ejecutivas superiores del Gobierno central, los cuerpos de seguridad, los parlamentarios, los jueces y los fiscales.
En un informe de cumplimiento adoptado en diciembre de 2023, el GRECO concluyó que España aún no había implementado completamente ninguna de las recomendaciones emitidas en 2019 para prevenir la corrupción y promover la integridad en las funciones ejecutivas superiores del gobierno central y en los cuerpos de seguridad (Policía Nacional y Guardia Civil). De las recomendaciones pendientes, España había implementado parcialmente 13 y no había implementado aún seis.
Debido a la escasa implementación de sus recomendaciones, el GRECO sometió a España al procedimiento de incumplimiento de la quinta ronda de evaluación y solicitó a las autoridades que informaran sobre los avances para cumplirlas antes del 31 de diciembre de 2024. El informe de seguimiento correspondiente será examinado por el grupo en su próxima sesión plenaria, que tendrá lugar en junio.
El informe celebró la adopción de un marco holístico de integridad (SIAGE) para la administración central, basado en la evaluación de riesgos, código de ética, disposiciones sobre integridad y conflicto de intereses, formación, canales internos de denuncia, gestión de calidad y un proceso de evaluación.
Sin embargo, el GRECO instó a las autoridades a prestar mayor atención a la situación particular de las funciones ejecutivas superiores del Gobierno central (incluidos los asesores políticos) y a las áreas de riesgo específicas de conflicto de intereses y corrupción que enfrentan en su labor. Constató que algunos elementos de la reforma integral de integridad podrían cubrir tales riesgos, pero el grupo esperaba un enfoque más personalizado.
La organización también pidió mejoras en la divulgación financiera, la regulación del lobby, las puertas giratorias cuando los funcionarios del gobierno pasan al sector privado, y el sistema de responsabilidad penal de los miembros del gobierno (el llamado aforamiento).
El informe reconoció los esfuerzos realizados por las autoridades para avanzar en la implementación de los requisitos de acceso a la información, incluyendo la ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a Documentos Oficiales.
Animó a las autoridades a avanzar aún más en esta área mediante medidas regulatorias previstas. Además, el informe solicitó fortalecer la independencia y las competencias de la Oficina de Conflicto de Intereses y del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Por otro lado, el GRECO reconoció ciertos avances, aunque limitados, en la implementación de sus recomendaciones respecto a los cuerpos de seguridad. Aplaudió las iniciativas integrales para promover la igualdad de género.
No obstante, subrayó la necesidad de mejorar los mecanismos internos de prevención de la corrupción, particularmente mediante una mejor evaluación y gestión de riesgos, procesos de depuración y re-depuración, el desarrollo de una estrategia anticorrupción específica, el refuerzo de estándares éticos y garantizar la transparencia, objetividad e imparcialidad en los procesos de toma de decisiones.
En un informe de seguimiento que evalúa la implementación de las recomendaciones emitidas a España en 2013 para prevenir la corrupción entre parlamentarios, jueces y fiscales, el GRECO no encontró avances en el nivel de cumplimiento desde 2022, cuando se adoptó el último informe de seguimiento.
A junio de 2024, cuando se adoptó el informe publicado hoy, España había implementado plenamente siete recomendaciones y parcialmente tres. Una recomendación relativa al sistema de selección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) seguía sin ser implementada.
Las recomendaciones parcialmente implementadas se refieren a la necesidad de introducir normas sobre cómo los parlamentarios interactúan con los grupos de presión y otros terceros que buscan influir en el proceso legislativo, así como a establecer por ley criterios objetivos y requisitos de evaluación para el nombramiento de los altos cargos de la judicatura.
Otra recomendación parcialmente implementada aborda la necesidad de mayores garantías sobre la independencia reforzada, la transparencia y la autonomía del Ministerio Fiscal.
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