El caso ERE es uno de los mayores escándalos de corrupción en Europa, y las acciones del Tribunal Constitucional español, que favorecen a los socialistas, han erosionado la confianza en el sistema judicial español
Entrevistas19 de abril de 2025
Impacto España Noticias
Javier Borrego es Exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, fiscal general y miembro del Tribunal Supremo español, Borrego es una voz influyente en la evaluación de las amenazas a la independencia judicial en Europa.
El periodista Javier Villamor le entrevista para European Conservative. Por su interés reproducimos dicha entrevista
Con su experiencia en el Tribunal Supremo español y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿cómo valora la salud del Estado de Derecho en Europa?
En términos generales, la justicia europea funciona correctamente dentro de sus diferentes sistemas judiciales, tanto continentales como británicos. La existencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para garantizar la primacía del Derecho de la UE y del Tribunal de Estrasburgo para proteger los derechos humanos así lo demuestra. Sin embargo, las presiones políticas y mediáticas están afectando la independencia judicial.
¿Se están politizando los tribunales europeos?
El sistema judicial europeo no está aislado del contexto político global. Un problema preocupante es la «espiral de silencio» descrita por Elisabeth Noelle-Neumann: ciertos grupos logran imponer sus opiniones mediante la presión mediática, lo que lleva a que cuestiones delicadas como la gestación subrogada o la adopción por parejas del mismo sexo se decidan basándose en la visibilidad mediática y no necesariamente en criterios estrictamente legales.
Un ejemplo ilustrativo es el caso alemán de un hombre casado que cambió legalmente de sexo y quiso registrarse como madre tras el nacimiento de su hijo. Tras pasar por varias instancias judiciales y llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se dictó una sentencia compleja que no resolvió el problema de fondo, dejando la puerta abierta a futuras controversias.
Otro ejemplo preocupante es la reciente sentencia contra Marine Le Pen en Francia, donde una reforma legislativa permitió la inhabilitación política inmediata a pesar de la suspensión de otras sanciones. Estos ejemplos ilustran claramente cómo la presión mediática y política puede influir en decisiones judiciales cruciales.
Hablando de la sentencia de Marine Le Pen y la presión mediática: ¿ocurre lo mismo también en España con casos como las leyes radicales de violencia de género?
Sí, efectivamente. La ley del «solo sí es sí» en España ha generado situaciones en las que la presión mediática y política ha interferido significativamente con la independencia judicial. Por ejemplo, en el caso del futbolista Dani Alves, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña corrigió recientemente una condena inicial, influenciada por la presión pública y mediática, por falta de pruebas. Los jueces del alto tribunal resistieron la presión mediática, pero el caso refleja la peligrosa tendencia a la ideologización de la justicia.
Recientemente se han impulsado a nivel europeo leyes similares a las españolas contra la violencia de género. ¿Qué consecuencias podría tener esto para la justicia en Europa?
Esta medida podría erosionar gravemente principios fundamentales como la presunción de inocencia, trasladando los errores cometidos en España al ámbito europeo. La propuesta impulsada por ciertos grupos políticos del Parlamento Europeo equipara situaciones muy diferentes bajo el mismo paraguas jurídico, generando inseguridad jurídica y reduciendo la calidad del Estado de derecho.
Otro tema clave es la actuación del Tribunal Constitucional español en el caso ERE [un escándalo de corrupción relacionado con el uso indebido de fondos públicos destinados a planes de jubilación anticipada por parte de funcionarios socialistas regionales para su enriquecimiento personal]. ¿Cómo evalúa este caso y qué implicaciones podría tener?
El caso ERE es uno de los mayores escándalos de corrupción en Europa, y las acciones del Tribunal Constitucional español, que favorecen a los socialistas, han erosionado la confianza en el sistema judicial español. Hay sectores judiciales en Europa preocupados por la independencia del Tribunal Constitucional español, especialmente tras decisiones altamente cuestionables desde un punto de vista jurídico, como las promovidas por su presidente, Cándido Conde-Pumpido [a favor de políticos socialistas corruptos]. Esto refleja una preocupante politización de la justicia en España, con implicaciones aún más graves que las observadas en los casos de Hungría o Polonia, países a los que Bruselas ha perseguido incansablemente alegando problemas de independencia judicial.
¿Y cómo podría reaccionar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ante la ley de amnistía que pretende retirar las acciones legales contra los separatistas catalanes y que se está proponiendo en España?
La ley de amnistía propuesta por motivos puramente políticos constituye una clara violación de los principios fundamentales del Estado de derecho europeo. Es posible que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condene a España por vulnerar derechos fundamentales, sobre todo teniendo en cuenta que el gobierno socialista español utiliza la amnistía para obtener apoyo político específico, lo cual es inaceptable desde el punto de vista jurídico europeo.
¿Cómo ve el equilibrio entre la soberanía nacional y las competencias europeas en materia judicial?
Europa no puede ni debe sustituir a la justicia nacional, pero puede actuar como garante definitivo cuando esta falla. Sin embargo, la tendencia hacia un supraestado europeo que erosiona la soberanía jurídica nacional es preocupante. El caso del líder separatista catalán Carles Puigdemont [quien reside en Bruselas como hombre libre desde que huyó de España en 2017 tras la emisión de una orden de arresto contra él] muestra claramente cómo las instituciones europeas pueden ser instrumentalizadas políticamente. Debemos fortalecer nuestras instituciones nacionales y utilizar Europa como recurso, pero siempre debemos defender nuestra soberanía e independencia. Es fundamental evitar situaciones como las vividas en España, donde las instituciones judiciales son manipuladas políticamente.
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