Impacto España Noticias
El exconsejero delegado de Plus Ultra, Roberto Roselli, ha ratificado ante el juez de la Audiencia Nacional que la aerolínea pagó unos 530.000 euros a empresas vinculadas al empresario Julio Martínez Martínez por supuestas gestiones del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero relacionadas con el rescate de la compañía.
Roselli ha comparecido este martes como investigado ante el juez José Luis Calama y ha respaldado el contenido del escrito que presentó ante el juzgado durante el pasado mes de julio.
El antiguo directivo ha sostenido que el importe equivalía al 1% de los 53 millones de euros concedidos a Plus Ultra por el Gobierno durante la pandemia. No obstante, ha reconocido que desconoce qué actuaciones concretas habría realizado Zapatero y que nunca habló directamente con el expresidente socialista.
Según la versión ofrecida por los antiguos responsables de la aerolínea, el pago de los 530.000 euros se realizó de manera fraccionada entre los años 2020 y 2025.
El dinero se habría canalizado mediante diferentes sociedades relacionadas con Julio Martínez Martínez, considerado una persona del entorno de Zapatero.
Hazte Oír acusa a Sánchez de preparar una desclasificación a medida para culpar al CNI y al EjércitoRoselli ha explicado que Plus Ultra asumió aquellos pagos en un momento en el que atravesaba una situación económica límite y necesitaba obtener liquidez para garantizar su continuidad.
El exdirectivo ha señalado que dentro de la aerolínea consideraban que el abono era necesario para que las supuestas gestiones relacionadas con el rescate salieran adelante.
Durante su declaración, Roberto Roselli ha afirmado que los pagos se justificaron mediante facturas vinculadas a informes que tenían poca relevancia para la actividad de la aerolínea.
Según su testimonio, este procedimiento habría servido para ocultar el verdadero destino del dinero entregado a las empresas relacionadas con Martínez Martínez.
El exCEO ha asegurado que los responsables de Plus Ultra daban por hecho que los fondos acabarían en manos de Zapatero, aunque no ha aportado detalles sobre el recorrido posterior del dinero.
Tampoco ha podido concretar qué gestiones habría realizado el expresidente, con quién habría hablado o cómo habría influido en la concesión de la ayuda pública.
Zapatero ha negado su participación en la tramitación del rescate y sostiene que los pagos que recibió respondían a su actividad como consultor para la empresa Análisis Relevante.
Roselli también ha explicado que Julio Martínez Martínez comunicó a uno de los principales accionistas de Plus Ultra que el Gobierno aprobaría el préstamo unos días antes de que se confirmara oficialmente la operación.
El antiguo responsable de la aerolínea ha señalado que esta información les llevó a considerar que el entorno de Zapatero tenía conocimiento anticipado sobre el resultado del procedimiento.
La ayuda fue concedida en 2021 a través del fondo gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para respaldar a empresas consideradas estratégicas y afectadas por la pandemia.
La declaración de Roselli coincide en sus aspectos principales con la ofrecida el lunes por el expresidente y principal accionista de Plus Ultra, Julio Martínez Sola.
Martínez Sola también ratificó ante el juez que la aerolínea acordó pagar una comisión del 1% del rescate al empresario Julio Martínez Martínez.
El expresidente de la compañía aseguró que aceptaron aquella operación ante el temor de que la ayuda pública no fuera finalmente concedida.
Al igual que Roselli, Martínez Sola reconoció que no conocía las actuaciones concretas que supuestamente habría realizado Zapatero.
El juez investiga las circunstancias que rodearon la concesión del rescate de 53 millones de euros y el posible destino de parte de los fondos abonados posteriormente por la compañía.
La causa analiza la posible existencia de delitos relacionados con el tráfico de influencias y el blanqueo de capitales.
Los investigadores deberán determinar ahora si los pagos respondieron a servicios reales o si fueron utilizados para retribuir supuestas gestiones destinadas a facilitar la concesión del préstamo público.
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