Pedro Sánchez ha afirmado en diversas ocasiones que está dispuesto a "colaborar con la justicia", pero los hechos cuentan una historia diferente. En lugar de facilitar el trabajo de la justicia, lo que vemos es un intento de desacreditar a aquellos jueces que investigan las acciones de miembros cercanos
Corrupción16 de abril de 2025
Impacto España Noticias
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha negado ante el juez Juan Carlos Peinado cualquier intervención en la contratación de Cristina Álvarez, quien trabaja como asesora de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.
Durante su declaración en el complejo de La Moncloa, Bolaños explicó que no sabe quién fue la persona que dio la orden para dicho nombramiento, pero defendió la legalidad de la contratación, destacando que, en su opinión, es «normal» que la esposa de un presidente cuente con alguien que le ayude en sus tareas, tal y como ha sucedido históricamente.
La investigación judicial, iniciada hace un año, se amplió a varios delitos, incluyendo un posible caso de malversación de fondos públicos relacionado con la contratación de Álvarez. El juez Peinado está investigando si Begoña Gómez utilizó su influencia para beneficiarse en sus proyectos privados, lo que ha llevado a que se abriera una pieza separada del caso. La asesora, al ser interrogada como testigo, admitió haber solicitado dinero para la cátedra de su jefa, aunque lo calificó como un «favor personal».
Durante la declaración, Bolaños también explicó que, tras el cambio de gobierno en 2018, un centenar de cargos eventuales contratados por el PP abandonaron Moncloa y se ficharon nuevos empleados. Sin embargo, el puesto de asesora para la esposa del presidente no está regulado por ningún reglamento específico.
Tras el testimonio de Bolaños, el juez suspendió temporalmente la declaración, buscando saber quién tomó la decisión final sobre el nombramiento de Álvarez. Aunque Bolaños sugirió que esa información podría estar en manos de Raúl Díaz, coordinador de personal en Moncloa, el magistrado no pudo obtener una respuesta definitiva.
La citación de Bolaños a declarar surgió a raíz de la declaración de Alfredo González Gómez, exvicesecretario de Presidencia, quien reconoció haber elevado la propuesta de contratación de Álvarez, pero aclaró que no la conocía personalmente. La investigación sigue abierta, con múltiples implicaciones sobre el uso de recursos públicos y las gestiones privadas vinculadas a la cátedra de Begoña Gómez.
¿Democracia o ataque a la justicia?
En medio de este proceso, surge una contradicción alarmante. Los ministros de Pedro Sánchez, incluido Bolaños, y el propio presidente han repetido en varias ocasiones su compromiso con la democracia y la transparencia. Sin embargo, lo que parece estar ocurriendo es una defensa cerrada del poder frente a las investigaciones judiciales que afectan a miembros del PSOE.
A pesar de las constantes referencias a la "democracia", el Ejecutivo ha atacado al juez Peinado por investigar a presuntos miembros corruptos del partido, lo que refleja una peligrosa doble moral.
Pedro Sánchez ha afirmado en diversas ocasiones que está dispuesto a "colaborar con la justicia", pero los hechos cuentan una historia diferente. En lugar de facilitar el trabajo de la justicia, lo que vemos es un intento de desacreditar a aquellos jueces que investigan las acciones de miembros cercanos al Gobierno.
En lugar de permitir que la justicia siga su curso, Sánchez ha recurrido a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado, instituciones que están al servicio del Estado y que, como bien sabemos, financiamos todos los ciudadanos, para atacar a los jueces que lo investigan.
Este uso de recursos públicos para defender intereses políticos particulares es una práctica que va en contra de los principios fundamentales de imparcialidad y justicia.
Si verdaderamente el Gobierno defiende la democracia, debe ser el primero en garantizar que las instituciones, incluidas la justicia, puedan operar sin interferencias o presiones políticas.
Utilizar la Fiscalía y la Abogacía del Estado para intentar frenar las investigaciones judiciales no solo es una muestra de un doble rasero, sino también un serio atentado contra la independencia judicial y, por ende, contra la propia democracia que dicen proteger.
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